El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España entra en 2022 con muchos proyectos sobre el papel, pero con un grado de ejecución bastante bajo. Es de esperar que poco a poco alcance velocidad de crucero, aunque ésta siempre vendrá limitada por algunos cuellos de botella: es mucho dinero que gestionar en muy poco tiempo.
Ya son tres los PERTE aprobados: el del vehículo eléctrico (13 de julio), el de salud de vanguardia (30 de noviembre) y el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (el 14 de diciembre). El más avanzado es el del vehículo eléctrico, aprobado por la Comisión el 8 de diciembre, bastante más tarde de lo previsto y con un discreto tirón de orejas por anunciar los probables adjudicatarios y la ubicación de la fábrica de baterías antes de la aprobación del proyecto en Consejo de Ministros (no digamos la licitación). Esto demuestra, en todo caso, que la Comisión está atenta a garantizar la competencia efectiva (nacional y europea), y eso es una magnífica noticia.
Por lo que respecta a las reformas, la de pensiones y la del mercado de trabajo han eclipsado avances en otras relevantes (como la ley concursal). La reforma de pensiones resulta manifiestamente insuficiente, al menos en términos de sostenibilidad financiera, y no hay que descartar correcciones sobre la marcha (inducidas por la Comisión o –lo que sería peor– por algunos Estados miembros en el Consejo). En cuanto a la del mercado de trabajo, quizás está lejos de la revolución que necesita España para corregir sus deficiencias estructurales, pero al menos es un paso en la dirección correcta y del que hay que celebrar el acuerdo entre agentes sociales. Esta es, probablemente, la mejor demostración hasta el momento de que los fondos europeos incentivan las reformas (ni patronal ni sindicatos querían asumir la responsabilidad del bloqueo de los fondos, y eso ha evitado posiciones maximalistas y favorecido cesiones razonables por ambas partes).
Llegados a este momento, sin embargo, hay tres importantes lagunas del Plan de Recuperación español que conviene solucionar cuanto antes.
La primera laguna es la información, sobre todo en relación con los criterios de reparto y los sistemas de adjudicación, tanto para el sector público como para el privado. En el ámbito público (en el que Comunidad Autónomas y entidades locales se quejan de que no han recibido mucha información desde que, al principio del diseño del plan, les pidieron listas de proyectos), es importante establecer protocolos reglados de transparencia y evitar cualquier imagen de favoritismo, no ya en la asignación (mucho más difícil en términos jurídicos de lo que se dice), sino siquiera en el grado de interlocución con el gobierno (probablemente mucho más fluida con unas CCAA que con otras). Y en el ámbito privado, porque aún se percibe un inmenso salto entre los proyectos sobre el papel y su implementación específica, lo que impide a las empresas prepararse con tiempo suficiente. Aquí el problema de interlocución e información lo tienen las PYMEs respecto a las grandes empresas. Por otro lado, quizás el Comité Técnico que asesora a la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (el órgano máximo del Plan, liderado por el presidente del gobierno) ganaría con la incorporación de algunos miembros del sector privado (ahora son todos funcionarios), al añadir una perspectiva complementaria.
La segunda laguna es la formación. Han aparecido informaciones sobre la contratación de interinos por el Gobierno y las Comunidades Autónomas para gestionar los fondos de recuperación. Sin ser una buena solución, es comprensible y demuestra el error de plantear un plan de gasto de 70.000 millones sin otro plan paralelo de refuerzo de los recursos humanos para gestionarlos. La Comisión se equivocó al prohibir expresamente que los Fondos de Recuperación pudieran financiar gasto recurrente (es decir, trasladable entre años presupuestarios), y aunque su intención (evitar abusos) fuera loable, en la práctica ha impedido agilizar la gestión de fondos; también debió el Gobierno plantear desde el primer momento un plan de choque de formación intensiva de funcionarios, o incluso de contratación de efectivos. La Comisión alega que el Reglamento de los fondos prevé usar un 5% en concepto de asistencia técnica externa, pero pretender que las consultoras en España dispongan de centenares de personas que dominen a un tiempo la gestión de fondos europeos y el funcionamiento interno de la administración española es pecar de ingenuidad. Hay que reforzar a toda prisa el capital humano de las administraciones públicas para evitar el estrangulamiento de los fondos por falta de efectivos (recordemos que la responsabilidad de los funcionarios no se altera aunque se les obligue a adjudicar en la mitad de tiempo).
La tercera laguna es la evaluación. Parte del agrio debate que estamos viendo estos días sobre el uso de los fondos se deriva de la inexistencia de un mecanismo claro de evaluación del gasto. Cualquier país que intente gastar las cantidades de las que estamos hablando y transformar la economía a velocidad de vértigo va a cometer errores, y eso es normal. Errar no es grave. Lo grave es perseverar en el error, y para evitarlo la única forma es garantizar una evaluación continua de la eficiencia del gasto que permita corregir el tiro, si es necesario. ¿De qué nos sirve que el Tribunal de Cuentas nos diga dentro de 10 años que se ha gastado todo conforme a derecho, cuando igual de importante es que se haya gastado en elementos verdaderamente transformadores de la economía? Aunque el gobierno optó por no utilizar una agencia para gestionar los fondos (lo que no es necesariamente un error: las agencias tienen sus ventajas y sus inconvenientes), el marco de gobernanza actual mejoraría mucho encomendando la evaluación continua del gasto a una agencia independiente. La AIReF, ya acostumbrada a hacer revisiones de la eficiencia del gasto o spending reviews, bien podría –dotada de recursos adicionales– efectuar análisis periódicos del funcionamiento del Plan que nos tranquilizarían mucho, o incluso revisar quejas sobre procedimientos o mecanismos de adjudicación. Eso facilitaría un debate sereno sobre transparencia y evitaría la penosa imagen del recurso a los tribunales o a la Comisión.
En estos momentos cruciales de debate sobre el futuro de Europa (como, por ejemplo, sobre las reglas fiscales), tanto España como Italia (los grandes receptores de fondos) tienen la responsabilidad de garantizar que el funcionamiento de los fondos Next Generation EU sea impecable. En el fondo y en la forma. Porque de ello dependerá no sólo la recuperación de sus economías nacionales, sino también la posibilidad de promover una economía europea sólida y una unión monetaria sin fisuras. El éxito o el fracaso del Next Generation EU será, en última instancia, el éxito o el fracaso de Europa.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
