El pasado 9 de junio el Banco Central Europeo (BCE) anunció una primera subida de tipos de 0,25 puntos para julio y confirmó el fin de las compras de deuda pública iniciadas con la pandemia. Esta decisión se enmarca en medio de una serie de dilemas a los que se viene enfrentando esta institución, tanto estructurales como coyunturales.
En el artículo anterior analizamos algunas fórmulas para incrementar el número de bancos sujetos al marco único de resolución. Como habrá todavía muchos bancos pequeños que deberán ser liquidados, vamos a examinar en este artículo cómo podemos obtener un marco de liquidación homogéneo y eficiente en la Unión Bancaria.
La gestión de la crisis de un banco siempre plantea retos, ligados especialmente a su función en la economía, tamaño, modelo de negocio y de financiación, etc. Vamos a ver que, en función básicamente del tamaño del banco en crisis y de sus conexiones con otros bancos, habrá o no interés público en la utilización de algunas peculiaridades del régimen ordinario de insolvencia de sociedades. Si no hay interés público, el banco se liquidará aplicando las normas ordinarias de insolvencia y, si hay interés público, una autoridad administrativa gestionará la inviabilidad del banco utilizando un régimen especial denominado de resolución bancaria. La Unión Europea dispone desde 2014 de unas normas específicas de resolución bancaria.
En medio de la crucial batalla entre la campaña de vacunación y las mutaciones del coronavirus, los debates fiscales se encienden a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, mientras los demócratas se aprestan a llevar a buen puerto el plan de estímulo de 1,9 billones anunciado como prioritario por el presidente Biden, Summers, uno de los líderes intelectuales de la revolución de la política fiscal, ha advertido del riesgo de echar demasiada leña al fuego. En Europa, un grupo de economistas liderados por Piketty, ha publicado un manifiesto en el que piden la anulación de la deuda pública mantenida por el BCE para “que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”. Como siempre sucede con las cuestiones que atañen a la unión monetaria europea, para valorar esta propuesta hay que combinar argumentos económicos, jurídico-institucionales y políticos.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA[1]) ha sido muy polémica[2] porque, aunque se refiere sólo al “Public Sector Purchase Program” (PSPP[3]), lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, ha supuesto un desafío legal de primera magnitud y puede afectar a la ejecución de programas monetarios posteriores del BCE. Resumiendo, la sentencia dice que, en principio, considerando el volumen y la duración del programa, éste puede ser desproporcionado, interfiriendo con las medidas de política económica que son una competencia exclusiva de los Estados Miembros (EEMM). Por tanto, el TCFA concluye que todo hace indicar que el BCE ha excedido los límites establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) a la cesión de soberanía acordada por los EEMM.
Por si no teníamos suficientes problemas en Europa, el pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal constitucional alemán decidió jubilarse con una andanada de fuegos artificiales: una sentencia que establece que el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) supone una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo (BCE). Que diga eso es grave, pero lo es aún más teniendo en cuenta que hace catorce meses el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), máximo intérprete de la legislación comunitaria, dijo justo lo contrario.
En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.
El Eurogrupo del 9 de abril acordó crear una nueva línea de préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) llamado “Pandemic Crisis Support” (PCS). Varios artículos, como el de Aitor Erce, Antonio García Pascual y Toni Roldán, el de Antonia Díaz y Luis Puch o hilos de twitter como el de Miguel Carrión abogan por que España acuda a un préstamo del MEDE, tanto por el ahorro de intereses como porque, aunque este sea limitado, permitiría ahorrar indirectamente en los intereses del resto de las emisiones. También los hay que consideran irrelevante la existencia o no de condicionalidad del instrumento, que tachan solo de cuestión de estigma político.
En este post nos aproximamos al problema desde el barro de los detalles. Les adelanto que los detalles son tan relevantes que no justifican pedir el préstamo del MEDE.
En la entrada anterior veíamos qué líneas de acción debían ponerse en marcha para frenar el desplome económico asociado a las medidas de distanciamiento social, y asegurar un adecuado impacto a corto y a medio plazo. Veamos ahora las implicaciones presupuestarias.
Christine Lagarde ha declarado que quiere que el cambio climático se integre en las políticas del Banco Central Europeo (BCE). No se trata de un objetivo nuevo para los bancos centrales (destaca el impulso del Banco de Inglaterra), aunque sí incipiente y sujeto a un amplio debate, cuestionado, por ejemplo, por los gobernadores del Bundesbak o del Banco de Italia. Tampoco es un reto nuevo para Lagarde que ya venció resistencias para incorporar el cambio climático en la labor del FMI. La esperada revisión estratégica de la política monetaria del BCE (una actualización necesaria, tenido en cuenta que la última revisión es de 2003) es una buena oportunidad para modernizar los objetivos y las políticas del BCE incorporando el cambio climático.
