El Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio ha sido una excelente noticia, pero ha generado un optimismo que resulta poco prudente. De cara a afrontar la crisis de la COVID, si el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del Banco Central Europeo ya nos insuflaba oxígeno, el Programa de Recuperación europeo nos proporciona anticoagulantes, que permiten que la sangre fluya por la economía y evite peligrosos bloqueos. Si la crisis se complica, el MEDE siempre estaría ahí para ofrecer respiración asistida, pero hemos de evitarlo a toda costa. La economía española tiene que luchar mucho por recuperarse porque, si llega a entrar en la UCI y termina requiriendo respirador, las probabilidades de salir adelante sin graves secuelas se reducen considerablemente. En Economía, como en Medicina, un diagnóstico rápido y una actuación decidida evitan muchas complicaciones posteriores.
Aunque vayamos a recibir fondos europeos, hay tres factores que deben hacernos moderar nuestro optimismo. En primer lugar, la constatación de que no podemos estimar de forma clara cuándo comenzará la recuperación: el incremento de los brotes en España podría asestar un nuevo y definitivo golpe a algunos sectores ya maltrechos como el turismo. La decisión del operador TUI de suspender todos los vuelos a España es una pésima noticia que llega justo antes de comenzar el mes de agosto.
En segundo lugar, el hecho de que gastar rápido y de forma eficiente es imposible sin una ágil coordinación entre Administración central, Comunidades Autónomas y entidades locales, y esa coordinación deja hoy mucho que desear. La petición de algunas comunidades de que el gobierno central asuma el mando en decisiones sanitarias, la falta de un marco jurídico apropiado para la imposición de restricciones a nivel autonómico sin incertidumbre jurídica, el caos de los datos o la falta de rastreadores en varias regiones son buenos ejemplos de ello.
Porque, no lo olvidemos: gastar bien y rápido los fondos va a ser muy difícil. La tasa de ejecución de fondos europeos en España es de las más bajas de la UE. Un buen ejemplo de la complejidad a la hora de gastar lo tenemos en el recientemente aprobado Fondo COVID-19 para las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros, distribuidos en cuatro tramos en julio, septiembre octubre y diciembre, destinados principalmente a Sanidad y Educación y cubrir caídas de ingresos y de viajeros en transporte público. La disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio que crea este Fondo tan sólo permite arrastrar a 2021 pagos de lo ya adjudicado en 2020, lo que obliga a gastar rápido. ¿Más médicos de refuerzo? No, porque las medidas no pueden aumentar el gasto estructural. ¿Más profesores de refuerzo para clases online en septiembre cuando empiece el curso escolar? Lo mismo. ¿Tabletas electrónicas para todos los alumnos? Imposible licitarlas, adjudicarlas y repartirlas antes de diciembre. ¿En qué se gastará entonces el dinero? No está claro, pero estos fondos “no tendrán carácter condicionado, por lo que será responsabilidad de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos”. Probablemente tenga una justificación, pero no parece que mezclar la rigidez en el cuándo con la flexibilidad en el cómo sea la mejor estrategia para gastar eficientemente.
En el reciente Informe del Real Instituto Elcano “¿Recuperación o metamorfosis? Un plan de transformación económica para España” insistíamos en la necesidad de acometer un verdadero proceso de priorización de inversiones de cara a la recepción de fondos europeos, evitando un burocrático reparto de dinero entre direcciones generales o consejerías autonómicas. El debate surgido en los últimos días de cara a la Conferencia de Presidentes autonómicos sobre la distribución de los supuestos 140.000 millones del fondo europeo no parece que vaya por ese camino. El “qué hay de lo mío” es la perfecta demostración de que somos muy malos exigiendo entre nosotros mismos la solidaridad que tan alegremente le pedimos al resto de Europa.
Urge, pues, un refuerzo inmediato de la coordinación institucional, mayor capacitación técnica (crucial en municipios pequeños), una normativa de gasto adecuada al siglo XXI (menos orientada al control a priori y más a la responsabilidad efectiva a posteriori), más medios informáticos y de compartición de datos, posibilidad de uso de remanentes… Y lo necesitamos ya. Cabría incluso pensar en mecanismos que incentiven la competencia territorial por la adjudicación de fondos. Y, por supuesto, hace falta algo que no se regula por ley: lealtad institucional.
El tercer elemento es la sensación de que la reforma fiscal ya no corre prisa. Eso un grave error. Plantear ahora mismo recortes de gasto a corto plazo sería una equivocación, pero como recordaba el Banco de España, es urgente diseñar desde este mismo momento una reforma fiscal integral que garantice una senda razonable para las cuentas públicas cuando los flujos de fondos europeos desaparezcan. Habrá que pensar en asegurar la sostenibilidad de las pensiones, revisar las ineficiencias del sistema tributario (el reciente informe presentado por la AIReF sobre los beneficios fiscales es una magnífica guía por la que empezar) y presentar un plan de reformas realmente ambicioso. Es una cuestión de credibilidad: los mercados deben estar convencidos de que hay una senda de sostenibilidad clara ya pensada y lista para aplicar a medida que se recupere la economía. Si nos centramos sólo en lo fácil, en lo que tiene menor coste político, tenemos muchas papeletas para el fracaso. Gastar 140.000 millones en unos pocos años es tarea hercúlea sin un previo refuerzo y reforma de la administración.
Esto, por supuesto, no es fácil, y requiere potenciar los consensos entre partidos, con generosidad tanto del gobierno como de la oposición. Pero el tiempo apremia: la recuperación podría tardar más de lo previsto, y el riesgo de fuertes tensiones en los mercados financieros no desaparece por el mero hecho de que exista un fondo de recuperación. La incertidumbre aún está presente, y no olvidemos que el PEPP del Banco Central Europeo ya está siendo evaluado por el Tribunal de Justicia de la UE, y cuando llegue la sentencia, no será nada fácil.
Sólo tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien. Necesitamos cambios profundos en el sistema que sean simultáneos al esfuerzo inversor. Es decir, cambiar el motor con el coche en marcha. Si no aprovechamos el oxígeno y la medicación para recuperarnos rápido, la economía española puede terminar requiriendo cuidados intensivos. Con una particularidad: esta vez, si el seguro europeo comprueba que hemos sido temerarios, se negará a correr con la factura.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
