Tras la aprobación en junio del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español y la recepción en agosto de un anticipo de 9.000 millones de euros, en los próximos meses veremos una fuerte aceleración de convocatorias de proyectos financiados con fondos del Next Generation EU. Esto hace que la necesidad de una adecuada información y gobernanza de los fondos europeos pase a un primer plano.
Por lo menos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español ya tiene disponible una página web, http://planderecuperación.gob.es, a la que puede acceder todo aquel que quiera conocer detalles sobre la marcha del Plan. Probablemente hubiera sido más elegante usar el dominio .es, en vez de el de .gob.es, para recordar que se trata de un plan de Estado, y no de gobierno, pero al menos la página es clara, las convocatorias son muy visibles y la información para PYMEs está muy destacada. Sin embargo, en muchos aspectos como los relativos a la gobernanza no se proporciona demasiada información, apenas un breve resumen del Real Decreto-Ley 36/2020.
Una de las preguntas más importantes ahora es cómo se van a asignar los fondos, entre otros ámbitos a nivel territorial. La web incluye entre sus preguntas destacadas “¿Cómo se están distribuyendo los fondos entre las comunidades y ciudades autónomas”, pero la respuesta es bastante vaga, con referencias al “intenso proceso de diálogo” en el marco de la Conferencia Sectorial y una mención a los “criterios de reparto” que están “en función de cada una de las políticas”. Se refiere, fundamentalmente, a reparto de fondos para la gestión de determinadas medidas en las que la participación de comunidades autónomas y entidades locales –estas últimas representadas en la Conferencia Sectorial a través de la Federación Española de Municipios y Provincias– es natural por motivos competenciales y de gestión, como por ejemplo los fondos para rehabilitación de edificios para promover la eficiencia energética.
Ahora bien, la asignación territorial de fondos –que no debe seguir criterios políticos, sino técnicos y competenciales, relacionando necesidades y objetivos– tiene otro ámbito crucial del que se habla menos, y es el de los PERTE (acrónimo de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica), los proyectos estratégicos con un importante potencial de arrastre para la economía española, de los que ya hablábamos en otro artículo.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de julio el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, que prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de 19.700 millones de euros. Entre la documentación facilitada en la web se incluyen una nota de prensa, una presentación, un resumen ejecutivo y una memoria descriptiva. El proyecto aún no se ha inscrito en el Registro Estatal de entidades interesadas en los PERTE, más que nada porque este registro aún no se ha creado (pese a que el Real Decreto-Ley 36/2020 disponía que estuviera operativo desde marzo).
Es importante recordar que, en marzo de 2021, mucho antes de la aprobación formal de este PERTE por Consejo de Ministros, un artículo de prensa firmado por el presidente del Gobierno hablaba ya directamente de “un gran consorcio público-privado del Gobierno con el Grupo Volkswagen e Iberdrola” que iba a permitir “montar la primera planta de baterías para coches eléctricos en España y una de las primeras de Europa”. Aunque el artículo no mencionaba la ubicación, otros artículos en prensa aparecidos en ese momento y ahora en julio hablaban específicamente de Martorell y Navarra y daban detalles sobre otros socios del proyecto, como Caixabank o Telefónica.
Lo curioso, sin embargo, es que el proyecto no está todavía formalmente adjudicado. De hecho, Martorell no es el único lugar donde se puede emplazar una fábrica de baterías, sino que existen al menos seis propuestas alternativas para su ubicación, como Galicia (Vigo), Extremadura (Badajoz), País Vasco (Álava), Aragón (Zaragoza) y la Comunidad Valenciana (Almusafes). La decisión, en principio, se tomará en el seno del consorcio público-privado denominado “Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado” donde estarán representados los ministerios implicados y la Mesa de Automoción –que incluye a las asociaciones del sector, los sindicatos y las comunidades autónomas. Todo parece muy lógico. Ya sólo queda que cualquier decisión que se tome en este sentido sea impoluta y esté acompañada de una adecuada justificación técnica.
Y esa justificación técnica no sólo debe explicar la elección, sino también el rechazo de las alternativas. Porque, más allá de cualquier asignación presupuestaria ordinaria, la adjudicación de PERTE que implican el asentamiento de fábricas o centros tecnológicos en ubicaciones específicas tiene una importancia clave en términos de cohesión territorial. Instalar una fábrica de baterías eléctricas, por ejemplo, tiene implicaciones de competitividad y empleo a largo plazo, y por eso la decisión debe estar limpia de cualquier sospecha de favoritismo en favor de una comunidad autónoma en particular. Por dos motivos: en general, porque es como se debería hacer en cualquier adjudicación de fondos públicos; y, en particular, porque en España los partidos nacionalistas son clave para la gobernabilidad, de modo que una adjudicación que favorezca a una comunidad autónoma esencial para la sostenibilidad del gobierno siempre va a estar sujeta a suspicacias. Y ello con independencia de que Cataluña o el País Vasco no sólo son regiones con un fuerte peso industrial, sino muy competitivas, y por tanto potentes candidatas a servir de motor de proyectos estratégicos.
Pronto se adjudicará el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. A él seguirán otros como el Aeroespacial, el de la Cadena Agroalimentaria o el de la Medicina Personalizada (actualmente en estudio). De cara a Europa, y de cara a los ciudadanos, si queremos que los PERTE sean auténticos proyectos de arrastre que queden al margen de cualquier politización, deben estar acompañados de especial información y transparencia a la hora de la adjudicación. Ello exige un esfuerzo adicional para explicar no sólo por qué un proyecto se adjudica a un consorcio determinado, sino por qué se excluyen otras alternativas aparentemente atractivas, detrás de las cuales hay mucho trabajo, esfuerzo e ilusión. De que las decisiones sobre proyectos estratégicos sean aceptadas como lógicas y razonables dependerá en gran medida que el Plan de Recuperación español pueda percibirse de forma natural por la ciudadanía como un auténtico plan de Estado a largo plazo, y no como una herramienta política coyuntural.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
