Al leer el título alguno pensará que la entrada versa sobre la universidad como plataforma de lanzamiento de una carrera política. Pero no, vamos a hablar de teoría económica y de cómo el concepto de plataforma o “mercado de múltiples caras” se aplica a las universidades. Las plataformas y sus retos para la competencia ya se han explicado en este blog (con mucho detalle aquí y aquí). Aunque también se desprenden interesantes implicaciones para la regulación que pueden aplicar a posibles reformas para la universidad.
¿Es la universidad una plataforma? La definición estricta de plataforma genera debate teórico, pero podemos distinguir varios elementos comunes (aparte de las antedichas entradas en este blog, una buena recapitulación se encuentra aquí):
- Interacción directa entre los lados del mercado. La universidad da servicios a distintos tipos de agentes: estudiantes (que desean una formación y una titulación), profesores (que buscan un entorno para su docencia e investigación), empleadores (empresas y Administraciones que buscan títulos que sean una buena señal de formación y productividad), organismos de investigación y empresas (que buscan generar conocimiento y transferencia), etc. En general, estos lados interactúan directamente (por ejemplo, estudiantes y empleadores o profesores y organismos de investigación), pero en otras ocasiones la plataforma determina condiciones de la transacción (por ejemplo, entre estudiantes y profesores).
- Externalidades de red, fundamentalmente indirectas. Esa interacción entre los distintos grupos del mercado presenta beneficios mutuos, por lo que la plataforma añade valor y se producen fenómenos de retroalimentación positiva. Por ejemplo, el hecho de que una universidad capte a buenos estudiantes atraerá a buenos profesores, y viceversa. Esto hará que los empleadores valoren más sus títulos, con lo que se captan de nuevo mejores alumnos y profesores. Los buenos profesores atraen más fondos para financiación, y viceversa. Las externalidades de red en ocasiones también son directas, es decir, la interacción dentro del mismo grupo también presenta beneficios. Por ejemplo, cuantos mejores estudiantes tenga una universidad, mejores estudiantes atraerá y lo mismo se aplica a los profesores.
- Estructura de precios no lineal, fruto de esa retroalimentación entre los lados del mercado. El tamaño y calidad de la universidad dependerán de en qué medida los presupuestos se dediquen a subvencionar más el acceso a los estudiantes, a pagar mejor a los profesores o asumir más investigación. Precisamente los propios Rochet y Tirole (en una mención oculta en una nota al pie de un documento de trabajo de 2004) ponen el ejemplo de la universidad como una plataforma que ha de decidir en qué medida gasta en profesores o en alumnos.
En los mercados de múltiples lados (como ya se argumentó en esta entrada), las plataformas –en este caso las universidades– tienen incentivos a autorregularse. La universidad es la primera interesada en velar por la calidad de sus titulaciones, profesores y estudiantes. Si una universidad expide un título a una persona que no ha acreditado las competencias necesarias, entonces perderá la confianza de los profesores, de los empleadores y finalmente de los propios estudiantes.
¿Por qué. entonces, si la universidad es una plataforma en términos abstractos y teóricos, pueden ocurrir casos de fraude? Una posibilidad es la ausencia de mecanismos de disciplina de mercado, siendo el principal la financiación. Sin cambiar hacia un esquema de financiación a la demanda (un mayor apoyo directo al estudiante esperando que éste tome decisiones óptimas siempre que disponga de buena información) el sistema de financiación a las universidades por el lado de la oferta podría diseñarse de manera competitiva.
Por ejemplo, si la financiación a la universidad dependiese del impacto en publicaciones de sus tesis o trabajos de fin de máster, entonces es obvio que se minimizarían los incentivos para el fraude o las rebajas de exigencia, pues los responsables estarían viendo directamente el perjuicio que ello supone para sus propios profesores, titulaciones, Departamentos, Facultades y Universidades en términos de menor financiación.
Por supuesto, este criterio no debería ser el único ni el principal, sino que simplemente se ha elegido a modo de ejemplo ilustrativo ante un hipotético caso de fraude. Existen una multitud de criterios de docencia (como indicadores de empleabilidad), investigación y transferencia (aquí se ofrece una revisión) que pueden mejorar la eficiencia estática y dinámica de las universidades basándose en el rendimiento (output) y no tanto en los recursos invertidos (input). Todo ello se puede adaptar a ciertas circunstancias como el origen de los alumnos (pues el input puede condicionar el output de la formación recibida) o el valor social de ciertas enseñanzas (cuyo output supera al medido por ciertos indicadores). Y para asegurar esa eficiencia estática y dinámica también son necesarios otros factores como una información adecuada.
Es cierto, como nos recuerdan algunos académicos, que el hecho de que existan casos de fraude no indica necesariamente que la regulación esté mal y deba mejorarse. Si la regulación es buena y el fraude significa situarse fuera de la misma, entonces se ha de sancionar. Pero también, como economistas, debemos preguntarnos cómo prevenir el fraude con adecuados incentivos, dados los recursos limitados para perseguir el fraude en un mundo con información imperfecta.
*Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Las opiniones son exclusivamente de los autores y no coinciden necesariamente con las de la institución para la que actualmente trabajan. Los autores desean agradecer las aportaciones de Antonio Maudes, quien primero les transmitió la idea de la universidad como plataforma. Los eventuales errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores
Delimitar a la Universidad como el campo de acción de recursos, seria legitimar que todo conocimiento tiene un valor exclusivamente económico, de tal manera que se deja de lado el impacto de la investigación como determinante en el desarrollo social, lo que impide generarse con un interés o un fin diferente.