Economía del cambio climático (II): los costes de emitir CO2

En una entrada anterior (previa al estallido de la COVID-19) veíamos el problema a resolver que plantea el cambio climático, que continúa siendo un reto central para la economía global y puede ser ahora también el eje sobre el que dar respuesta a la crisis del coronavirus, impulsando una transición de nuestras estructuras económicas hacia una economía verde. Como veíamos, el objetivo científico es contener el aumento de la temperatura a 2oC por encima de los niveles preindustriales y preferiblemente a 1,5oC, lo que exige reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono, CO2 (y también de otros gases de efecto invernadero, GEI), en las próximas cinco décadas (tres, si el objetivo es 1,5 oC). Desde un enfoque económico, el siguiente paso analizar los costes que generan las emisiones de GEI y los costes en los que se incurre en su reducción para tratar de determinar las alternativas más eficientes y/o eficaces para reducirlas. La estimación de estos costes está sujeta a una incertidumbre muy elevada porque deben estimar impactos de muy largo plazo y los distintos modelos presentan estimaciones muy dispares. En esta entrada nos centramos en los costes de las emisiones de CO2.

El constitucional alemán y las costuras de la UE

Por si no teníamos suficientes problemas en Europa, el pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal constitucional alemán decidió jubilarse con una andanada de fuegos artificiales: una sentencia que establece que el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) supone una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo (BCE). Que diga eso es grave, pero lo es aún más teniendo en cuenta que hace catorce meses el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), máximo intérprete de la legislación comunitaria, dijo justo lo contrario.

El juego político del constitucional alemán

En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.

España después de la COVID-19

Parece claro que el principal problema que ha habido en España (y en otros países), además de la elevada tasa de contagio del virus, es la concentración en el tiempo de los contagiados, especialmente de aquéllos que han necesitado un tratamiento hospitalario y, sobre todo, en UCI. El temor a un colapso sanitario (que durante varias semanas se ha dado, lo que ha incrementado sustancialmente la letalidad de la pandemia) ha movido a casi todos los gobiernos a exigir un confinamiento obligatorio durante varias semanas. Las consecuencias del parón de la economía mundial van a ser devastadoras para muchos millones de personas.

Estos días ha comenzado el proceso de desconfinamiento en España, así como en la mayoría de países europeos. Este proceso llevará semanas hasta concluirse. En este artículo vamos a intentar mirar más allá, cuando se haya superado la crisis sanitaria y suponiendo que dicho proceso no va a encontrar obstáculos significativos (por ejemplo, brotes recurrentes agudos en los próximos meses).  ¿Qué podemos esperar a medio y largo plazo? ¿Volveremos sin más a la normalidad anterior?

¿Hacia una Economía del Desarrollo sin sesgo moral?

Una de las obsesiones más marcadas de expertos e investigadores en el campo de la economía del desarrollo ha sido la necesidad de evidenciar por todos los medios a su alcance la posible correlación entre factores éticos y crecimiento del bienestar (en este caso la falta del mismo) en los países en vías de desarrollo. Entre estos sesgos morales, tal vez ninguno más tentador que el que atribuye al colonialismo europeo en África el origen fundamental de la falta de desarrollo actual en este continente.

Europa no es sólo una cuestión de solidaridad

El debate sobre la necesidad de una intervención fiscal conjunta europea para hacer frente a la crisis del coronavirus empezó mal, pero va por buen camino. De los tristes argumentos morales que insistían en hacer paralelismos con la crisis de 2010, como si el problema fuera que España e Italia se habían contagiado por encima de sus posibilidades, poco a poco se ha ido pasando a una discusión técnica. El Eurogrupo del 9 de abril logró un acuerdo basado en una nueva línea de crédito de emergencia del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) sin condicionalidad, un fondo de garantía para la financiación empresarial a través del BEI y un mecanismo de asistencia financiera –bautizado como SURE– gestionado por la Comisión y destinado a financiar los gastos de los Estados miembros en esquemas de reducción temporal de empleo (como los ERTE de España). La última pieza es el Fondo de Recuperación, que deberá nutrirse del presupuesto de la UE, pero utilizando también la emisión de deuda, y ejecutarse con espíritu de solidaridad. El Consejo Europeo deberá concretar los perfiles de este instrumento.

La clave está en la gestión de riesgos

Era posible leer en anteriores días de zozobra e incertidumbre varios artículos en la prensa, este, este o este, donde se vertían (de manera ventajista y bastante poco rigurosa, a mi entender) opiniones sobre las razones de la desventaja comparativa de la mayor parte de los países europeos (habría que discutir la excepción alemana y nórdica) con países asiáticos en relación con la gestión adecuada de la emergencia provocada por el coronavirus.