Parece que la nueva Comisión Europea está asumiendo un papel más geoestratégico y decidido en el complicado escenario mundial. Y como muchos analistas apuntan, la política comercial es probablemente el instrumento más potente con el que cuenta en la actualidad, como vector para proyectar en el mundo los valores y los intereses de la sociedad de la UE.
Dentro de las prioridades que se han marcado para este nuevo mandato 2019-2024, la UE quiere asegurar la sostenibilidad de las cadenas de valor a través del respeto a las reglas internacionales en términos de trabajo infantil y de protección medioambiental. Para ello, todos los acuerdos comerciales incluyen un capítulo con compromisos explícitos en los acuerdos multilaterales en materia de clima, de biodiversidad, de productos químicos y residuos, de conservación de los bosques, de sostenibilidad de la pesca, de respeto a los derechos laborales y de conducta responsable de los negocios.
Además, en busca de la coherencia con el resto de políticas y del aprovechamiento de sinergias, las intervenciones de la UE en materia de cooperación al desarrollo para la programación 2021-2027 pretenden promover el desarrollo sostenible e igualitario en los países beneficiarios, con el acento puesto en la creación de empleos de calidad.
El cruce de intereses de estas dos líneas de acción ha tomado la forma en algunos países de un potente instrumento a activar como palanca de desarrollo: una reglamentación específica y obligatoria para pedir certificados de producción libre de trabajo infantil y de prácticas de deforestación. La creciente preocupación de los consumidores europeos por la protección del medioambiente y la defensa de los derechos humanos se ha concretado en una petición del Parlamento europeo para que la Comisión prepare una regulación que luche conta la deforestación «importada» y contribuya a la mejora de la sostenibilidad de las plantaciones agrícolas. Algunas ONG y consumidores europeos aseguran «no querer consumir ni una tableta más de chocolate si ha sido producida gracias al trabajo de niños o contribuyendo a la desaparición de un bosque». Así, el proyecto de regulación que impida la entrada en el mercado europeo de productos no obtenidos según criterios de sostenibilidad debería adoptarse antes del fin de 2021, tras haber finalizado la consulta pública.
En el caso particular de Costa de Marfil, principal productor de cacao del mundo, el poder de la UE en este sentido es considerable, porque compra aproximadamente el 70% de su producción, llegando el comercio a unos 2.700 millones de euros anuales. Esta cifra casi se ha duplicado en los últimos 10 años, gracias a la entrada sin aranceles y sin cuotas de este producto en el mercado europeo.
Fuente: UN Statistics
Sin embargo, los operadores marfileños aceptan a regañadientes la aplicación inminente de una normativa tan exigente por el negativo impacto que tendrá a corto plazo en una economía que depende en un 40% de estos ingresos. La súbita caída de las exportaciones de cacao podría complicar aún más la superación de la crisis desatada por el coronavirus, aumentando la tasa de pobreza que, a pesar de los avances recientes, se sitúa todavía en el 37,2%, según el Banco Mundial. Aunque algunos estudios (Sellare et al, 2020) muestran los resultados positivos en términos de bienestar de la aplicación de estándares de sostenibilidad, los agricultores temen que todo el peso de cumplir esta regulación caiga sobre ellos, sin que tengan ni la capacidad técnica ni los recursos para hacerlo.
El gobierno marfileño a su vez asegura que los objetivos son comunes, pero rechazan la aplicación obligatoria y no voluntaria de estos estándares. Aseguran que ya se están implicando decididamente en luchar tanto contra el trabajo infantil como contra la deforestación, dedicando para ello crecientes recursos presupuestarios. Se añaden muchos problemas que complican su aplicación, como la fuerte inmigración ilegal procedente de los países limítrofes y, sobre todo, la falta de actividades alternativas. Efectivamente, el problema de la deforestación y del trabajo infantil está muy ligado a los bajos ingresos de los productores: si no tienen acceso a un ingreso mínimo para vivir, extienden la producción para intentar aumentar sus recursos. En este sentido, utilizando su poder de cuasi-monopolio (aqui), Costa de Marfil y Ghana aplican desde la campaña 2020/2021 un precio fijo de 400 dólares por tonelada de cacao en todos los contratos que se firmen, aunque no se puede asegurar que ello beneficie directamente al cultivador. En cuanto al respeto de los bosques, están aprobando nuevas normas (un código en Costa de Marfil desde 2019 prohíbe cualquier nueva deforestación, con penas de cárcel y multas que pueden llegar hasta 30.000 euros), si bien no cuentan con los recursos policiales para asegurar su respeto. Por otro lado, sostienen que el problema del trabajo infantil debe abordarse invirtiendo en educación, no exigiendo estándares cuyo cumplimiento drenará más recursos de las exiguas arcas fiscales. Insisten, además, en que su apuesta por la industrialización a través de la transformación local del cacao irá dando frutos en los próximos años que ayudarán a mejorar la sostenibilidad del sector.
Por ello, la UE está haciendo agendas complementarias para ayudar a la transición. De hecho, su programación de cooperación para el periodo 2021-2027 en Costa de Marfil va a destinar la gran parte de sus recursos a ayudar a garantizar un ingreso decente a los productores de cacao, a coordinar la fijación de los estándares, a establecer los sistemas para la trazabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, a dar capacitación a los agricultores y a coordinar la asistencia técnica y los mecanismos financieros.
La clave, por tanto, es que haya mucho diálogo entre las autoridades europeas y las de los países productores para trabajar conjuntamente y conseguir que los exigentes criterios comerciales sirvan para desencadenar políticas decididas y bien diseñadas que mejoren las formas de producción. Se podrá así aumentar el valor añadido y encontrar actividades alternativas para poder crear desarrollo sostenible que aumente a largo plazo el bienestar de la población de estos países.
La EU sin Reino Unido va a fracasar si no hay apoyo de una potencia de afuera.
Gustavo Woltmann