La multa de Apple y la seguridad jurídica

162010_ef_img_0

El pasado 30 de agosto la Comisión Europea estableció que la empresa estadounidense Apple deberá pagar una multa por importe de 13.000 millones de euros por haberse beneficiado de ayudas fiscales ilegales. La sanción equivale al 27% de los beneficios anuales de la compañía en 2015, y es la mayor multa impuesta nunca por la Comisión.

Apple y el gobierno irlandés emitieron sendos comunicados de protesta, y anunciaron que recurrirán la sentencia. Al Ministro de Finanzas de Irlanda le preocupa “defender la integridad de su sistema fiscal”. Apple, por su parte, señaló que siempre ha pagado lo que debía y se quejó de que aquí “no se trata de cuántos impuestos paga Apple sino de cuál es el gobierno que recauda”, amenazando además con “profundas y nocivas consecuencias en la inversión y creación de empleo en Europa”.  Esta última amenaza también la profirió el portavoz del Tesoro estadounidense. El Consejero Delegado de Apple, Tim Cook, fue más lejos, calificando la multa de “basura política” y acusando a la CE de manejar “cifras falsas”.

¿Quién tiene razón?

El New Deal, ayer y hoy

162010_gga_img_0

No era un buen augurio. A la una de la mañana del lunes 6 de marzo, el Presidente Roosevelt, que había tomado posesión de su cargo apenas treinta y seis horas antes, aprobó la orden 2039, por la que se suspendían con efecto inmediato todas las actividades bancarias. Durante una semana, los ciudadanos estadounidenses no pudieron retirar dinero de sus cuentas ni cobrar cheques. El día 9 de marzo el Congreso aprobó la Ley Bancaria de Emergencia, con disposiciones que trataban de apoyar a los bancos solventes y de facilitar la restructuración y saneamiento de los bancos en dificultades. Cuando, al inicio de la semana siguiente, la mayoría de los bancos volvieron a abrir sus puertas, la sorpresa fue que los depósitos tendieron a superar a las retiradas de fondos.

Desmitificar el PIB

162010_pm_img_0

El crecimiento del PIB es un indicador útil en sus propios términos, pero no es ni el más revelador ni el más importante a la hora de valorar la situación económica de un país. Existe abundante literatura sobre las limitaciones y carencias del PIB como indicador de bienestar, el problema es que ni siquiera es un buen reflejo de lo que teóricamente trata de medir: el valor durante un período de tiempo de la producción de bienes y servicios finales o, en otros términos, el valor añadido.