La condicionalidad ya no es lo que era

Decía José Manuel Blecua, uno de los grandes filólogos españoles, que las palabras tienen no sólo un significado, sino también una dimensión emotiva. Es decir, las palabras son también lo que evocan.

En el ámbito económico, y por motivos históricos, el término “condicionalidad” es evocador de muchas cosas, generalmente negativas. Cuando pensamos en condicionalidad, inmediatamente nos vienen a la memoria conceptos como los de la crisis de la deuda, Grecia, troika, Fondo Monetario Internacional o ayuda ligada. Es decir, reflejos de un pasado económico en el que se cometieron algunos errores y del que, por suerte, hemos aprendido.

En sí misma, la palabra “condicionalidad” no quiere decir nada más que la cualidad de condicional, es decir, que incluye una condición. Y una condición (en el sentido de una circunstancia indispensable para la existencia de otra) no es en sí misma ni buena ni mala: hay que evaluarla para cada caso.

Cuando un país tiene un fuerte desequilibrio externo y es incapaz de financiarse en los mercados de deuda de una forma razonable (es decir, a unos tipos de interés sostenibles) suele necesitar ayuda externa. En ese caso, las instituciones internacionales, ya sea el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), actuarán como prestamistas de último recurso –es decir, los que prestan cuando nadie más presta–, y sus préstamos estarán lógicamente asociados a la posibilidad de devolverlos, lo que suele requerir ajustes en ingresos y gastos (sin malograr el crecimiento económico, y ahí está uno de los grandes errores del pasado: sin crecimiento nunca hay deuda sostenible). La condicionalidad en este caso (es decir, las condiciones para poder obtener préstamos) suele venir asociada a recortes y subidas de impuestos, y a intervenciones externas en la política económica. Aunque hablar de pérdida de soberanía a veces es tramposo: nadie acude al FMI por voluntad, sino por necesidad. Y generalmente también al MEDE, que para algunas cosas es un trasunto europeo del FMI, y por eso también tiene a veces connotaciones negativas (a veces injustificadas).

La crisis del coronavirus, sin embargo, no tiene nada que ver con una crisis de deuda (por lo menos, no hasta el momento). Es una crisis esencialmente real, provocada por un temporal parón brutal de la economía que obliga a sostener rentas, incluso en condiciones de bajo margen fiscal. Y eso se traduce en fuertes incrementos de deuda, que son inevitables, porque ahora no es momento de recortar el gasto y realimentar la recesión. Sería una estrategia suicida. El propio gobernador del Banco de España lo ha dejado muy claro: “En este momento no caben dudas: la política fiscal tiene que actuar de forma contundente para salvar empleos y empresas, y evitar así enormes costes sociales y económicos a medio y largo plazo”.

La Unión Europea también ha dejado claro que es necesario sostener la economía, ayudando a los países con menor capacidad fiscal. Por eso se ha aprobado una línea del MEDE de 240.000 millones para el sector sanitario, una línea de la Comisión (SURE) de 200.000 millones para financiar los programas de sostenimiento del empleo –tipo ERTE–, y se ha propuesto un Plan de Recuperación para Europa de 750.000 millones complementarios al presupuesto europeo para impulsar la economía europea mediante la transformación digital y medioambiental y reformas estructurales que mejoren la productividad.

¿Viene esa financiación con condiciones? Por supuesto, pero ¿qué financiación no la tiene? Cuando alguien pide un crédito hipotecario para comprar una casa, no puede gastárselo en un viaje. Cuando alguien recibe una beca universitaria, debe estar matriculado en una universidad. La condicionalidad es pues intrínseca a la financiación, tanto vía préstamos como vía subvenciones. La gran diferencia de la condicionalidad de estos fondos europeos es que no está ligada a fuertes recortes a corto plazo. Por el momento, ninguno de los Estados miembros tiene problemas de acceso a los mercados, gracias a que el Banco Central Europeo está desplegando su artillería pesada para evitar tensiones en los mercados de deuda pública. Las condiciones (es decir, la condicionalidad) de los fondos europeos de la crisis del coronavirus son totalmente lógicas, razonables. La línea del MEDE tan sólo requiere que se utilice en gastos vinculados al sector sanitario; la línea SURE de la Comisión, que financie programas de sostenimiento del empleo; y los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del Programa de Recuperación para Europa, que se usen en la transformación digital y medioambiental y que vengan acompañados de reformas estructurales.

