La renta básica (RB) ‒una asignación monetaria pública incondicional para toda la ciudadanía‒ empieza con fuerza en 2017, con varios proyectos piloto previstos en Finlandia, Kenia, Oakland, Ontario, o Utrecht. La idea de la RB tiene un largo recorrido histórico cuya paternidad se ha atribuido al humanista español Juan Luis Vives (1492-1540) ya en el siglo XVI, que ha revivido en los últimos años, incluyendo en la agenda de los partidos políticos, en gran medida ligada a los retos que plantea la revolución de la economía de la información y la robótica en términos de sustitución del empleo. Se trata de una propuesta muy controvertida que encuentra defensores tanto desde el liberalismo como desde la socialdemocracia, pero también detractores desde ambas ideologías. Siguiendo el esquema de Anthony Atkinson (ethics, statistics and economics), el debate sobre la RB se puede articular en torno a tres grandes dimensiones: valores, economía y costes.
La dimensión de los valores del debate tuvo un buen reflejo en la década de 1970 en Estados Unidos, cuando la RB contó con el apoyo de reconocidos economistas desde orientaciones ideológicas muy diferentes. Economistas keynesianos como James Tobin apoyaban la RB por razones principalmente igualitarias, y la propuesta llegó a saltar a la arena política figurando en el programa del senador McGovern en las elecciones presidenciales del año 1972. Por el lado del liberalismo, Milton Friedman propuso un impuesto negativo sobre la renta, justificado en este caso como medio para sustituir el complicado sistema de ayudas sociales, cuyo control exigía un pesado aparato burocrático. Éste es el mismo tipo de argumento que se mantiene hoy en día, por ejemplo, desde el Cato Institute, referencia del neoliberalismo.
En su definición pura, la RB entronca más con el liberalismo porque supone una renta incondicional e igual para todos los ciudadanos con independencia de sus circunstancias individuales. Por tanto, se rompe el esquema socialdemócrata de la progresividad y el principio filosófico de justicia entendida como igual trato a los iguales y desigual a los desiguales. Desde aproximaciones socialdemócratas se alerta además del riesgo de que la RB perjudique a los más desfavorecidos si acaba sustituyendo los esquemas de protección actuales del Estado del Bienestar basadas en el aseguramiento ante un riesgo social (desempleo, jubilación) o a situaciones objetivas de necesidad (desempleo, incapacidad, dependencia, viudedad, orfandad).
Sin embargo, la redistribución puede resolverse recurriendo a la progresividad en su financiación o modulando la RB en función del ingreso (si bien dejaría de ser RB en sentido estricto y perdería su simplicidad). Más aún, como señala Atkinson, por encima de consideraciones redistributivas, la RB tiene un componente de principio moral que la justifica en sí misma por ir en la dirección adecuada de mejorar la justicia social desde muy distintas perspectivas como paliar la pobreza, reducir la desigualdad redistributiva, facilitar la igualdad de oportunidades, o favorecer la libertad real de elección del ciudadano, al que se le da recursos para ejercerla.
Desde la dimensión económica el debate se centra en dos elementos: el impacto de la tecnología sobre el empleo y los incentivos que genera una RB. En el primer caso, se argumenta que el progreso tecnológico reduce la necesidad de mano de obra, haciendo caer los salarios a niveles intolerablemente bajos, un debate que ya se produjo con la revolución industrial, cuando las nuevas tecnologías trajeron nuevos tipos de trabajo. Las proyecciones son dispares. Un estudio muy citado de Citi con la Oxford Martin School estima que en los países de la OCDE el 57% de los trabajos son susceptibles de automatización (el 69% y 77% en el caso de India y China respectivamente). Sin embargo, desde la propia OCDE se apunta que la automatización solo afectaría en media al 9% de los trabajos. El tiempo dirá, aunque parece difícil que el empleo no se vea afectado cuando incluso tareas como las respuestas a preguntas parlamentarias pueden sustituirse por inteligencia artificial.
Sí que parece más concluyente el impacto de la tecnología sobre la desigualdad y la pérdida del peso de los salarios en la distribución del producto (ver post anterior). En este caso, la RB constituye en sí misma una vía de redistribución, además de reforzar la capacidad del trabajador de rechazar condiciones laborales precarias. Un elemento adicional, es la equidad intergeneracional, especialmente a la vista del impacto de la crisis en los jóvenes, tanto actualmente con su mayor desempleo, como en el futuro de sus pensiones (cuyo esquema de financiación actual depende de trabajos fijos y estables, cada vez menos frecuentes).
