En un viejo chiste de El Roto, un hombre con un cigarrillo en la boca decía: “Compre tabaco, es bueno para Hacienda” y añadía después: “pero no lo fume, es malo para Sanidad”. Con las ayudas de Estado en la Unión Europea parece repetirse la escena, ya que algunos países le dicen a la Comisión: “Flexibilice las ayudas de Estado, son buenas para la política industrial”, pero añaden: “pero no las autorice, son malas para el Mercado Único”.
Algunos dirán que esa esquizofrenia es típica de la UE, empeñada en transformarse de arriba a abajo sin modificar ni una coma de sus tratados, en renovar su industria sin gastarse apenas dinero público o en hacerse autosuficiente en energía cerrando sus nucleares, pero este problema va mucho más allá. La esencia de la lentitud de los fondos Next Generation EU dista de estar exclusivamente vinculada a la gestión de las ayudas de Estado “buenas” (en relación, por ejemplo, con los PERTE), sino que también tiene mucho que ver con la hiperregulación europea (a la que se acompaña muchas veces su equivalente a nivel nacional). Y es que la herencia francesa pesa mucho. Existen muchos motivos para criticar al Reino Unido, pero si había un ámbito en el que funcionaban bastante bien (y aplicando las mismas Directivas que los demás países) era en el de los permisos administrativos, muy basados en la autocertificación (es decir, en la declaración responsable) y en fuertes castigos a posteriori para los incumplidores.
La Comisión es perfectamente consciente de que su marco regulatorio es tan prolijo y complejo que supone una auténtica losa para la competitividad de las empresas. La Inflation Reduction Act de Estados Unidos ha terminado de poner a la UE frente al espejo: las ayudas estadounidenses son increíblemente más ágiles y competitivas que las europeas.
De hecho, el Plan Industrial del Green Deal de la Comisión ya habla abiertamente la necesidad de un “control de competitividad” adicional en todas las nuevas regulaciones “para garantizar que se aborden todos los impactos potenciales sobre la competitividad y se eviten cargas innecesarias”, con “un entorno regulatorio simple, predecible y claro es clave para promover la inversión”. También contempla crear entornos de prueba (sandbox) regulatorios para nuevas tecnologías.
Es una pena, sin embargo, que la UE no aproveche la situación para replantearse toda su carga regulatoria, heredera de decenios y decenios de acumulación de normas. Igual que un libro de texto sólo es susceptible de un cierto número de actualizaciones –a partir del cual es mucho mejor reescribirlo que parchearlo–, la legislación debería ser también reescrita después de pasado un tiempo, para simplificarla, aclararla y hacerla acorde con los tiempos. La calidad de la regulación jamás ha sido función creciente del número de páginas. Quizás España debería incluir como una de sus prioridades de la presidencia la simplificación regulatoria de la UE para hacerla más competitiva. Nos beneficiaría, nos obligaría asimismo a simplificar la nuestra y seguro que contaba con la complicidad de países como Holanda.
En cuanto a las ayudas de Estado “malas”, las destinadas a salvar empresas, el problema aquí no es tanto regulatorio como de origen. El salvamento de empresas en caso de crisis imprevistas, como la del Covid o la de la guerra de Ucrania, no debería estar ligado en ningún caso a fondos nacionales, por un motivo obvio: si creemos en el mercado único, las empresas que deben salvarse son las más competitivas, no las que tienen su sede en países ricos. Por eso los fondos deberían provenir de las arcas europeas, no de las nacionales.
Ahora se nos olvida, pero en mayo de 2020, cuando se inició la crisis del Covid, la propuesta inicial de la Comisión de los fondos Next Generation EU incluían un interesante Instrumento de Apoyo a la Solvencia “para apoyar a empresas europeas viables en los sectores, regiones y países más afectados”, con “un presupuesto de 31.000 millones de euros, con el objetivo de desbloquear 300.000 millones de euros”. El Consejo que acordó la aprobación del Next Generation EU exigió, sin embargo, eliminar el Fondo de Solvencia. ¿Por qué? La respuesta es clara: si algunos países iban a poner su dinero o su respaldo a la emisión de deuda conjunta para rescatar a otros países, se reservaban el derecho de rescatar a su vez a las empresas nacionales que les diese la gana. Es decir, los “frugales” aceptaron emitir deuda europea a cambio de que nadie le dijese a qué empresas se ayudaba. Tan comprensible como injustificable. Desde ese día, el Marco Temporal de Ayudas –surgido dos meses antes– quedó anclado en la permanencia. Después de las restricciones francesas y alemanas a las exportaciones intracomunitarias de productos sanitarios, ese fue uno de los días más tristes para el mercado único.
En un mundo cada vez menos cooperativo, donde sólo los grandes bloques unidos sobrevivirán, la política industrial no es una opción, sino una necesidad, y ello implica gastar de forma eficiente, es decir, para transformar verdaderamente las economías. No es fácil y, por supuesto, cualquier gestión presupuestaria exige control, pero la obsesión europea por el control de legalidad en detrimento del control de eficiencia está mucho más vinculada a los fondos UE de la generación anterior que a unos supuestos fondos UE de “Próxima Generación”, donde el carácter transformador del gasto debería ser el factor esencial de evaluación. Países como Estados Unidos o el Reino Unido tampoco admiten el uso ilegal de sus fondos, pero prefieren ofrecer incentivos flexibles y grandes castigos a los incumplidores que incentivos demasiado rígidos y castigos ligeros.
Si la UE quiere hacer auténtica política industrial y además salvar a sus empresas sin destrozar el mercado único, lo que debe tener es un marco de ayudas europeas, no de ayudas de Estado. Y, al mismo, tiempo, debe simplificar enormemente su marco regulatorio, porque se juega que las empresas, hartas de la burocracia europea, se muden a Estados Unidos. Si queremos una economía europea adaptada al siglo XXI, no nos valen los instrumentos y las normas del siglo XX.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
Me ha encantado el artículo, claro, profundo y explicado de manera muy didáctica. Es un mensaje para agilizar la burocracia fundamental. Tener una mejor legislación no cuesta dinero y está infravalorado pero tiene un impacto bestial en la competitividad.
No todo es culpa de la “herencia legislativa” francesa. Aquí en Espana cada “cantón” o alcalde de turno quiere poner una capa más de legislación, para darse importancia, y quizás para pedir dinero a las empresas luego