La equiparación de la mujer con el hombre en el ejercicio del poder constituye desde hace algunos años una cuestión muy relevante de las agendas de gobiernos y entidades, tanto públicas y privadas. Los temas de igualdad de género, no solamente en su vertiente de no discriminación por sexo, sino también de promoción activa de la presencia de la mujer en puestos de ejercicio de altas responsabilidades, constituyen el objeto de la actividad regulatoria pública, los programas de los partidos políticos y en los códigos de conducta de las empresas.
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El impacto macroeconómico de las políticas de género
La política económica está prestando una creciente atención al impacto de las políticas de género. En el ámbito de los organismos internacionales, el FMI y la OCDE se han sumado a este tipo de análisis (incluyendo sendos portales ad hoc ‒Fondo, OCDE‒), reforzando la investigación y las recomendaciones que vinculan las políticas de género con su impacto macroeconómico sobre el crecimiento y la estabilidad, como objetivos adicionales al tradicional de la inclusión que se realizaba en los bancos de desarrollo. En otra entrada ya veíamos la política presupuestaria con perspectiva de género, y aquí se esbozan los principales elementos que se están considerando sobre el impacto macroeconómico de las políticas de género, su incidencia sobre el crecimiento, la reducción de la desigualdad, la diversificación económica y la estabilidad financiera.
Más allá de la austeridad: hacia un New Deal global
“Insistir en que ‘no hay alternativa’ es un eslogan político anticuado. En todas partes la gente quiere lo mismo: un trabajo decente, un hogar seguro, un medio ambiente saludable, un futuro mejor para sus hijos y un gobierno que escuche y responda a sus preocupaciones: en realidad, quieren un acuerdo distinto al que ofrece la hiperglobalización”.
Estas palabras pertenecen a la introducción del Informe sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD (la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) publicado en septiembre de 2017 y que lleva por subtítulo “Más allá de la austeridad: hacia un New Deal global”, por lo que nos vemos obligados –por alusiones– a hacer un análisis del documento. Y el resultado no solo es de lo más interesante, sino que el Informe de la UNCTAD resulta ser uno de los documentos oficiales más atrevidos que hemos visto en los últimos años.
Política presupuestaria y género
En el último año la OCDE y el FMI han incorporado el presupuesto con perspectiva de género a su instrumental de vigilancia y recomendaciones de política económica, aplicándolo además tanto a economías avanzadas como en desarrollo. Si bien es un instrumento cuyo origen se traza a los años 80 en Australia, cabe esperar que, una vez se ha incorporado a la corriente principal de análisis económico de la que forman parte estas dos instituciones, la política presupuestaria con enfoque de género (es decir, que promueven la igualdad de género) empiece a ser un tema recurrente, como en su momento ocurriera con la política fiscal medioambiental. La instrumentación de la política fiscal de género tiene varios componentes principales: su desarrollo a través del ciclo presupuestario, su gobernanza y las políticas específicas de género. Por cierto, España está entre los países avanzados que destacan por tener más desarrollada esta política.
También el FMI: desigualdad, género y cambio climático
El Fondo Monetario Internacional acaba de terminar sus reuniones de primavera. En su comunicado, además de la no condena al proteccionismo (que es ya una constante de los comunicados de foros internacionales desde la entrada de la nueva administración en EEUU), destaca el énfasis que se pone en la inclusión. En efecto, desde hace ya un tiempo, el Fondo está poniendo el foco en aspectos como la desigualdad, la política de género o el cambio climático. Se trata de una tercera ola en la revisión del viejo Consenso de Washington, tras la reformulación de la efectividad de las políticas macroeconómicas (que analizábamos aquí) y la incorporación al análisis sistemático del Fondo de las reformas estructurales.