En la entrada anterior vimos los perfiles generales de la coyuntura actual, los principios básicos de respuesta y cómo debe dimensionarse esta. En esta entrada revisaremos los mecanismos deseables de apoyo a trabajadores y empresas.
Apoyo a trabajadores
El apoyo debe ser el necesario para que todas las personas que tenían un empleo puedan mantener sus niveles de consumo básico (alimentos, energía, telecomunicaciones) y continuar pagando sus alquileres o deudas hipotecarias. Se trata de permitir que estas personas vulnerables puedan pasar esta época tan complicada que se avecina sin tensiones financieras extremas. Esa debe ser la referencia, por más que en la práctica el importe se fije en términos del salario previo.
Es importante que, sobre todo para los jóvenes, el apoyo sea suficiente para continuar cubriendo sus necesidades habitacionales, evitando un traslado forzoso a la casa paterna que podría ser muy peligroso en las circunstancias actuales. Para los ocupados por cuenta propia (autónomos y pequeños empresarios), el apoyo debería consistir en un mínimo a tanto alzado, pudiendo elevarse en función de sus ingresos fiscales (personales) declarados en años anteriores.
En términos agregados, el importe debería ser una parte de las rentas de carácter laboral (remuneración de asalariados[1]) que se generaban en las actividades económicas cuyo ritmo ha disminuido. El necesario para que esos trabajadores, que antes recibían sueldos porque los demás realizábamos consumo discrecional, puedan ahora recibir una fracción significativa de ese sueldo incluso en ausencia de ese consumo, en forma de transferencia pública.
Hagamos un ejercicio simple para aproximarnos a esta cuestión: supongamos que la economía tiene sólo dos sectores, el de “básicos” (consumo imprescindible que incluso en situación de confinamiento se quiere mantener[2]) y “no básicos” (consumo no imprescindible). Suponemos que las medidas de distanciamiento social son extremas y reducen el consumo de no básicos a cero.
Así las cosas, con números figurados y un PIB de 100:
| Peso en el VAB | De ese VAB | Perfil de demanda de trabajadores en ese sector | |
| Actividades básicas | 65 | ||
| Actividades no básicas | 35 | Rem asal: 20
EBE: 15 |
|
| TOTAL PIB | 100 |
Rem asal= remuneración asalariados; EBE= excedente bruto de explotación incluyendo rentas mixtas (rentas de autónomos y empresarios que retribuyen a la vez su trabajo y su capital); VAB= Valor Añadido Bruto
Esta tabla nos permite una primera aproximación al tipo de apoyo que hace falta. Las medidas extremas de confinamiento reducen la demanda de servicios no básicos básicamente a cero. Esto quiere decir que los 35 puntos de PIB dedicados a esas actividades desaparecen. Por tanto, los trabajadores y los autónomos que trabajan en él se quedan sin rentas con que continuar demandando bienes y servicios (básicos, los únicos ahora disponibles).
La sustitución de todas las rentas que recibían los factores capital y trabajo en ese sector no es deseable y en todo caso no es viable por cuestiones de escala. Por tanto, debe asumirse que el capital de esos sectores queda sin retribuir durante la duración de la pandemia, y el apoyo se centra en las personas ocupadas en ese sector, otorgándoles al menos un porcentaje de su salario que les permita seguir consumiendo bienes y servicios básicos (que son los únicos disponibles mientras la pandemia continúe). En el ejemplo antes citado, dado que la remuneración de asalariados en el sector asciende a 15 puntos de PIB, si suponemos una prestación del 60% del salario, el apoyo necesario ascendería a 10 puntos de PIB por año. A ello habría que añadir los autónomos y pequeños empresarios que trabajan en sus empresas, cuya renta por servicios personales es parte del EBE y debería recibir un tratamiento distinto (ver abajo).
¿Cuál debe ser la naturaleza de ese apoyo a los trabajadores?
El propósito fundamental del apoyo es paliar las situaciones de precariedad que esta situación va generando, pero debe estar siempre enmarcado en un objetivo general: que “el primer día después de la pandemia”, las cosas sean lo más parecidas posible a como eran el día antes de la pandemia. En realidad, ninguno de esos dos momentos puede identificarse con claridad, pero es muy útil tenerlos en mente como criterio orientador de la política económica y en la comunicación de esta: como se dijo antes, modular las expectativas de los agentes económicos es fundamental, y el framing “evento temporal-todo volverá a la normalidad” es el adecuado, dure lo que dure esta situación.
Por tanto, parece deseable que el apoyo a los empleados por cuenta ajena se base en un mantenimiento del vínculo laboral durante el periodo de crisis sanitaria, que transmite el necesario mensaje de “congelación” temporal de las relaciones laborales mientras esa situación se digiere. La congelación puede ser de iure (instrumentos tipo ERTE) o de facto, manteniendo la relación laboral pero sin que exista trabajo efectivo al ritmo habitual.
