El pasado 11 de diciembre la Comisión Europea publicó una comunicación sobre el Pacto Verde Europeo (el EU Green Deal). Aunque la mayor parte de las medidas se concretarán en marzo de 2020, ya se han establecido unas cuantas líneas maestras que merece la pena resumir y valorar.
El objetivo de la agenda climática de la Comisión es lograr una Europa “climáticamente neutral” en 2050, con una emisión neta nula de gases de efecto invernadero (GEI). Esto requerirá una actualización de los objetivos para 2030, con un recorte de emisiones de entre el 50 y el 55% (frente al 40% actual). El marco jurídico para lograrlo se plasmará en dos fases: una ley climática que se presentará en marzo de 2020 y, un año más tarde, un paquete de actualización de las regulaciones comunitarias actuales para alinearlas con los nuevos objetivos, como las directivas de Energía Renovable, de Eficiencia Energética y de Comercio de Emisiones, o el Reglamento de Intercambio de Esfuerzos, así como la directiva sobre Usos de la Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y Selvicultura (LULUCF).
En el ámbito de producción y uso de energía, que representa más del 75% de las emisiones de GEI, se potenciará la eficiencia energética, la electricidad a partir de renovables (incluyendo una iniciativa para aprovechar la energía eólica marina), una mayor integración, interconexión y digitalización del mercado energético europeo y una “integración inteligente” de los sectores de electricidad, gas y calefacción en un solo sistema.
En el ámbito de la industria, que genera el 20% de las emisiones de la UE, se presentará un plan de acción de economía circular, como parte de una estrategia industrial más amplia para reducir el uso de materiales y garantizar la reutilización y reciclaje de productos. Esto afectará especialmente a industrias intensivas en carbono, como el cemento, los textiles y el acero (sector para el cual la Comisión hará una propuesta para la fabricación limpia basada en hidrógeno aplicable a partir de 2030, último ciclo de inversión de cara a 2050). También se buscará la sostenibilidad en sectores como la electrónica y la fabricación de plásticos.
Otro eje importante es la renovación de edificios, privados y públicos, que representan el 40% de la energía consumida, para garantizar su eficiencia energética. El objetivo es duplicar o incluso triplicar la tasa actual de renovación (un escaso 1%).
En el sector de transporte, que supone el 25% de las emisiones (más de dos tercios de ellas por carretera), lograr una “movilidad sostenible” con una reducción del 90% de las emisiones en 2050 requerirá varios esfuerzos: una reforma del Cielo Único Europeo para optimizar el tráfico aéreo; la internalización de los efectos externos en los precios mediante la reducción de subvenciones en combustibles fósiles y reformas en el comercio de derechos de emisión (incluyendo, por ejemplo, el sector marítimo o reduciendo las asignaciones gratuitas para aerolíneas); cambios en la tarificación de carreteras y autopistas y digitalización de la gestión del tráfico; potenciar el uso del automóvil eléctrico para llegar a 13 millones en 2025, servidos por un millón de puntos de recarga; potenciar el uso de combustibles alternativos más sostenibles (como los biocombustibles o el hidrógeno) en sectores donde aún no es posible la electrificación (aviación, transporte marítimo y transporte pesado por carretera) y reducir la contaminación.
También se presentará en marzo una nueva estrategia de biodiversidad, de cara a la cumbre de la ONU en China en octubre. La idea aquí es combatir la pérdida de biodiversidad y una nueva estrategia de reforestación. También se presentarán nuevas reglas de etiquetado para promover productos agrícolas libres de deforestación.
En el terreno agroalimentario, el eje denominado “de la granja a la mesa tendrá como objetivo un sistema de agricultura más ecológico para reducir el uso de pesticidas químicos, fertilizantes y antibióticos, y técnicas de pesca más sostenibles. Asimismo, la Comisión analizará los planes estratégicos nacionales que los Estados miembros deberán presentar dentro del marco de la Política Agrícola Común (PAC) para ver si están alineados con los objetivos del Pacto Verde.
Por otro lado, se perseguirá un medio ambiente libre de contaminación para 2050 para aire, suelo y agua, con estrategias específicas para la industria y en particular para los productos químicos.
Un aspecto clave será la gestión de los costes de transición y su financiación. Para ellos la Comisión propone un Mecanismo de Transición Justa de 100.000 millones de euros para ayudar a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles. Dicho mecanismo consta de varios elementos: un Fondo de Transición Justa que movilizará recursos del presupuesto de política regional de la UE y de los Estados miembros (con tasas de cofinanciación del 50% o 75%); el programa InvestEU (con dinero proveniente del Banco Europeo de Inversiones); asistencia técnica; una revisión de las normas de competencia sobre ayudas estatales para que los gobiernos nacionales puedan apoyar directamente las inversiones en energía limpia (aunque sólo previa inclusión de dichas ayudas en planes regionales de transición presentados por los Estados miembros y sujetos a examen por la Comisión).
En el ámbito de la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), dentro del programa de investigación e innovación Horizon Europe –con un presupuesto de 100.000 millones de euros para el período 2021-2027–, el 35% de la financiación se destinará a tecnologías respetuosas con el clima, y los proyectos de investigación más ambiciosos (los denominados moonshots, o intentos de “apuntar a la Luna”) se centrarán en objetivos medioambientales.
Un ámbito particularmente importante es el de las relaciones exteriores. El ingente esfuerzo de adaptación requerido a los sectores europeos, que sin duda repercutirá en los costes y en los precios de los productos, no puede echarse a perder recurriendo a un incremento de las importaciones de productos de países que produzcan de forma menos sostenible, porque entonces las menores emisiones de gases de efecto invernadero de la UE podrían ser compensadas por mayores emisiones de países exportadores con sistemas productivos menos sostenibles. El denominado arancel al carbono (Carbon Border Tax), que ya analizamos en otro artículo, será uno de los elementos clave.
En conclusión, el Pacto Verde Europeo parece ambicioso, y presenta varias ventajas y algunos riesgos.
En primer lugar, responde de forma efectiva a la necesidad de luchar contra el cambio climático, lo cual es un objetivo no sólo deseable, sino también urgente. Pero un objetivo que supondrá un fuerte ajuste e indudables costes que deberán afrontarse con inteligencia.
En segundo lugar, al suponer un objetivo ambicioso de ámbito europeo resulta una excelente oportunidad para promover la identificación de los ciudadanos (especialmente los más jóvenes) con el proyecto europeo. Ahora bien, para ello, y en un contexto político relativamente inestable, es muy importante que los gobiernos nacionales se sumen lealmente a la iniciativa, y no recurran al tradicional recurso de culpar a la UE de los esfuerzos requeridos a los ciudadanos. Asimismo, la generosidad de los Estados miembros más ricos resulta imprescindible a la hora de compensar a algunos países que saldrán perdiendo.
En tercer lugar, la existencia de efectos externos en la generación de gases de efecto invernadero hace inevitable un control de la deslocalización de la producción (la “fuga de carbono”) para evitar la sustitución de cara producción nacional sostenible por barata importación insostenible mediante un arancel al carbono. Pero resulta fácil utilizar esta excusa para proteger sectores vulnerables o que otros países la aprovechen para iniciar una peligrosa guerra comercial.
Tan sólo desde la coherencia y la resistencia a grupos de presión, pero al mismo tiempo desde la plena consciencia de que la descarbonización de la economía va a suponer un sacrificio para los ciudadanos, junto con la necesidad de un reparto adecuado de las cargas, se podrá lograr que el Pacto Verde Europeo sea un éxito social. Una condición necesaria –hoy más que nunca– para que resulte también un éxito político, económico y medioambiental.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
