Las recientes protestas de los agricultores –no muy distintas en España de las vividas en otros países europeos– son una seria llamada de atención a los gobiernos sobre los errores a la hora de diseñar algunas medidas de política económica y medioambiental. De las protestas podemos extraer al menos seis lecciones.
El 2023 ha comenzado bien desde el punto de vista económico, con algunos datos económicos bastante mejores de lo esperado, pero también con múltiples incógnitas que no terminan de despejarse. Si la inflación de comienzos de 2022 no era transitoria, la incertidumbre tampoco.
La inflación ha vuelto: desde hace meses tenemos aumentos de IPC cercanos a los dos dígitos en la gran mayoría del mundo desarrollado. Con ella han vuelto las tensiones sociales vinculadas a los procesos inflacionistas, y las preocupaciones sobre la dinámica de precios y salarios, problemas que teníamos felizmente arrumbados desde hacía más de una década (aunque sustituidos por otros, probablemente de más difícil solución, como desgranamos en la serie sobre estancamiento secular).
El pasado 9 de junio el Banco Central Europeo (BCE) anunció una primera subida de tipos de 0,25 puntos para julio y confirmó el fin de las compras de deuda pública iniciadas con la pandemia. Esta decisión se enmarca en medio de una serie de dilemas a los que se viene enfrentando esta institución, tanto estructurales como coyunturales.
Hace apenas cinco años los principales debates en economía giraban en torno al estancamiento secular y sus causas, el peligro de la deflación y el riesgo de tipos de interés negativos. Hoy, qué ironía, la inflación se ha convertido en uno de nuestros principales dolores de cabeza y, con ella, el efecto de posibles subidas de tipos de interés sobre los mercados financieros internacionales.
El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España no marcha a buen ritmo. De los casi 27.000 millones presupuestados para este año, se han comprometido poco más de la mitad y se ha ejecutado algo más de un tercio. Parte de la lentitud se debe a que, como señala la Comisión en su evaluación de los proyectos de presupuestos de los Estados miembros, España es el país que más ha recurrido a fondos europeos (en vez de nacionales) para financiar su recuperación, y la burocracia europea no tiene nada que envidiarle a la española. España sigue aumentando los recursos humanos dedicados al control mucho más que los dedicados a la ejecución, y eso no es bueno: nos falta transparencia y nos sobra papeleo.
Las preocupaciones económicas tienen un cierto carácter pendular. En los albores de la Economía, allá por finales del siglo XVIII, la cuestión era entender cómo se fijaban los precios, analizando los costes productivos (por entonces esencialmente laborales) o la relación entre el precio de la venta de los productos y su valor teórico asociado al factor trabajo, obviando componentes tecnológicos o de demanda.
Luego dicen que los debates entre los economistas no miran al futuro. Pues henos aquí, en medio de una calamidad sanitaria que hasta el momento ha acentuado las presiones a la baja sobre el nivel general de precios, poniendo al día nuestras ideas sobre la siguiente amenaza que se cierne sobre nuestro baqueteado devenir económico. La inflación monopolizó la atención de las políticas macroeconómicas en los años ochenta y su control a partir de mediados de los noventa nutrió las peligrosas veleidades del fin de los ciclos y la estabilidad perpetua con las que llegamos a la crisis financiera. Desde 2008, el riesgo de deflación o de una inflación positiva, pero estructuralmente demasiado baja, ha sido la principal preocupación de banqueros centrales, macroeconomistas y Gobiernos. Sin embargo, la combinación del Plan Biden con las perspectivas de fuerte recuperación económica de la mano de la vacunación han provocado un repunte de 75 puntos básicos en los tipos de interés a diez años del dólar desde principios de año (que refleja, en gran parte, una mayor inflación esperada) y un aluvión de artículos sobre el riesgo de que el fin de la pandemia traiga el principio de otra era de inflación.
En la entrada anterior veíamos los principales elementos del Plan de Biden. Tras ese repaso desde el punto de vista de la política económica, queda la visión de la economía política, esto es, de las relaciones de poder y entre distintos colectivos y contexto político general que han posibilitado este plan. Una aproximación como veremos, esencial para entender el plan. El análisis que sigue recoge la perspectiva de las élites demócratas que ocupan el gobierno, que es evidentemente el criterio político clave que explica la gestación y el particular diseño del plan.
El pasado 11 de marzo, el Presidente Biden firmaba el plan fiscal conocido como American Rescue Act, una vez aprobado este por el Congreso y el Senado. Tras una rápida tramitación y una aprobación estrictamente “partidista” (sin ningún apoyo republicano en el Congreso y el Senado), el American Rescue Act se convertía definitivamente en ley.