¿Recortes? No, reformas estructurales, es decir, medidas –generalmente regulatorias– que contribuyan a la modernización de la economía para incrementar la productividad y la resiliencia de la economía. ¿Las que se invente una troika? No, basadas en las acordadas por los Estados miembros para cada país dentro del ejercicio conocido como Semestre Europeo. Es decir, no reformas impuestas desde fuera, sino desde dentro, desde la lógica comunitaria, a modo de condiciones para asegurarse de que el gasto previsto se ejecuta de acuerdo con las normas y los objetivos del programa presupuestario.

El informe país para España del Semestre Europeo no recomienda cosas muy raras: garantizar que los servicios sociales y de empleo proporcionen un apoyo efectivo; reducir la temporalidad (mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación); reducir el abandono escolar y mejorar los resultados educativos, aumentando la cooperación con el sector empresarial; mejorar la eficiencia energética, las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y las interconexiones eléctricas con el resto de la UE; mejorar las políticas de apoyo a la investigación y la innovación; garantizar la unidad de mercado (en especial en el caso de los servicios); o mejorar la cooperación entre las Administraciones. Medidas más o menos similares a las que recomienda el Banco de España en su último informe y que permitan mejorar la productividad, aumentar el tamaño de las empresas, reducir la temporalidad y el desempleo y un mejor funcionamiento de la Administración y de los mercados. ¿Les parece mal acaso?

Dicho esto, a medio y largo plazo, las finanzas y deuda españolas –al igual que las del resto de países europeos– han de ser percibidas como sostenibles (y por eso un Plan de Recuperación para Europa basado sólo en préstamos sería una locura). Pero esto también es lógico: ¿acaso pueden ser insostenibles? Lo que acaba de decir el Banco de España (y no lo que dicen que ha dicho: a ver si la prensa asume su parte de responsabilidad en la desinformación, como si ésta solo proviniera de las redes sociales) es que lo ideal sería trabajar desde ya mismo en un plan de ajuste a medio y largo plazo, es decir, no para aplicar ahora, sino para cuando se consolide la recuperación. Analizar a fondo, con ayuda de la AIReF, posibles gastos superfluos, exenciones impositivas y bonificaciones fiscales que no tienen justificación económica, revisar las deficiencias del marco fiscal (en especial en la parte de imposición indirecta, que es donde radican las divergencias de ingresos con Europa: España es el país que más recaudación pierde por tipos reducidos y exenciones de IVA de toda la OCDE). O retomar las medidas que recomendaron los expertos (sí, los expertos) para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, olvidadas en el fragor electoral. ¿Por qué hay que anunciarlas ya, aunque no se apliquen todavía? Porque los mercados internacionales son muy sensibles a los anuncios. La percepción de España como país serio y de finanzas sostenibles termina reduciendo el coste de financiación no sólo de las medidas futuras, sino también de las actuales.

Así pues: ahora mismo, gastar lo que haga falta; prepararse para ajustar gastos e ingresos y anunciarlo ya, pero aplicarlo sólo cuando se consolide la recuperación; y reformar, siempre.

Aprendamos pues a valorar la condicionalidad en su justa medida, como un elemento positivo, un incentivo al cambio para mejorar España, y a dejar de asociarlo con recortes peligrosos a corto plazo que nadie defiende. El significado de las palabras cambia porque cambian los tiempos, y con ellos las instituciones que ayer hablaban de austeridad y hoy –felizmente– hablan de desigualdad, de mutualización de riesgos y de solidaridad. Igual que el concepto de “frugal” es engañoso, el de “condicionalidad” también lo es, porque lo contrario de condicionalidad no es libertad, sino incondicionalidad. No sé a ustedes lo que les evoca el término “incondicional”, a mí me trae enseguida a la memoria lo de la “adhesión incondicional”, la lealtad inquebrantable, la falta de espíritu crítico. Nada que ver con la libertad. En la reforma y modernización de España, como tantas veces a lo largo de nuestra historia, la Unión Europea puede ser nuestra mejor aliada.

 


Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)

 

 

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