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El problema no es la Ley D’Hondt, son las circunscripciones (II): Cataluña y España

El problema de la falta de proporcionalidad del sistema electoral en España está sobre todo relacionado con el diseño de las circunscripciones electorales provinciales y no con la ley D’Hondt, que es un método de distribución de escaños proporcional. También afecta la exigencia de un mínimo del 3 por ciento del voto para participar en el reparto de escaños en cada circunscripción, que, en todo caso, constituye una barrera para evitar la multiplicación de partidos en el Congreso (se puede debatir si reducir el límite). En una entrada anterior se veía el funcionamiento del método D’Hondt comparándolo con otros métodos de distribución de escaños y utilizando el ejemplo de un resultado del tipo “partido de tenis”. Aquí se refleja el problema de las circunscripciones provinciales a partir de los resultados de las elecciones generales de 2016 y viendo los casos de Cataluña y de España.

California también es una nación

Recordaba Borges aquella provincia en la que no había pueblo que no fuera “idéntico a los otros, hasta en lo de creerse distinto”. Si California, el estado más rico de Estados Unidos, quisiera independizarse, tendría que superar dos filtros: el de la propia Constitución de California y el de la Constitución de Estados Unidos.

Cataluña y la “curva de la sonrisa”: sede empresarial y valor añadido

En 1976 un ingeniero electrónico taiwanés llamado Stan Shih montó, con ayuda de su mujer y unos amigos, una pequeña empresa de computadoras. La empresa comenzó a fabricar equipos de formación y clones de Apple para, a partir de 1987, especializarse en ordenadores personales, momento en el que pasó a llamarse Acer.

A mediados de los noventa –en plena ola globalizadora– Shih decidió analizar la rentabilidad de su compañía y se dio cuenta de que, a medida que se desarrollaba la tecnología informática, la rentabilidad que obtenía en el proceso básico de fabricación y ensamblaje era cada vez menor.

Domicilio empresarial: el buque “Cataluña” comienza a virar

La salida de empresas de Cataluña desde el 1-O está dando lugar a mucha confusión respecto a cuáles son los efectos de los cambios de los distintos domicilios de una empresa, derivada probablemente de dos errores.

Un primer error es considerar que las decisiones de cambiar el domicilio social, el domicilio fiscal o la sede de dirección efectiva son decisiones independientes, autónomas y estáticas por parte de la empresa, cuando en realidad no son ninguna de las tres cosas: no son independientes, porque en muchos casos no se puede cambiar un domicilio sin cambiar el otro;  no son autónomas, porque algunas vienen exigidas por la regulación nacional o internacional o pueden ser rechazadas por la Administración; y no son estáticas, porque en general forman parte de un lento proceso de reducción de riesgos en Cataluña por parte de la empresa.

Brexit, Cataluña y la Teoría de la Desintegración Económica

Así como durante la segunda mitad del siglo XX –en especial desde los años 90– el mundo vivió una considerable expansión de los procesos de integración económica, en las primeras décadas del siglo XXI la crisis financiera y la Gran Recesión han favorecido el retorno de los nacionalismos y de los populismos y un cuestionamiento del proceso liberalizador. Ello ha dado lugar a algunas propuestas de desintegración como el abandono del euro, la salida de la Unión Europea, la disolución del NAFTA o los impulsos secesionistas de algunas regiones europeas.

Todas ellas se han presentado siempre acompañadas de escenarios optimistas y unidimensionales, con beneficios ciertos y costes inexistentes. La realidad, sin embargo, es que los beneficios suelen ser bastante inciertos, y los costes, inevitables y ciertos. En el fondo, lo que ha faltado es una evaluación económica seria de los costes de transición o, lo que es lo mismo, una verdadera Teoría de la Desintegración Económica y Monetaria.

Votaron con los pies: empresas e independencia

Charles Tiebout fue un economista y geógrafo estadounidense nacido el 12 de octubre 1924 que dedicó su vida a la teoría del federalismo fiscal. Desarrolló el concepto de “votar con los pies”, una posible solución al problema de revelación de preferencias sobre bienes públicos –y, por extensión, su financiación– que supone el hecho de que, en un marco descentralizado, una persona se mude a aquella jurisdicción donde las políticas sean más cercanas a su ideología o a sus intereses –mudanza que a veces resulta más fácil que cambiar de gobierno mediante el voto–. En el caso de personas jurídicas como las empresas, es lo que hacen todo el rato: tienden a localizarse en aquel territorio más favorable a sus intereses en términos de oportunidades de negocio, servicios, carga impositiva y seguridad jurídica.

Eso es lo que ha ocurrido en Cataluña, donde nadie invitó a las empresas a votar, pero al final lo han hecho: han ejercitado su “derecho a decidir” votando con los pies, evitando a toda costa el riesgo regulatorio de un gobierno regional que ha demostrado estar dispuesto a saltarse sin pestañear tanto la legislación estatal y autonómica como las sentencias judiciales.