Desde el lado de los incentivos, los detractores de la RB plantean que minaría la ética del trabajo y desincentivaría la búsqueda de empleo, apareciendo problemas del tipo del surfista de Malibú (un gorrón que vive de la RB sin contribuir a la sociedad), lo que en grandes números haría la RB insostenible. Los defensores plantean que la RB mejora los incentivos porque da más margen al individuo para elegir su trayectoria vocacional, mejorando su capacidad creativa y sus decisiones sobre inversión en educación, en proyectos empresariales, o en actividades de voluntariado o de asistencia a familiares (hijos, mayores), que redundan en beneficio para la sociedad (hay vida más allá del trabajo remunerado, que por otro lado escasea). Más aun, la RB puede mejorar el empleo al evitar el problema de la trampa del desempleo (el desincentivo a trabajar cuando las condiciones laborales están próximas a la prestación por desempleo), porque la renta no se pierde al conseguir un trabajo. Este tipo de consideraciones llevan a propuestas de RB que incluyan el principio de participación en sociedad entendido en sentido amplio, bien trabajando, bien dedicado a actividades consideradas socialmente deseables (o a requisitos de ciudadanía para frenar el efecto llamada de inmigrantes).
En este ámbito adquieren importancia los estudios empíricos sobre la RB. Dos buenas referencias son BIEN (Basic Income Earth Network) y de Give Directly. Las observaciones apuntan a que no habría un impacto negativo significativo sobre el empleo, ni sobre el abuso de los receptores; y sí habría algunas tendencias positivas en términos de menores bajas laborales, mayor escolarización o búsqueda de (mejores) empleos. En cualquier caso, la evidencia no es concluyente, plantea dudas metodológicas y se basan en experiencias que no constituyen RB en sentido estricto porque no cumplen alguno de los requisitos de universalidad, suficiencia para cubrir necesidades básicas o por estar limitadas en el tiempo o geográficamente. Los programas piloto programados a partir de 2017 van acompañados de proyectos de investigación empíricos que podrán arrojar nuevos resultados.
El principal escollo para la RB es su elevado coste de financiación. James Tobin planteó una sencilla fórmula para aproximar: suponiendo que la renta fuera un porcentaje (m) de la renta media nacional Y/N, siendo Y la renta nacional y N la población (dado el aumento de la desigualdad, hoy podrá tener más sentido calcularlo sobre la renta mediana), cada ciudadano recibiría una cuantía de m (Y/N), de forma que, al ser universal, serían necesarios mY recursos, es decir, exigiría un porcentaje (m) de presión fiscal (suponiendo que toda la renta pudiera ser gravada). En el caso de España, con una renta nacional disponible por cápita de 18.000 euros, una renta básica de 6.000 euros (500 euros al mes) equivaldría a una presión fiscal del 33,3 por ciento del PIB, muy costoso, el doble del gasto actual en transferencias. La aplicación de la RB exigiría un debate de números que combinara una calibración de la cuantía y la cobertura, el recorte de otros gastos ‒desempleo y pensiones se verían reducidos (creo que no debería tocarse educación y sanidad)‒ y el aumento de impuestos.
La RB es una propuesta que debe ser seriamente valorada. Con un mercado de trabajo en el que persisten situaciones de alto paro juvenil y de larga duración, provisionalidad en el empleo (pensar que la RB puede conducir a la indolencia no puede sino resultar irritante para los millones de parados), y serias incertidumbres sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo, disponer de una red de seguridad como la RB, puede favorecer notablemente el proceso de adaptación al nuevo entorno económico. Las iniciativas de 2017 nos permitirán disponer de mayores elementos para valorar su impacto.
Gracias por el articulo.
Yo estaria muy deacuerdo con un impuesto progresivo de la renta, con tasas negativas para las rentas mas bajas, de forma que las personas que no tengan renta tengan un minimo para defenderse. Esta medida deberia ir acompaniada por un recorte del gasto publico, en su conjunto, de manera que no exista un incremento en la presion fiscal. Siempre me parece mejor, cuando se pueda, que el dinero pasa de ciudadanos a ciudadanos directamente, en lugar de que pase por las administraciones publicas. Es una idea como indicas de Milton Friedman que creo que nunca se ha probado. Milton lo explico muy bien en varias publicaciones.
Gracias Fernando. A mi también me parece una propuesta interesante que, en efecto, exigiría ajustes en otras partidas de gasto, principalmente transferencias(prestación por desempleo, parte de la pensión); pero creo que debe complementar, no sustituir, el gasto en educación o sanidad, por ejemplo. Tampoco me preocupa que aumente la presión fiscal, que es especialmente baja en España (aprox. 35% PIB), respecto a la media europea (40). Es parte del atractivo de la RB, que casa con un enfoque liberal y también socialdemócrata.
Totalmente a favor de la Renta Básica. Muy buen artículo, por cierto. Te felicito. Recomiendo también la lectura del artículo sobre la Renta Básica Universal de Sin Límite Diario: http://www.sinlimitediario.es/2017/02/la-renta-basica-universal-un-derecho-de-cualquier-ciudadano/