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Reglas fiscales: un debate demasiado estrecho

El debate sobre la reforma de las reglas fiscales sigue abierto, y falta ya poco tiempo para la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España y toda la Unión Europea se juegan mucho en esta negociación, que no por importante no deja de ser una parte de un debate de mucho más calado sobre la gobernanza económica de la zona euro.

No hay seguridad económica sin seguridad financiera

Gran parte del debate europeo de los últimos meses ha girado en torno al concepto de “seguridad económica”, un término difícil de definir pero que se ha vinculado fundamentalmente a la capacidad industrial y tecnológica.

La idea fundamental es que la Unión Europea no puede depender en exceso de materias primas o de tecnologías clave para su desarrollo que procedan de países no confiables o que puedan verse sujetas a disrupciones inesperadas.

Predicar la unión fiscal con disciplina fiscal

Ahora que los mercados están dando un respiro y alejan por el momento el riesgo de una crisis de deuda en Europa (un oscuro nubarrón que aún no se ha disipado del todo) es el momento de hablar de reglas fiscales, y también de cómo predicar con el ejemplo.

La respuesta europea ante la COVID-19

Europa se enfrenta a una crisis sin precedentes, tanto por su magnitud (la Comisión espera una contracción histórica de la economía europea del 7,5% este año) como por su tipología. Y es que, a diferencia de otras crisis, la economía no se contrae por ninguna causa endógena, es decir, no cae por su propio peso, sino como consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia, que han tenido como consecuencia inevitable una contracción tanto de la oferta como de la demanda. Otra diferencia es que, esta vez, la UE y sus Estados miembros han sacado toda la artillería. Se ha puesto en marcha toda una batería de instrumentos (por un importe de más de 3,4 billones de euros) y es previsible que el esfuerzo se mantenga en el futuro, con la activación del Plan de Recuperación para Europa que presentó el 27 de mayo la Comisión.

Y Merkel cambió de opinión

Una tarde de primavera de 1946 Friedrich Hayek, de visita en Londres, coincidió con Keynes en una cena en el King’s College. Después del postre, Hayek aprovechó para expresarle su preocupación por el hecho de que dos de sus discípulos estuvieran promoviendo políticas fiscales expansivas en contextos que podrían ser inflacionistas. Keynes, por supuesto, no le dijo que eso era una tontería, ni le llamó agorero, ni se le ocurrió decir que inflación y desempleo no podían aumentar a la vez. Sonrió y se limitó a responder, con elegancia: “Mis teorías eran importantes en los años treinta, cuando el problema era la deflación, no la inflación. Créame, si la inflación alguna vez se convierte en un problema, seré el primero en denunciarlo y darle la vuelta a la opinión pública”.

¿Se extralimita el Banco Central Europeo?

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA[1]) ha sido muy polémica[2] porque, aunque se refiere sólo al “Public Sector Purchase Program” (PSPP[3]), lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, ha supuesto un desafío legal de primera magnitud y puede afectar a la ejecución de programas monetarios posteriores del BCE. Resumiendo, la sentencia dice que, en principio, considerando el volumen y la duración del programa, éste puede ser desproporcionado, interfiriendo con las medidas de política económica que son una competencia exclusiva de los Estados Miembros (EEMM). Por tanto, el TCFA concluye que todo hace indicar que el BCE ha excedido los límites establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) a la cesión de soberanía acordada por los EEMM.

El constitucional alemán y las costuras de la UE

Por si no teníamos suficientes problemas en Europa, el pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal constitucional alemán decidió jubilarse con una andanada de fuegos artificiales: una sentencia que establece que el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) supone una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo (BCE). Que diga eso es grave, pero lo es aún más teniendo en cuenta que hace catorce meses el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), máximo intérprete de la legislación comunitaria, dijo justo lo contrario.

El juego político del constitucional alemán

En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.

Europa no es sólo una cuestión de solidaridad

El debate sobre la necesidad de una intervención fiscal conjunta europea para hacer frente a la crisis del coronavirus empezó mal, pero va por buen camino. De los tristes argumentos morales que insistían en hacer paralelismos con la crisis de 2010, como si el problema fuera que España e Italia se habían contagiado por encima de sus posibilidades, poco a poco se ha ido pasando a una discusión técnica. El Eurogrupo del 9 de abril logró un acuerdo basado en una nueva línea de crédito de emergencia del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) sin condicionalidad, un fondo de garantía para la financiación empresarial a través del BEI y un mecanismo de asistencia financiera –bautizado como SURE– gestionado por la Comisión y destinado a financiar los gastos de los Estados miembros en esquemas de reducción temporal de empleo (como los ERTE de España). La última pieza es el Fondo de Recuperación, que deberá nutrirse del presupuesto de la UE, pero utilizando también la emisión de deuda, y ejecutarse con espíritu de solidaridad. El Consejo Europeo deberá concretar los perfiles de este instrumento.

Por qué España no debe pedir un préstamo del MEDE

El Eurogrupo del 9 de abril acordó crear una nueva línea de préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) llamado “Pandemic Crisis Support” (PCS). Varios artículos, como el de Aitor Erce, Antonio García Pascual y Toni Roldán, el de Antonia Díaz y Luis Puch o hilos de twitter como el de Miguel Carrión abogan por que España acuda a un préstamo del MEDE, tanto por el ahorro de intereses como porque, aunque este sea limitado, permitiría ahorrar indirectamente en los intereses del resto de las emisiones. También los hay que consideran irrelevante la existencia o no de condicionalidad del instrumento, que tachan solo de cuestión de estigma político.

En este post nos aproximamos al problema desde el barro de los detalles. Les adelanto que los detalles son tan relevantes que no justifican pedir el préstamo del MEDE.