Durante esa suspensión, el Estado asumiría una parte del salario a través de una prestación ad hoc no contributiva, entregada al trabajador o a la empresa directamente con carácter finalista (para que lo dedique a salarios); ello permitiría que la persona pudiese mantener sus niveles básicos de consumo, atenuando el coste social y evitando además los impactos económicos de segundo orden. Dicha intervención puede complementarse con un pago adicional condicionado a que la empresa continúe sufragando parte del salario: por ejemplo, un pago incondicionado del 60% del salario y a partir de ahí 1 euro más por cada euro que pague la empresa, hasta llegar al 75% (y por tanto, hasta el 90% del sueldo para el trabajador).
Esta intervención quirúrgica sobre la fuente del problema macroeconómico (las empresas ralentizadas o paradas y los trabajadores que “sobran” en ellas temporalmente) permite evitar la problemática derivada de impago de facturas, alquileres o hipotecas -limitando este severo intervencionismo gubernamental a las áreas donde es imprescindible, y permitiendo preservar cierto orden financiero-legal en los sectores básicos, que hasta ahora funcionan con relativa normalidad. Fundamentalmente, si la operación anterior se hace bien, no debería haber efectos significativos de segundo orden a través de los trabajadores y ocupados en general.
Ello evitaría, también, los posibles impactos inducidos en el sector bancario, ya afectado por la necesaria digestión de los préstamos de dudoso cobro de todos los sectores no básicos, cuya capacidad inmediata de devolver deuda ha quedado gravemente mermada. Obsérvese, en todo caso, que toda la renta generada por retribución al capital en los servicios no básicos desaparece, dejando un importante “agujero” macroeconómico que sí tendrá efectos importantes de segundo orden, por bien que se hagan las cosas.
El enfoque antes citado hace también imprescindible que el apoyo público extraordinario sea abierta y declaradamente temporal, en función de la duración de la crisis. La razón de ser de esta línea masiva de ayudas es que la redundancia de mano de obra que está manifestándose responde a un shock de demanda masivo, indiscriminado y pasajero; pero cuando vuelvan los tiempos normales, el exceso de mano de obra en ciertas empresas responderá como siempre a señales de precios relativos sobre dónde sobra y falta fuerza de trabajo –el Estado no deberá interferir en ese proceso y deberá limitarse a proteger a las personas afectadas por él como hasta ahora sucedía.
Por consiguiente, las políticas imprescindibles y urgentes en la situación actual devendrían contraproducentes y nocivas en cuanto la situación se normalice, con un coste enorme en términos de eficiencia económica y de impacto presupuestario. En función de todo lo anterior, lo deseable es que esta prestación no contributiva se identifique claramente con la pandemia (“prestación COVID-19” o similar). Algo similar por cierto a lo que ha hecho el BCE, creando una línea ad hoc para la pandemia, reflejo de lo extraordinario del instrumento y las circunstancias que lo justifican.
Apoyo a empresas
Asumamos, en línea con lo anterior, que se consigue un frenazo ordenado de los sectores no básicos, y que esos pasan a estar en respiración asistida durante un cierto periodo de tiempo. El cobro de las facturas pendientes, la posibilidad de aplazar pagos de impuestos y la cobertura de una parte importante de sus nóminas les da un cierto alivio financiero.
Superado ese primer problema, las empresas tienen que sobrevivir hasta que la situación se normalice, con unos ingresos muy mermados y unos costes fijos no menores: alquileres, suministros ya comprometidos etc; algunos de estos costes podrán reducirse o incluso anularse aludiendo a circunstancias de fuerza mayor, pero el manejo legal de ese proceso no es sencillo ni rápido, y en cualquier caso difícilmente va a reducirlos a cero. Por tanto, muchas empresas pueden encontrarse con que sus mermados ingresos recurrentes no les permiten cubrir sus costes fijos. Por ahí pueden aparecer problemas de insolvencia y de tesorería.
A corto plazo, parece razonable que esa eventualidad pueda cubrirse con cargo a sus recursos propios y caja (no hay otra vía puesto que la venta de activos es muy complicada en estas condiciones). Pero ambas magnitudes son finitas, y si la crisis se prolonga, sería de esperar un aumento sustancial de las situaciones de insolvencia. Esto supondría un shock deflacionista importante, dado que la aparición de empresas nuevas que ocupen su lugar es complicada mientras se mantenga esta sustancial incertidumbre. Asimismo, supondría la ruptura definitiva de vínculos laborales y tendría un efecto muy negativo sobre las expectativas –sobre todo al poner en solfa el imprescindible “relato social” sobre un fenómeno temporal con efectos temporales.
