¿Qué reformas estructurales?

Para salir de la crisis, aparte de controlar la pandemia, hacen falta tres cosas: evitar turbulencias financieras, impulsar la demanda y que el lado de la oferta responda. A las dos primeras cosas nos ayuda la Unión Europea, con la financiación de la Comisión para cubrir los ERTE, el control de la prima de riesgo con las compras de deuda del BCE y las transferencias del Fondo de Recuperación para Europa. Pero para que la oferta responda necesitaremos, además del apoyo europeo, ambición y voluntad política para acometer importantes reformas estructurales. De su nivel y profundidad dependerá que España se ponga en marcha con una economía reforzada y avance hacia el futuro o siga para siempre renqueando con muletas.

¿Qué reformas estructurales? Vamos a concretar un poco y sugerir unas cuantas, incluyendo muchas propuestas de expertos –ahora que por fin hay que hacerles caso– expresadas en los numerosos informes elaborados en los últimos años y que yacen olvidados en un cajón.

Por el lado de las finanzas públicas, habrá que reforzar los ingresos, para lo cual los expertos coinciden en lo sustancial: en imposición indirecta, revisar a fondo tipos reducidos y exenciones del IVA; en imposición directa, revisar y simplificar deducciones en renta y sociedades y recortar regímenes de estimación objetiva (innecesarios en un mundo digitalizado y muy susceptibles de fraude). Crear nuevos impuestos será mucho más efectivo a nivel europeo que nacional. Al mismo tiempo, será imprescindible hacer un análisis de eficiencia de todo el gasto público, asegurar la sostenibilidad de las pensiones (recuperando el factor de sostenibilidad), y garantizar la coordinación con el gasto autonómico (entre otras cosas para asegurar la eficiencia de medidas como el ingreso mínimo vital), así como procurar que el gasto en desempleo se utilice de forma adecuada.

Como una gran parte del gasto público depende del empleo (cotizaciones sociales y gasto en desempleo), para maximizarlo junto con el crecimiento es imprescindible que el impulso de la demanda se acompañe de un sistema productivo ágil y flexible. La transformación digital y medioambiental (que ya analizamos en el Informe del Real Instituto Elcano “Recuperación o metamorfosis”) debe complementarse con importantes cambios regulatorios.

Así, conviene simplificar en todo lo posible la carga regulatoria para las empresas. Regular bien es importante, pero regular mucho no es necesariamente regular bien. Por ejemplo, para negocios pequeños que no supongan riesgo para la salud o la seguridad de los ciudadanos, convendría explorar –siguiendo el ejemplo de países más eficientes– la autoacreditación seguida de inspección posterior (con severas sanciones en caso de incumplimiento). Es preciso además diluir barreras regulatorias al crecimiento empresarial (requisitos que sólo operan a partir de un número determinado de empleados), y garantizar que España funcione como un auténtico mercado único (evitando que las legislaciones autonómicas funcionen en la práctica como barreras proteccionistas).

La reforma educativa sigue siendo la gran reforma pendiente de España, y requerirá una planificación a largo plazo y un amplio consenso multipartidista. En el ámbito de la formación básica, y tras décadas de estériles debates entre educación para la ciudadanía y religión, es el momento de centrarse en potenciar habilidades y en reflexionar sobre la calidad y motivación del profesorado y su sistema de selección, así como su formación permanente. Por otro lado, la educación obligatoria y gratuita de 0 a 3 años no sólo serviría para mejorar el futuro de los niños y reducir la desigualdad, sino también para evitar que la maternidad condicione injustamente las perspectivas salariales y profesionales de las mujeres (como analizaba recientemente el Banco de España). Asimismo, el apoyo a familias más pobres resulta crucial para evitar el abandono escolar: no hay inversión más rentable para una sociedad que la inversión en la infancia.

Resulta asimismo urgente reconsiderar el modelo universitario español que, más allá de la calidad indudable de algunos profesores o facultades, no consigue colocar a ninguna de sus universidades entre las 150 mejores del mundo, favorece el abandono (un 30% frente al 16% de la media europea) y no atrae estudiantes de posgrado europeos (menos del 10%). Los expertos recomiendan una mayor especialización y diferenciación universitaria, una mayor autonomía asociada a una mayor responsabilidad (con evaluación externa y pública de su calidad, lo que permitiría una menor burocracia), una mejora de la selección del profesorado, fomentar la movilidad y la competencia por el alumnado, órganos de gobierno más reducidos y elecciones a rector simplificadas y abiertas a extranjeros.

