El inconsciente es muy poderoso. Durante décadas el nombre de Alemania ha estado asociado en el imaginario colectivo mundial a la seriedad y a la profesionalidad: eficiencia productiva, tecnología de primera línea, líderes políticos que dicen la verdad a sus ciudadanos, formación profesional impecable, sindicatos responsables, debates televisivos de calidad, control de las finanzas públicas…
Una tarde de primavera de 1946 Friedrich Hayek, de visita en Londres, coincidió con Keynes en una cena en el King’s College. Después del postre, Hayek aprovechó para expresarle su preocupación por el hecho de que dos de sus discípulos estuvieran promoviendo políticas fiscales expansivas en contextos que podrían ser inflacionistas. Keynes, por supuesto, no le dijo que eso era una tontería, ni le llamó agorero, ni se le ocurrió decir que inflación y desempleo no podían aumentar a la vez. Sonrió y se limitó a responder, con elegancia: “Mis teorías eran importantes en los años treinta, cuando el problema era la deflación, no la inflación. Créame, si la inflación alguna vez se convierte en un problema, seré el primero en denunciarlo y darle la vuelta a la opinión pública”.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA[1]) ha sido muy polémica[2] porque, aunque se refiere sólo al “Public Sector Purchase Program” (PSPP[3]), lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, ha supuesto un desafío legal de primera magnitud y puede afectar a la ejecución de programas monetarios posteriores del BCE. Resumiendo, la sentencia dice que, en principio, considerando el volumen y la duración del programa, éste puede ser desproporcionado, interfiriendo con las medidas de política económica que son una competencia exclusiva de los Estados Miembros (EEMM). Por tanto, el TCFA concluye que todo hace indicar que el BCE ha excedido los límites establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) a la cesión de soberanía acordada por los EEMM.
Por si no teníamos suficientes problemas en Europa, el pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal constitucional alemán decidió jubilarse con una andanada de fuegos artificiales: una sentencia que establece que el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) supone una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo (BCE). Que diga eso es grave, pero lo es aún más teniendo en cuenta que hace catorce meses el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), máximo intérprete de la legislación comunitaria, dijo justo lo contrario.
En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.
Había un comerciante en Bagdad que envió a su sirviente al mercado a por provisiones. Éste volvió al poco tiempo, pálido y tembloroso, diciendo que alguien le había empujado en el mercado y que, al volverse, resultó ser la Muerte, con mirada amenazante. El sirviente pidió entonces prestado un caballo para huir a Samarra, una ciudad lejana donde la Muerte no pudiera encontrarle, y salió al galope tan rápido como pudo. Bajó entonces el comerciante al mercado, donde distinguió a la Muerte entre la multitud y se acercó a preguntarle: “¿Por qué amenazaste a mi criado esta mañana?” La Muerte le contestó: “Mi gesto no era de amenaza, sino de sorpresa, porque no esperaba verlo en Bagdad. Tenía una cita con él esta noche en Samarra”.
La precaria situación de la economía mundial ha multiplicado las llamadas al activismo fiscal. Hasta los propios banqueros centrales están convencidos de que esta vez no será suficiente con sus diezmados arsenales para conjurar los riesgos, despejar el horizonte para empresas y familias y evitar que la recesión industrial y comercial se convierta en una recesión general. En los últimos días parece que se oyen notas de activismo fiscal procedentes de los más obvios destinatarios de esas arengas. El gobierno alemán ha presentado su plan para alcanzar los objetivos de cambio climático; el presupuesto elaborado por el gobierno holandés ha adoptado un tono expansivo, mientras en Corea la política fiscal está consumando un giro para apoyar a la economía, atenazada por la desaceleración china y por el conflicto con Japón. ¿Estamos ante los primeros compases de una expansión fiscal coordinada como la que impulsó el G20 en 2009?
Son economistas brillantes; son franceses y alemanes; muchos están o han estado próximos a sus gobiernos a ambos lados del centro político, incluso formando parte de los consejos de asesores oficiales. Y se han puesto de acuerdo en un conjunto de propuestas para que ese euro nuestro deje definitivamente atrás los problemas existenciales de su adolescencia. ¡Eureka, exclaman los medios! Al fin encontramos la solución, el equilibrio entre disciplina de mercado y reparto de riesgos, entre reglas y discrecionalidad, entre el palo y la zanahoria, entre la cerveza y el vino…
Es un documento muy valioso, sin duda, escrito con esmero y rigor. Tiene también la virtud de ser pragmático, lo que, al contrario que muchos papeles previos sobre el euro, le da visos de factibilidad política. Con una posible Gran Coalición en Alemania centrada en Europa y un ministro de finanzas socialdemócrata, ofrece una hoja de ruta para transitar de la mano del presidente Macron. Aun así, después de una segunda lectura, la sensación es que nos lleva en la dirección equivocada.
La Primera Guerra Mundial se cerró en falso. El Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, establecía no solo la asunción de la culpabilidad de Alemania en la Guerra, sino también el pago de unas elevadísimas reparaciones. Además, el Tratado –una auténtica “Paz cartaginesa”, en palabras de Keynes– estipulaba que la región alemana del Sarre sería administrada por la Sociedad de Naciones, quien cedió a Francia su explotación económica durante 15 años.
Pocos años después, el impago de reparaciones por parte de una república alemana de Weimar en plena hiperinflación fue respondido con una ocupación por tropas belgas y francesas de la región alemana del Ruhr entre 1923 y 1925. La sensación de humillación, unida a la crisis económica, generaron un caldo de cultivo óptimo para la llegada al poder de Hitler.
La cumbre del G20 de Hamburgo (7-8 de julio) ha logrado sostener el paso de la reforma del orden económico internacional a base de una doble estrategia: en los temas donde es posible consenso, se mantiene la tónica de los últimos cinco años, en los que cada cumbre aporta algún elemento incremental construyendo sobre lo heredado de la cumbre anterior (en este caso, destaca el reforzado énfasis en la inclusión); y en los temas más conflictivos desde la llegada de la administración Trump, se avanza sin EEUU en el caso del clima, y en comercio, se opta por hacer una agenda más compleja que tenga en cuenta las distintas sensibilidades. En este sentido, la noticia puede ser cínicamente optimista: Trump no ha roto los esquemas; pesimista: el G20 no sirve para nada, es un instrumento para preservar el statu quo; o moderadamente optimista/pesimista: se avanza en algunas direcciones adecuadas, pero no en todas y a ritmo lento (acaso inevitable, en el G20 los grandes acuerdos se han dado en los momentos de más tensión).
