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La respuesta europea ante la COVID-19

Europa se enfrenta a una crisis sin precedentes, tanto por su magnitud (la Comisión espera una contracción histórica de la economía europea del 7,5% este año) como por su tipología. Y es que, a diferencia de otras crisis, la economía no se contrae por ninguna causa endógena, es decir, no cae por su propio peso, sino como consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia, que han tenido como consecuencia inevitable una contracción tanto de la oferta como de la demanda. Otra diferencia es que, esta vez, la UE y sus Estados miembros han sacado toda la artillería. Se ha puesto en marcha toda una batería de instrumentos (por un importe de más de 3,4 billones de euros) y es previsible que el esfuerzo se mantenga en el futuro, con la activación del Plan de Recuperación para Europa que presentó el 27 de mayo la Comisión.

Y Merkel cambió de opinión

Una tarde de primavera de 1946 Friedrich Hayek, de visita en Londres, coincidió con Keynes en una cena en el King’s College. Después del postre, Hayek aprovechó para expresarle su preocupación por el hecho de que dos de sus discípulos estuvieran promoviendo políticas fiscales expansivas en contextos que podrían ser inflacionistas. Keynes, por supuesto, no le dijo que eso era una tontería, ni le llamó agorero, ni se le ocurrió decir que inflación y desempleo no podían aumentar a la vez. Sonrió y se limitó a responder, con elegancia: “Mis teorías eran importantes en los años treinta, cuando el problema era la deflación, no la inflación. Créame, si la inflación alguna vez se convierte en un problema, seré el primero en denunciarlo y darle la vuelta a la opinión pública”.

¿Se extralimita el Banco Central Europeo?

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA[1]) ha sido muy polémica[2] porque, aunque se refiere sólo al “Public Sector Purchase Program” (PSPP[3]), lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, ha supuesto un desafío legal de primera magnitud y puede afectar a la ejecución de programas monetarios posteriores del BCE. Resumiendo, la sentencia dice que, en principio, considerando el volumen y la duración del programa, éste puede ser desproporcionado, interfiriendo con las medidas de política económica que son una competencia exclusiva de los Estados Miembros (EEMM). Por tanto, el TCFA concluye que todo hace indicar que el BCE ha excedido los límites establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) a la cesión de soberanía acordada por los EEMM.

El constitucional alemán y las costuras de la UE

Por si no teníamos suficientes problemas en Europa, el pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal constitucional alemán decidió jubilarse con una andanada de fuegos artificiales: una sentencia que establece que el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) supone una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo (BCE). Que diga eso es grave, pero lo es aún más teniendo en cuenta que hace catorce meses el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), máximo intérprete de la legislación comunitaria, dijo justo lo contrario.

El juego político del constitucional alemán

En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.

Europa no es sólo una cuestión de solidaridad

El debate sobre la necesidad de una intervención fiscal conjunta europea para hacer frente a la crisis del coronavirus empezó mal, pero va por buen camino. De los tristes argumentos morales que insistían en hacer paralelismos con la crisis de 2010, como si el problema fuera que España e Italia se habían contagiado por encima de sus posibilidades, poco a poco se ha ido pasando a una discusión técnica. El Eurogrupo del 9 de abril logró un acuerdo basado en una nueva línea de crédito de emergencia del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) sin condicionalidad, un fondo de garantía para la financiación empresarial a través del BEI y un mecanismo de asistencia financiera –bautizado como SURE– gestionado por la Comisión y destinado a financiar los gastos de los Estados miembros en esquemas de reducción temporal de empleo (como los ERTE de España). La última pieza es el Fondo de Recuperación, que deberá nutrirse del presupuesto de la UE, pero utilizando también la emisión de deuda, y ejecutarse con espíritu de solidaridad. El Consejo Europeo deberá concretar los perfiles de este instrumento.

Por qué España no debe pedir un préstamo del MEDE

El Eurogrupo del 9 de abril acordó crear una nueva línea de préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) llamado “Pandemic Crisis Support” (PCS). Varios artículos, como el de Aitor Erce, Antonio García Pascual y Toni Roldán, el de Antonia Díaz y Luis Puch o hilos de twitter como el de Miguel Carrión abogan por que España acuda a un préstamo del MEDE, tanto por el ahorro de intereses como porque, aunque este sea limitado, permitiría ahorrar indirectamente en los intereses del resto de las emisiones. También los hay que consideran irrelevante la existencia o no de condicionalidad del instrumento, que tachan solo de cuestión de estigma político.

En este post nos aproximamos al problema desde el barro de los detalles. Les adelanto que los detalles son tan relevantes que no justifican pedir el préstamo del MEDE.

Más Europa, sí, pero por mayoría cualificada

“¿Y cuál es el teléfono de Europa?”. Esta pregunta retórica atribuida a Henry Kissinger –y probablemente falsa, como tantas de las que se atribuyen a Churchill– pone de manifiesto la dificultad para saber dónde se concentra el poder europeo. Y tiene sentido, porque la respuesta no es nada evidente.

El pasado 6 de abril la canciller alemana, Angela Merkel, dijo en una conferencia que “la respuesta” a esta crisis del coronavirus sólo podía ser “más Europa”. Pero igual hay que aparcar el sentido retórico, arremangarse y decir: “Estupendo. ¿Y qué quiere decir exactamente más Europa?”

El embrión del presupuesto euro y la urgencia italiana

Los documentos acordados en el Eurogrupo y refrendados por el Consejo Europeo en su reunión del 21 de junio sobre la reforma del euro han sido saludados por un coro de lamentos. Aunque ha habido ministros que han hablado de una mini-revolución, la mayoría de economistas que siguen el tema se han lamentado del corto alcance de las medidas acordadas. No hay grandes novedades ni en las líneas básicas del Instrumento Presupuestario para la Convergencia y la Competitividad (BICC) ni en el borrador de acuerdo modificado para el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Algunos han llegado a concluir que, para este resultado, mejor no haberse molestado, sobre todo cuando los últimos acontecimientos confirman que la necesidad de una política fiscal del euro es acuciante. No es que disienta de esta interpretación, pero ofrecería otra: a corto plazo, la zona euro se la juega en Italia, no en el presupuesto.

El otro error de la Cumbre del Euro

¿En qué me beneficia a mí, como ciudadano, la Unión Europea? La respuesta a esta pregunta sigue siendo la piedra angular de la sostenibilidad social del proyecto europeo. Y esa respuesta no es estática, sino que ha ido variando a lo largo de la Historia: en los años 50 era evitar una nueva guerra entre Francia y Alemania; en los 60, poder comerciar libremente con Europa y garantizar la producción agrícola y los alimentos; en los 70, hacer frente a la crisis energética con las ayudas regionales europeas, y servir de anhelo democrático a países que –como España y Grecia– superaban sus dictaduras; en los 80, construir un mercado único en el que los ciudadanos pudieran circular y establecerse sin trabas, y ayudar a Alemania a restañar las heridas del muro de la vergüenza; en los 90, la financiación de infraestructuras cohesionadoras, poder viajar sin enseñar el pasaporte y estudiar parte de la carrera en otros países; en los 2000, cambiar de país sin cambiar de moneda. Pero en esta década, la de la Gran Recesión, ¿cuál es la respuesta? El Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre de 2018 ha perdido una magnífica oportunidad de sugerir alguna.