La burocracia sigue siendo un lastre tan importante como la falta de dinero en el ámbito de la investigación, donde hacen falta recursos públicos para I+D+i y cambios legislativos, así como un mejor vínculo con la empresa y la universidad. La labor del sector público puede ser fundamental en el desarrollo industrial, proporcionando investigación básica pública y estimulando la privada. En España gran parte del bajo gasto en I+D+i respecto a los principales competidores se explica por la falta de inversión privada, y esta sin duda se debe en parte al escaso tamaño medio empresarial.

La educación (no sólo del trabajador, también del empleador, algo crucial en un país con un elevado porcentaje de PYMES) es el pilar fundamental de la productividad y del empleo, e imprescindible en aspectos como la internacionalización. Pero, además, en el ámbito regulatorio, una reforma del mercado de trabajo resulta ya inaplazable. La legislación laboral debería ser muchísimo más simple, porque la complejidad ha demostrado ser el hueco perfecto para el abuso legislativo (incluso en el seno de la propia administración). Hay que probar fórmulas que eviten la enorme brecha entre temporales e indefinidos, y en paralelo reforzar la inspección de trabajo, que debería tener una plantilla mucho más numerosa, actuar de oficio, prestar labores de asesoramiento a PYMES en cumplimiento normativo y cruzar datos con todas las Administraciones (tanto central como autonómica o local). Adicionalmente, resulta imprescindible reformatear las políticas activas de empleo, usando mucho más la tecnología.

Todo esto, por supuesto, sin ánimo de exhaustividad y sujeto a muchos matices. Aunque será imposible sin dos reformas básicas que España necesita urgentemente desde hace décadas. En primer lugar, una reforma integral de la Administración y del sector público empresarial (como decía la reforma que hizo Canadá en los noventa, más que de decidir lo que hay que quitar, se trata de “decidir qué se debe preservar”). En el ámbito del personal, es crucial ir hacia una selección de directivos exclusivamente por criterios de mérito y capacidad en concursos públicos abiertos (y no con criterios de remuneración política). Sólo desde un sector público profesionalizado y despolitizado será posible plantearse una reforma general del sistema de acceso a la función pública, modernizándolo y simplificándolo, así como reducir el blindaje del empleo público (sólo justificable para evitar la injerencia política). Es preciso revisar si en el siglo XXI tiene sentido la actual reducida proporción de funcionarios de alta cualificación, permitir una remuneración más acorde con la productividad y tomarse en serio la formación del personal. Esta reforma y despolitización de la administración debería acompañarse de una reescritura de las leyes administrativas, presupuestarias y de contratación, excesivamente rígidas y pensadas para administraciones antiguas. Hay propuestas, pero quizás hay que ser ambiciosos y pasar poco a poco del control a priori y la intervención del gasto hacia el control a posteriori con publicidad y auditoría (el uso de big data, por ejemplo, debería permitir la publicidad de todo tipo de contratos por parte de la administración, incluidos los de menor cuantía). Es decir, más confianza a priori a cambio de más responsabilidad a posteriori, única forma de permitir una administración más ágil que, por ejemplo, contrate rápidamente rastreadores o profesores de apoyo en caso de pandemia.

En este sentido, la digitalización de la administración es una de esas eternas promesas incumplidas (salvo para la agencia tributaria). A estas alturas, administraciones como las de justicia deberían estar totalmente digitalizadas, lo que –unido a la formación y refuerzo de su personal– permitiría una agilización de la justicia, crucial para garantizar la seguridad jurídica.

La segunda gran reforma tiene que ver con la coordinación entre administraciones, tanto verticalmente (entre Estado y CCAA y administraciones locales) como horizontalmente (entre sectores de la administración, o entre ésta y el sector privado), cuya ausencia se ha puesto claramente de manifiesto durante esta pandemia. Una parte de la solución requiere capacitación, un refuerzo y modernización de medios e intercambio de datos (una vez más: mayor flexibilidad en la disposición de información a cambio de mayor sanción por su uso inadecuado). Otra parte, sin embargo, requiere un profundo cambio de mentalidad para que, desde la lealtad y el respeto de los ámbitos competenciales, gobiernos y políticos –del nivel que sean y del partido que sean– tengan claro que están ahí para ayudar a los ciudadanos, pensando en el bien común y no en las próximas elecciones. Quizás sea éste, en última instancia, el verdadero cambio estructural que más urge en España.

 


Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)

 

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