En el último artículo explicábamos la batalla del 5G como parte de la guerra tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. Desde entonces, Trump ha hecho dos cosas: en primer lugar, ha aprobado una Orden Ejecutiva prohibiendo cualquier transacción de tecnologías de la información y comunicaciones con empresas sujetas al control o jurisdicción “de un adversario extranjero” que para el Secretario de Comercio suponga “una amenaza a la seguridad nacional”; y en segundo lugar, ha puesto nombres y apellidos a esa amenaza al incluir a Huawei y setenta empresas asociadas a la lista negra de entidades (“Entity List”) cuyos componentes no se pueden adquirir sin autorización previa.
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La guerra del 5G y sus lecciones para Europa
La primera ministra británica, Theresa May, destituyó el 1 de mayo a su ministro de Defensa por filtrar detalles sobre una reunión del Consejo de Seguridad Nacional sobre la participación de la empresa china Huawei en la implantación de la red 5G en Reino Unido. Lo que parece una mera pérdida de confianza tiene un trasfondo mucho más importante, que tiene que ver con el brexit, la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China y el dominio de la economía mundial en el siglo XXI.
El retorno de la política industrial vertical
El desarrollo de la política industrial –es decir, las políticas púbicas de estímulo a determinadas actividades económicas para favorecer un cambio en la estructura de la economía– se ha visto envuelto tradicionalmente en el debate que enfrenta a los fallos de mercado (que justifican su aplicación), frente a los del sector público (que la cuestionan). La síntesis de este debate había dado como resultado la “horizontalización” de la política industrial –orientada a la mejora del marco institucional y el mercado interior, las infraestructuras y al fortalecimiento de los factores de producción (como tecnología, innovación, capital humano o la capacidad emprendedora)–. Sin embargo, en los últimos años se está recuperando la aplicación de políticas verticales de apoyo a sectores específicos, donde la clave está en la búsqueda de mejores prácticas de intervención para evitar los fallos del sector público.