La economía global podría haber entrado en una zona de más difícil tránsito que la que ha determinado la senda expansiva de los últimos años. No cabe descartar a corto y medio plazo la ocurrencia de una crisis financiera internacional, que tendría un impacto muy significativo sobre la economía española, dado su alto grado de integración con la economía global.
El 10 de abril es una fecha clave para el Brexit. Pero no solo porque el Consejo Europeo va a decidir si concede o no otra prórroga a Theresa May –para seguir negociando con Corbyn– y evitar una salida sin acuerdo. También porque, en esta misma fecha, en una fría mañana de Viernes Santo de 1998, se firmó un acuerdo sin el cual no se podría explicar la dificultad que existe hoy para hallar una solución al sainete del Brexit. Tiene que ver con Irlanda y con una escalera.
La última vez que escribí sobre la sequía empezó a llover. La estación seca esta vez ha sido el invierno, con la temperatura máxima media más alta desde que se dispone de registros. La situación hídrica de cara a la primavera es menos alarmante que a finales de 2017, porque gracias a las lluvias de la primera mitad de 2018, las reservas en los pantanos están al 58%, solo ligeramente por debajo de sus niveles medios históricos. Mi preocupación en esta ocasión estaba por encima de la lluvia. La monotonía del cielo de Madrid durante estos meses me estaba haciendo añorar las nubes, cuando leí sobre un artículo de la revista Nature Geoscience que alertaba de que no serían inmunes al cambio climático.
El sábado 23 de marzo más de un millón de personas se concentraron en Londres para reclamar un segundo referéndum. En paralelo, más de cinco millones de personas han firmado una petición al Parlamento británico para que revoque el artículo 50, cancelando unilateralmente el proceso de salida. ¿Puede haber freno y marcha atrás en el Brexit? Es un buen momento para analizar esta posibilidad, pero más que desde un punto de vista general, desde otras dos perspectivas diferentes: la opinión de los propios británicos –a través de las encuestas– y la de los intereses de la Unión Europea.
Uno de los debates recurrentes durante las campañas electorales en casi todos los países avanzados es el que tiene que ver con la fiscalidad que, muy sintéticamente y sin perjuicio de múltiples matices, se puede reducir a dos posiciones: la socialdemócrata, a favor de tipos marginales progresivos y de una mayor presión fiscal, y la liberal, a favor de reducir los impuestos y la presión fiscal. Se trata de opciones políticas legítimas muy directamente relacionadas con las políticas públicas (y el tamaño del gasto público) que se consideran necesarias y con las consideraciones sobre la estabilidad fiscal.
En otra entrada ya veíamos que una mayor presión fiscal no implica menor riqueza, ni menor productividad (más bien puede ser al revés). Aquí se plantean seis gráficos que reflejan que en los países de nuestro entorno (con datos de países OCDE) no se observa una relación directa entre el nivel de los tipos impositivos y el rendimiento de la economía en términos de crecimiento o de recaudación –es decir, no se cumple la todavía recurrente curva de Laffer, que establece que a partir de cierto nivel, menores tipos impositivos, generan más actividad económica y con ellos más recaudación–.
El año pasado fue un tiovivo para la economía y los mercados mundiales. Empezó muy bien, con un ritmo alto de crecimiento sincronizado y primas de riesgo muy bajas. Luego se fue torciendo, a medida que la tenue normalización monetaria y el neoproteccionismo en Estados Unidos crearon incertidumbre e hicieron temer por la sostenibilidad del ciclo expansivo. El final de año fue pésimo, con fuertes caídas de las Bolsas y de los precios de la deuda privada, mientras el comercio mundial caía por primera vez en años. Cuando nos acercamos al final del primer trimestre, lo único claro entre la bruma es el daño sufrido por la Zona Euro. Tan fuerte ha sido el impacto sobre el crecimiento europeo, que el BCE ha dado marcha atrás en su reunión del 7 de marzo, anunciando nuevas medidas de expansión monetaria pocas semanas después de poner fin al programa de compras de activos.
Una tarde de septiembre de 1944, el oficial de guardia de la Gestapo en la prisión de Brauweiler recibió a un nuevo detenido, acusado de participar en el atentado contra Hitler. Era un abogado mayor, de casi 70 años, con aspecto cansado. Le despojó de sus tirantes, los cordones de sus zapatos, su corbata y su navaja de pulsera y lo acompañó hasta su celda. Mientras cerraba desde fuera, acercó su cabeza al ventanuco de la puerta y le dijo: “Y ahora, no se le ocurra suicidarse. Me metería en un buen lío. Además, a su edad, su vida está prácticamente terminada”.
