El Banco Mundial ha vuelto a la actualidad reciente por la inesperada dimisión de su presidente, David Malpass (que dejará su cargo en junio 2023) y por la nominación por Estados Unidos de Ajay Banga para sucederle en el puesto. Pero no sólo por eso: desde hace unos años, la comunidad internacional viene pidiendo a los bancos multilaterales de desarrollo que incrementen significativamente sus inversiones en sostenibilidad y que apoyen a los países en su lucha contra el cambio climático. La última vez, en noviembre de 2022, durante la COP27 (la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático) de Sharm el-Sheikh.
El Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh solicita a los accionistas de los bancos multilaterales de desarrollo una reforma de sus prácticas y procesos, la alineación de sus prioridades y su financiación con el desafío de la emergencia climática, un incremento de sus volúmenes de inversión y una mayor innovación en sus productos financieros. Esta petición se nutre de las conclusiones del informe de un grupo de expertos sobre Financiación para el Cambio Climático, que, a su vez, abunda en las de un informe independiente sobre evaluación de la adecuación del capital interno de los bancos multilaterales.
La presidencia de la COP28 (prevista para diciembre de 2023 en EAU), que dirige ya sus esfuerzos diplomáticos hacia la consecución de avances significativos en las negociaciones para contener la subida de temperaturas por debajo de 1.5⁰ C, ya ha anunciado que apoyará activamente la reforma de los bancos multilaterales. Por su parte, India, que ostenta la presidencia del G20 durante 2023, se centrará en la financiación climática y podría crear un grupo de expertos para sopesar una reforma del Banco Mundial en este sentido. Y, para asegurar que la reforma de los bancos multilaterales se acomete firme y decisivamente, los presidentes de Francia y de Barbados incluirán este punto en la agenda de su próxima cumbre sobre el clima (que se celebrará en junio en París).
En cualquier caso, los organismos financieros multilaterales se enfrentan hoy a un cambio de paradigma. A golpe de sequía, de tifón o de inundación, están constatando cómo décadas de trabajo en promover el crecimiento y el desarrollo económico y social, erradicar la pobreza, mejorar las condiciones de vida o desarrollar el sector privado quedan barridas por eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. Estos, a su vez, son factores de inestabilidad, olas migratorias, conflictos y vulnerabilidad en los países menos desarrollados.
La gravedad de la crisis climática ha hecho que, en la última década, las instituciones multilaterales se hayan enfocado en favorecer la transición hacia unas economías y sociedades sostenibles, neutras en emisiones de CO2. Así, desde el primer informe conjunto sobre financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo de 2011 hasta el último de 2021, el volumen de inversión se ha triplicado.
Fuente: Informes anuales de financiación climática de la banca de desarrollo (Annual Joint MDB Climate Finance reports)
La próxima década hasta 2030 será crítica para frenar y revertir el calentamiento global. Según el mencionado informe del grupo de expertos, se necesitan del orden de 2 a 2,8 billones de dólares anuales de inversión sostenible en países en desarrollo y economías emergentes (excepto China). De ahí que todas las miradas se dirijan hacia la banca de desarrollo, para que se reformen y puedan continuar impulsando esta nueva revolución industrial y, sobre todo, incrementar muy significativamente su financiación climática.
Ahora bien, ¿en qué podrían consistir esas reformas? ¿Qué podrían hacer más, mejor o nuevo los bancos multilaterales de desarrollo?
En primer lugar, dado que una de las principales funciones de los bancos de desarrollo –además de su financiación directa– es influir en las políticas y marcos regulatorios de los países, contribuyendo a crear las condiciones necesarias para la inversión, una de las primeras medidas que se proponen es incrementar la coordinación con los gobiernos de los países para generar ecosistemas sectoriales que aúnen reformas y planes de inversión en sectores críticos para la mitigación y adaptación al cambio climático (como la energía, transporte, agricultura u obras hidráulicas). Así, más que invertir proyecto a proyecto, los bancos de desarrollo se centrarían en facilitar y coordinar inversiones.
Para ello, y en segundo lugar, los bancos de desarrollo podrían absorber con fondos propios los costes iniciales de un proyecto en países de alto riesgo hasta asegurar su viabilidad y poder atraer financiación privada. Ello requeriría un giro en la estrategia de estas entidades y sobre todo, una cantidad significativa de fondos (concesionales o donaciones) en forma de asistencia técnica y servicios de consultoría para realizar estudios de viabilidad y preparación de proyectos de inversión. Al mismo tiempo, habría que sufragar los posibles menores ingresos en su actividad bancaria tradicional.
En tercer lugar, se pide a los bancos de desarrollo que tripliquen sus inversiones en la próxima década, sin recurrir a ampliaciones de capital, tan sólo mediante una optimización de su balance (venta de activos y mayor apalancamiento, sin hacer peligrar su calidad crediticia) y de sus procesos y procedimientos internos, de forma que se puedan financiar más operaciones y más rápidamente. No obstante, el elevado endeudamiento de los países en desarrollo y economías emergentes pone en entredicho su liquidez y capacidad de absorción de nueva deuda sin recurrir a garantías adicionales, por lo que estas deberían provenir de fondos concesionales.
El desafío es enorme y de una gran complejidad. Sin duda, se ha avanzado mucho en los últimos años en la comprensión por parte todos los agentes económicos y sociales de que la acción climática es un problema público y global de primera magnitud. Los bancos multilaterales de desarrollo son un potente instrumento de política económica y financiera, dada su capacidad de influir en las agendas políticas y en las decisiones de inversión.
Ahora bien, para ejercer su función, deben estar bien equipados. Pretender triplicar el volumen de inversión sin incrementar su capital, sin cambiar sus estatutos para que puedan ser más flexibles o sin proporcionarles los fondos concesionales necesarios para preparar proyectos de inversión (mitigando sus riesgos para atraer inversión privada) se antoja imposible. Así que, antes de depositar demasiadas esperanzas en los bancos multilaterales de desarrollo, quizás habría que preguntar a sus accionistas (los gobiernos de los países) con qué nuevos elementos piensan dotarles para que puedan aumentar su eficiencia en la lucha contra el cambio climático.