En 1987 Robert Solow se quejaba de que la era de las computadoras se reflejaba en todas partes, salvo en las estadísticas de productividad. Hoy, parafraseándole, podríamos decir que la era del Big Data se refleja en todas partes, salvo en las políticas públicas.
Uno de los principales rompecabezas que plantean las nuevas tecnologías es su impacto sobre el mercado de trabajo y qué tipo de respuestas se deben dar desde la política económica. Se empieza a asentar un cierto consenso sobre su probable impacto depresivo en el uso del factor trabajo, al menos en su sentido tradicional, que será sustituido por inteligencia artificial o tecnología de la información, con implicaciones en términos de una mayor caída de la participación del trabajo en la renta y el aumento de la desigualdad.
El big data (macrodatos o datos masivos) está aumentando la importancia y el valor añadido que aporta la información frente a otros factores de producción, como el trabajo o el capital. A través del aumento de la velocidad, cantidad, detalle y calidad de la información, el big data permite una gestión más eficiente de los recursos disponibles y anticipar y personalizar los servicios y productos ofrecidos a los usuarios. La OCDE identifica la innovación facilitada por la información como uno de los pilares del crecimiento y el bienestar en el siglo XXI. Cada vez más, los agentes que no se incorporen a esta revolución de la economía de la información se estarán quedando en una posición de desventaja competitiva en el mercado.
En este sentido, está creciendo la literatura sobre los retos que plantea incorporar el big data al día a día de la gestión empresarial. Es un reto al que también se enfrenta la administración para la mejora de la gestión de los servicios públicos (el FMI proporciona una buena síntesis, aplicado al caso de las estadísticas). La administración debe abordar además los desafíos regulatorios que impone un mercado con un creciente peso de la economía de la información. En otras entradas hemos visto parte de estos retos regulatorios, por ejemplo, en la política de competencia (aquí y aquí), el sector financiero (fintech), o la política fiscal.
Este artículo es el quinto de una serie relacionada con la modernización de la contratación pública en España denominada “Por una normativa eficiente de contratación pública”, que está siendo publicada en distintos blogs. Incluye: (I): Principios orientadores y gobernanza; (II): Ámbito de aplicación subjetivo y objetivo; (III): Sobre concesiones; (IV) Modificaciones contractuales, bajas temerarias y barreras de salida. Un problema de incentivos; (V): La importancia de los datos, (VI): La normativa de sectores especiales y (VII) Relación entre los órganos de contratación y la Autoridad de Competencia.
En las últimas décadas el desarrollo de las nuevas tecnologías ha favorecido el análisis exhaustivo de datos masivos (el Big Data, en terminología popularizada a finales de los noventa por John Mashey) por parte tanto de la Administración como de las empresas privadas, en especial las tecnológicas. Por lo que respecta a la Administración, tan importante es que se le exija que no utilice mal la información que posee como que aproveche la que posee en beneficio del ciudadano, especialmente cuando podría generar importantes ahorros y eficiencias.
Uno de los usos en los que los datos en poder de la Administración podrían comportar grandes ventajas sería en el ámbito tributario, donde la ausencia de una medición efectiva individualizada de la capacidad de pago de los contribuyentes impide un sistema fiscal no sólo más justo, sino también más eficiente en forma de una mayor recaudación.