Este escenario sí sería de enorme complejidad, obligando al Estado a asumir lo anterior o arbitrar líneas de capital que mantengan con vida al censo empresarial español. Este es el momento en que las pérdidas potenciales y las distorsiones económicas comenzarían a ser sustanciales, mientras los incentivos al aprovechamiento o gaming del sistema se multiplican. Desde el punto de vista económico, es absolutamente crucial no llegar a ese punto. Dado que las vacunas y anti-virales no llegarán a tiempo para evitarlo, es esencial que se pueda arbitrar algún sistema de seguimiento tipo big data que permita apoyarse en tests masivos a la población (con una protección especial hacia la población vulnerable) para permitir una “convivencia” con el virus con riesgos sanitarios manejables y compatible con una relativa normalidad económica. No tenemos mucho tiempo.
El post-confinamiento
Esta es la parte más delicada del proceso porque es lo que va a definir la magnitud de su eventual impacto permanente. El post-confinamiento será el momento en que cristalicen las pautas de gasto tras la crisis, y es fundamental que lo hagan de la manera más similar posible a las que había antes de la crisis, y de manera acompasada a la reconstrucción de la oferta. Existirá sin duda consumo reprimido por parte de quienes han seguido recibiendo la nómina sin mayores incidencias, pero también una capacidad de gasto mermada por la situación laboral de otros colectivos (despedidos, sujetos a ERTE con incertidumbre sobre su reincorporación), el deterioro de los balances empresariales y la propia coyuntura económica, clave para el gasto empresarial (incluyendo el de autónomos y pequeños empresarios). En general, después de al menos un mes de reclusión doméstica de la población, y con diversos factores de stress social, es más que factible que en ausencia de medidas se termine por generalizar un sentimiento de economía de guerra que lleve a preservar el ahorro y restringir el gasto.
Esto es importante porque puede haber tentaciones de pensar que lo peor ha pasado y ya hemos gastado mucho en cubrir los “agujeros” inmediatos abiertos por la crisis; que la economía se arreglará sola y tenderá a reequilibrarse, y que no hay que hacer nada más que dejar jugar a los estabilizadores automáticos. Sería un grave error. Tiene que haber un impulso decidido desde el lado de la demanda, que permita que la rueda de la economía eche a andar de nuevo y pueda recobrar el equilibrio con un nivel de gasto agregado similar al anterior; aunque se haga en parte vía transferencias, no debe pensarse en ellas como un gasto sino una inversión, con unos retornos extraordinariamente altos. Dada la interrelación entre los países de la UE, lo deseable sería que este programa pudiese al menos coordinarse a escala comunitaria, con un importe mínimo de impulso fiscal asegurado por parte de cada país.
Esto exigirá a las autoridades económicas jugar un cierto papel de “planificador soviético”, intentando dosificar el impulso según el lado de la oferta se vaya normalizando. En España, ello exigirá una atención particular a todo el sector de hostelería, y particularmente al turístico, donde la afluencia de turismo extranjero está seriamente amenazada y cabe empezar a pensar en vías para asegurar la máxima afluencia de turistas nacionales.
Un instrumento útil para hacerlo (y con larga tradición en los manuales de macro –pero menos en la práctica) serían las transferencias condicionadas, por ejemplo cupones que deban gastarse obligatoriamente dentro de cierto periodo de tiempo. Otra posibilidad es establecer una línea directa de apoyo a empresas viables, reforzando su capital para que puedan responder desde el lado de la oferta pese al golpe financiero sufrido durante el lockdown de la economía española (con plenos derechos económicos, condicionado a una aportación de capital similar por el empresario, y dando opción a la empresa a recomprar el capital por su valor nominal en un plazo determinado). Aparte de la aceleración de la inversión pública, y la anticipación en lo posible de la inversión privada en otros sectores (particularmente, los relacionados con el cambio climático). También se impone una cierta flexibilidad con los cobros de impuestos, con diferimientos tasados.
El programa de expansión fiscal tiene que partir de la base de que la capacidad productiva está, y fijarse como objetivo que se utilice al máximo. Evitando el riesgo de que el delicado tejido macroeconómico se empiece a deshilachar.
La importancia de esto no sólo es económica sino también política: este es un shock intrínsecamente temporal, y el electorado no entenderá que dé lugar a efectos permanentes, que a su vez requerirían esfuerzos a medio plazo de consolidación fiscal.
[1] Esto debería incluir también la retribución por el trabajo de pequeños empresarios en su propia empresa y de autónomos (i.e. la parte laboral de las “rentas mixtas” que forman parte del excedente bruto de explotación), pero por simplicidad no se consideran.
[2] Aunque hablamos de “consumo”, el gasto esencial incluiría también el gasto en vivienda, que supone inversión del hogar cuando la vivienda es propia. Es decir, la prestación debería estar dimensionada para cubrir también las cuotas hipotecarias.