El ánimo reformista parece estar apagándose en Europa. Frente al impulso francés, la nueva coalición en Alemania y los países del norte de Europa están echando jarros de agua fría a las reformas más ambiciosas que buscan establecer mecanismos comunes para contrarrestar las asimetrías entre países. Hay cierto consenso en las carencias de la UEM, pero, cuando entran en juego los asuntos del dinero, las soluciones y los tiempos para aplicarlas varían mucho. Los plazos tampoco ayudan, teniendo en cuenta que las elecciones del parlamento europeo serán en mayo de 2019. Se abren las apuestas: ¿qué reformas impulsará el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio?
Existe consenso en el diagnóstico: la UEM es incompleta, sigue manteniendo un elevado componente de riesgo país, tanto en el ciclo económico como en los sistemas financieros. La intensidad y/o duración de los ciclos y los costes del ajuste siguen siendo eminentemente nacionales. Faltan mecanismos que permitan a los países afrontar estas asimetrías. Las diferencias vienen en las soluciones: la asimetría puede resolverse, bien con soluciones europeas que suponen la puesta en común de recursos para enfrentar los riesgos de manera conjunta, bien a través de mecanismos de mercado y de que sean los propios países los que fortalezcan sus propios colchones nacionales (debilitados con la crisis) para afrontar las crisis.
En el bloque de las soluciones comunes se plantean propuestas (varias ya apuntadas en 2015 en el informe de los cinco presidentes) que implican una mutualización de recursos a nivel europeo: un Tesoro europeo con un presupuesto con capacidad anticíclica, eurobonos, impulsar la unión de mercados de capitales, o completar la unión bancaria con un sistema europeo de garantía de depósitos (SEGD) y dotando de suficiente capacidad financiera al Mecanismo Único de Resolución (MUR) para hacer frente a las situaciones de resolución y de iliquidez. Este tipo de soluciones parecen, sin embargo, lejos de la agenda política. Como veíamos, la propia Comisión ‒que debería ser el principal garante de la política de lo común‒ ya se ponía la venda antes de la herida y reducía en su informe de mayo del año pasado sus ambiciones mutualizadoras.
Este último año se han planteado dos tipos de estrategias disuasorias por parte de los que están en contra de las soluciones comunes. La primera es posponer cualquier mutualización hasta que los países hayan resuelto antes sus pasivos contingentes –por ejemplo, el paro y los desequilibrios fiscales (déficit y niveles de duda)– antes de pensar en un presupuesto europeo; o los activos dudosos y las tenencias de deuda pública en el sistema financiero, antes de completar la unión bancaria. La segunda, plantear otro tipo de alternativas que buscan soluciones de mercado y que los países mejoren su propia capacidad para hacer frente a la crisis. Son propuestas que plantean distintos tipos de problemas (pudiendo incluso ser contraproducentes), como veíamos, por ejemplo, para el caso de los mecanismos de titulización de la deuda soberana (ESBies) o de un Fondo Monetario Europeo.
Sin embargo, parece que tanto las dificultades procedimentales de la negociación en Europa como el cambio en la voluntad política –especialmente en los dos últimos meses– nos están llevando incluso fuera de este segundo tipo de alternativas. Las dificultades procedimentales se observan sobre todo en el caso de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) donde existe un alto consenso político sobre la necesidad de impulsarla, porque implica un tipo de estrategia que a todos contenta: mercados más integrados que permitan compartir riesgos a través del sector privado (y no vía recursos públicos). El Brexit ha acelerado además este interés al concentrarse en el Reino Unido la mayor parte de la actividad del mercado de capitales europeo (entre el 40 y el 80 por ciento, dependiendo del segmento de mercado).
No obstante, su desarrollo se ha visto lastrado por las dificultades de armonizar esquemas legislativos de 27 países y el progreso del plan de acción de la UMC lanzado en 2015 ha sido lento. El pasado marzo, la Comisión presentó una nueva iniciativa para acelerar las reformas en los mercados de fondos de inversión, de bonos garantizados y en las operaciones transfronterizas de créditos y valores. Bruegel, acaba de presentar ante el Ecofin una propuesta que prioriza el reforzamiento de la Autoridad Europea de Mercados y Valores con más recursos y competencias, para que sea esta la que lidere el proceso de la UMC.
En el ámbito de la unión bancaria y de los mecanismos anticíclicos en Europa, el freno está viniendo sobre todo por la pérdida de apetito y de la posibilidad de acuerdo político. En un comunicado conjunto del pasado marzo, los ministros de los países escandinavos y bálticos y de Irlanda y Países Bajos bajaron las expectativas sobre la reforma de la UEM, resaltando que los cambios deben tener el apoyo de la opinión pública en los estados miembros. En este sentido, enfatizan las reformas a nivel de país (colchones fiscales nacionales y reformas estructurales) y limitan las reformas europeas a un respaldo fiscal para el MUR y a la posible reconversión del MEDE en un FME, incluyendo la posibilidad de un esquema de reestructuración de deuda soberana ‒lo que es inaceptable desde el punto de vista de los países sur con mayores niveles de deuda pública, por la desconfianza que introduciría en el mercado de deuda soberana un esquema de este tipo‒. También el grupo parlamentario alemán del CDU/SPD ha puesto freno a iniciativas que supongan una capacidad fiscal de la UE o incluso a un FME, si no hay reforma de los tratados (sin Alemania es imposible avanzar).
El péndulo se está moviendo rápidamente hacia soluciones de mínimos. Se hace más vigente que nunca la muy repetida cita de Monnet: “¿De haber adoptado antes unas medidas tan simples, hubieran evitado la gran crisis? Plantearse esta cuestión es ignorar que los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante la crisis.” Las reformas solo son posibles en tiempos malos.
Queda todavía la esperanza del importante capital político que ha puesto sobre el tapete Francia –y Macron en persona– en favor de una reforma en Europa. Algo tiene que darle el Consejo Europeo de finales de junio. Mi apuesta, desafortunadamente, es por una reforma light: la agenda acelerada de la UMC de la Comisión, algún fondo europeo para emergencias (rainy day fund), una capacidad financiera suplementaria para el MUR en el MEDE, y una patada hacia adelante para el resto de temas, incluido un plan de medio plazo para el SEGD.