El ser humano predice muy mal. Sus sesgos cognitivos le hacen otorgar mucho mayor peso a los eventos recientes que a los más lejanos, y tiende a creer que las situaciones son más estables de lo que son. Se confía, pero se equivoca: en el vertiginoso mundo actual, pocas cosas hay más ilusorias que una proyección lineal de cualquier variable.
El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España no marcha a buen ritmo. De los casi 27.000 millones presupuestados para este año, se han comprometido poco más de la mitad y se ha ejecutado algo más de un tercio. Parte de la lentitud se debe a que, como señala la Comisión en su evaluación de los proyectos de presupuestos de los Estados miembros, España es el país que más ha recurrido a fondos europeos (en vez de nacionales) para financiar su recuperación, y la burocracia europea no tiene nada que envidiarle a la española. España sigue aumentando los recursos humanos dedicados al control mucho más que los dedicados a la ejecución, y eso no es bueno: nos falta transparencia y nos sobra papeleo.
Luego dicen que los debates entre los economistas no miran al futuro. Pues henos aquí, en medio de una calamidad sanitaria que hasta el momento ha acentuado las presiones a la baja sobre el nivel general de precios, poniendo al día nuestras ideas sobre la siguiente amenaza que se cierne sobre nuestro baqueteado devenir económico. La inflación monopolizó la atención de las políticas macroeconómicas en los años ochenta y su control a partir de mediados de los noventa nutrió las peligrosas veleidades del fin de los ciclos y la estabilidad perpetua con las que llegamos a la crisis financiera. Desde 2008, el riesgo de deflación o de una inflación positiva, pero estructuralmente demasiado baja, ha sido la principal preocupación de banqueros centrales, macroeconomistas y Gobiernos. Sin embargo, la combinación del Plan Biden con las perspectivas de fuerte recuperación económica de la mano de la vacunación han provocado un repunte de 75 puntos básicos en los tipos de interés a diez años del dólar desde principios de año (que refleja, en gran parte, una mayor inflación esperada) y un aluvión de artículos sobre el riesgo de que el fin de la pandemia traiga el principio de otra era de inflación.
En la entrada anterior veíamos los principales elementos del Plan de Biden. Tras ese repaso desde el punto de vista de la política económica, queda la visión de la economía política, esto es, de las relaciones de poder y entre distintos colectivos y contexto político general que han posibilitado este plan. Una aproximación como veremos, esencial para entender el plan. El análisis que sigue recoge la perspectiva de las élites demócratas que ocupan el gobierno, que es evidentemente el criterio político clave que explica la gestación y el particular diseño del plan.
El pasado 11 de marzo, el Presidente Biden firmaba el plan fiscal conocido como American Rescue Act, una vez aprobado este por el Congreso y el Senado. Tras una rápida tramitación y una aprobación estrictamente “partidista” (sin ningún apoyo republicano en el Congreso y el Senado), el American Rescue Act se convertía definitivamente en ley.
Las elecciones estadounidenses son un permanente recordatorio de que la interpretación de la realidad de Estados Unidos es más compleja que lo que se piensa, o al menos de lo que podemos percibir a través de las encuestas y análisis habituales. Y esta complejidad no se aplica sólo a la política, sino también a las relaciones económicas y comerciales.
Así, hay muchos que confían en que una victoria del candidato demócrata, Joe Biden, suponga un giro copernicano en las relaciones económicas y estratégicas con Europa, sin reparar en que hay ámbitos en los que Trump no ha supuesto más que la manifestación exagerada y aspaventosa de corrientes estructurales muy profundas que llevan décadas germinando.
El próximo martes 3 de noviembre se celebran las elecciones en EEUU. Están en juego la presidencia y la mayoría en el Senado –en la Cámara de Representantes parece clara la mayoría demócrata–. Las diferencias en política económica entre demócratas y republicanos son sustantivas, incluidas en tres áreas que tendrán un gran impacto a escala global, con los demócratas más favorables a: la lucha contra el cambio climático, la defensa de una mayor fiscalidad a las empresas (y más progresiva) y un mayor impulso del multilateralismo –además de la defensa de avanzar hacia una esquema de sanidad más público, con impacto, sobre todo, doméstico–. Estamos ya en la cuenta atrás de un proceso electoral que ha durado más de un año desde los primeros debates en las elecciones primarias del partido demócrata, de junio del año pasado.
En una entrada anterior se abordaba cómo las elecciones en EEUU se podían ver afectadas por el sesgo de disponibilidad, en virtud del cual, los acontecimientos más recientes tienen un mayor peso en nuestra toma de decisiones. La sucesión de acontecimientos sigue siendo vertiginosa. En tan sólo las dos últimas semanas: la información sobre la declaración de la renta de Trump (habría pagado 750$ en 2017) y sobre la de Biden (casi 300.000$, en 2019); la presentación formal de la nueva candidata al Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett; las crecientes sombras sembradas por los republicanos sobre el voto por correo y su eventual no reconocimiento (lo que abre un amplio frente de disputas legales sobre estos votos); el muy criticado primer debate presidencial; la disputa entre la Cámara de Representantes y el ejecutivo sobre el nuevo paquete de estímulo fiscal en un momento en el que la recuperación de la economía ha perdido fuerza; la hospitalización de Trump con COVID-19 y el foco de contagio en la Casa Blanca (todavía en el período de incubación, con más posibles afectados).
El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales y al Congreso de EEUU. Las encuestas favorecen claramente a los demócratas, incluida la posibilidad de alcanzar sendas mayorías, tanto en el Senado, como en la Cámara de representantes, por primera vez desde 2011. Ahora bien, las seis semanas que quedan hasta las elecciones pueden ser mucho tiempo para afectar el voto de los electores indecisos o persuadibles e inclinar la balanza en los principales estados en contienda, especialmente, en el actual contexto de elevada polarización, multiplicidad de dimensiones que afectan a la decisión de los electores y de rápida sucesión de acontecimientos. En este contexto, los electores pueden ser más susceptibles a lo que la economía conductual define como el sesgo de disponibilidad, en virtud del cual, los acontecimientos más recientes tienen un mayor peso en nuestra toma de decisiones.
