El pasado 5 de junio ocurría un hecho insólito en la historia del cacao: sus dos mayores productores, Ghana y Costa de Marfil se ponían de acuerdo para fijar un precio mínimo de venta para la campaña de 2020-2021. Y una semana más tarde, ocurría otro hecho que sorprendía a los responsables de esa acción: los comerciantes, los fabricantes y los transformadores de cacao aceptaban el precio propuesto de 2.600 dólares la tonelada, aunque pedían una reunión técnica el 3 de julio para discutir los detalles de su puesta en marcha.
En realidad, el mercado del cacao es uno de los más pequeños dentro de los mercados de productos básicos, pero tiene múltiples implicaciones globales para importadores y exportadores de cacao, productores agroalimentarios y la industria de la distribución. Cada contrato es de 10 toneladas y su precio a futuros se establece en las dos bolsas centralizadas de Nueva York y Londres.
Los principales actores en el mundo del cacao se pueden dividir en cuatro categorías: los países productores, las empresas transformadoras, las empresas chocolateras y los países importadores de cacao. Tanto los países productores como los importadores son miembros de la Organización Internacional del Cacao, con sede en Abidjan desde 2014.
Por el lado de la oferta, Costa de Marfil es con mucho el principal productor, con un 44% del total, siendo la importancia del segundo, Ghana, del 19%. El resto de productores relevantes son Ecuador (6% del total), Camerún (5%) y Nigeria (5%). La producción actual se sitúa en unos 4,8 millones de toneladas anuales, que se espera crezcan en los próximos años, hasta unos 5,3 millones de toneladas en 2024.
Por el lado de la demanda, durante los últimos años el mercado del chocolate, primer producto a partir del cacao, se sitúa en el entorno de 7,15 millones de toneladas, con un valor de cerca de los 100.000 millones de dólares de productos de chocolate. También la demanda está muy concentrada geográficamente, con el 73% del total en EEUU y Canadá, Europa occidental y oriental.
Al mismo tiempo, se ha ido produciendo una ola de fusiones y adquisiciones en el sector de transformación del cacao, de forma que en la actualidad tres empresas, Cargill, Olam y Barry Callebaut controlan el 44% de la capacidad mundial de elaboración y el resto se reparte entre actores menores con menos del 5% de la capacidad mundial. Desde la perspectiva de las empresas chocolateras, Mars, Mondélez, Nestle, Ferrero y Hershey Foods se reparten la gran mayoría del mercado.
Dentro del sector del cacao hay múltiples utilizaciones: productos acabados como las barritas y las tabletas, y productos semi-acabados como licor, manteca y polvo de cacao que a su vez se usan en la industria alimentaria como ingredientes para productos de confitería de chocolate, de panadería y productos lácteos con sabor a chocolate. De manera creciente el cacao se utiliza también en el sector de la cosmética.
Como suele pasar en casi todos los productos básicos, el valor añadido de un producto final como una tableta de chocolate no se genera en los países productores, que sólo se quedan con aproximadamente el 8% de ese valor.
Es en este contexto en el que se explica la propuesta de control de precios por parte de los dos principales productores. En principio, las autoridades marfileñas y ghanesas han justificado este movimiento para poder remunerar mejor a los agricultores. En el caso de Costa Marfil, se paga en la actualidad un precio mínimo por kilogramo de cacao, de 750 FCFA (equivalente a 1,14 euros), que con el nuevo acuerdo pasaría a ser del 70% de 2.600 dólares la tonelada, es decir 1,60 euros por kilogramo.
En el país hay actualmente en torno a un millón de agricultores que trabajan en el sector del cacao, pero se calcula que cerca de un tercio de la economía marfileña vive de este producto, que aporta casi la mitad de los ingresos por exportaciones. Sin embargo, las condiciones de vida de esos agricultores son en muchas ocasiones muy precarias. Y aquí es donde entran otros dos factores que “amargan” la producción de cacao: el trabajo infantil y su contribución a la deforestación.
En el caso de Costa de Marfil, según Human Rights Watch la superficie forestal ha pasado de representar el 50% del territorio en 1990 a menos del 12% en la actualidad, lo que se debe en gran medida a la industria del cacao. Por ello, gran parte de los países productores quieren incentivar una mayor protección de los bosques, a lo que el gobierno se ha comprometido con una nueva política al efecto. Así, con la nueva ley de junio de 2018 se prevé multar toda actividad agrícola en zonas protegidas. No obstante, los pequeños agricultores marfileños se quejan de que esta política les dejará sin lugar donde vivir y sin recursos alternativos.
De igual manera, se alzan múltiples voces en contra del trabajo infantil que se sigue utilizando en el país en la producción de cacao. Entre los países consumidores están en discusión medidas como la necesaria certificación de producción sin trabajo infantil para poder exportar cacao, que generan gran inquietud en los productores al constituir en la práctica una barrera a su principal fuente de ingresos.
Con el nuevo acuerdo de precio mínimo, Costa de Marfil y Ghana pretenden tener ingresos adicionales para acometer esas inversiones necesarias en infraestructuras en el medio rural, en establecimientos educativos, y en el desarrollo de la industria local de transformación del cacao. Será necesario, en todo caso, acompañarlas de mejoras en el entorno de negocios e incentivos para atraer la inversión extranjera directa que, como defendíamos aquí, pueda generar valor añadido, conocimiento y empleo de calidad en estas economías.