El oscuro cajón donde reposan los Informes de Expertos

De pocas cosas se aprende más que de los errores, y por eso uno de los mayores pecados en economía –y también en política– es el adanismo, la adopción entusiasta de ideas pretendidamente originales, pero en realidad herederas de diversos intentos históricos fallidos. Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica y compañero de innumerables debates científicos y filosóficos con Einstein, solía decir que un experto es simplemente “una persona que ha cometido todos los errores posibles en una disciplina muy determinada”. Y es cierto: la condición de experto muchas veces no viene dada tanto por saber qué puede funcionar seguro como por prevenir contra aquello que seguro que va a fallar.

España tiene la fortuna de ser un país desarrollado, miembro de los organismos internacionales más importantes. No faltan pues expertos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que conozcan bien nuestro país y sus peculiaridades económicas. Hombres y mujeres que podrían enumerar de memoria, dentro de su disciplina, todos los errores cometidos a lo largo de la Historia. Muchos han participado en la elaboración de Informes de Expertos encargados por distintos gobiernos e instituciones y han puesto sus conocimientos, profesionalidad y experiencia al servicio de un bien común: la búsqueda consensuada de soluciones. Ha habido informes en ámbitos de reforma tan importantes como el sistema tributario, la sostenibilidad de las pensiones, la financiación autonómica, la educación universitaria o la transición energética, por citar solo algunos de los más recientes.

Los comités de expertos tienen una ventaja: al ser órganos colegiados, resulta fácil evitar una composición sesgada, ya que siempre es posible incorporar expertos de todas las ideologías (todos los expertos la tienen, lo único importante es que esta no ciegue el análisis). Además, la obligación de defender ideas en público delante de personas inteligentes siempre obliga al rigor y a la matización continua. Es más fácil ser radical ante ignorantes que ante gente que, por lo menos, sabe tanto como tú.

Sin embargo, al ver las propuestas de política económica de unos y otros partidos, cualquiera diría que existe, en algún despacho oscuro, un archivador polvoriento en cuyos cajones se acumulan todos los Informes de Expertos publicados en nuestro país, para que caigan cuanto antes en el olvido. Solo así se entendería que, después de haber hecho trabajar a los mejores de todas las disciplinas y lograr un compendio de su sabiduría, esta no se utilice como referencia con la que contrastar las propuestas de política económica.

Así, por ejemplo, el excelente Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del Sistema Tributario no decía que suprimir el Impuesto de Sucesiones fuese una buena idea. Al contrario, sostenía que era un impuesto bastante más justificable que el del Patrimonio, pues guarda relación con “la igualdad de oportunidades, la equidad intergeneracional y los incentivos al esfuerzo, trabajo y ahorro”. Lógicamente, criticaba los problemas derivados de su pago, “que podrían resolverse mediante el establecimiento de fórmulas de aplazamiento o fraccionamiento de pagos más amplias que las actuales”. Por otro lado, defendía un régimen especial para la transmisión de empresas familiares, suprimir los coeficientes multiplicadores que dependen del patrimonio preexistente del beneficiario, simplificar el impuesto con una base amplia y un tipo de 10%, armonizar entre CCAA fijando unos límites máximos y mínimos dentro de los cuales opere la capacidad normativa autonómica y evitar el arbitraje tributario.

Ese mismo Informe advertía de la erosión de las bases imponibles del Impuesto de Sociedades, pero no proponía fijar un tipo mínimo de tributación del 15% para las grandes empresas, sino revisar a fondo las deducciones. Decir que las grandes empresas deben pagan al menos un tipo efectivo del 15% de su resultado contable no tiene mucho sentido, porque factores como las pérdidas deducibles de años anteriores (durante la crisis) o la existencia de beneficios en el exterior –incorporados al resultado contable, pero ya gravados– puede hacer que un 15% sea demasiado. O quizás es demasiado poco, pero por culpa de otras deducciones injustificables. Así, el Informe señalaba la necesidad de replantearse la deducción por actividades de I+D “cuya eficiencia no justifica su coste fiscal”, una revisión en profundidad de la libertad de amortización –demasiado sujeta a elementos subjetivos–, exigir para aplicar la deducción por doble imposición de empresas participadas que estas hayan soportado una tributación mínima en el exterior, y limitar la deducción de gastos financieros asociados al endeudamiento –que favorecen este en exceso–. En resumen, evitar la erosión de bases imponibles de las grandes empresas es muy necesario, pero la necesidad de reforma va mucho más allá de fijar un tipo: requiere analizar a fondo el sentido actual de muchos beneficios fiscales injustificados.

Tampoco el Informe defendía la bajada del IVA de productos o servicios específicos, sino que recomendaba –exactamente igual que los expertos de la OCDE– lo contrario: revisar a fondo exenciones y tipos reducidos, que en muchos casos no son progresivos, sino regresivos. La OCDE, por ejemplo, señalaba que el IVA reducido tiene sentido para servicios básicos como la electricidad, pero no para hostelería, restaurantes, cine, teatro o peluquerías, ya que de las bajadas de estos últimos los ricos se benefician proporcionalmente más.

Por su parte, el Informe sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones no estableció precisamente un ajuste automático de las pensiones al IPC, sino un factor de revalorización ajustado al ciclo.

Asimismo, cuando se plantea establecer un impuesto a los bancos se olvida que el G20 ya encargó al Fondo Monetario Internacional elaborar una propuesta, poco después de la Gran Recesión. Los expertos fiscalistas del FMI llegaron a la conclusión en su informe de que un impuesto sobe las operaciones financieras se repercutiría con toda probabilidad sobre los consumidores. Sin embargo, sugería la posibilidad de un impuesto sobre la suma del valor añadido más los salarios, o sobre los beneficios y compensaciones por encima de un umbral, que, aunque no sería fácil de establecer, al menos no podría trasladarse al consumidor (por definición, al recaer sobre una medida del beneficio).

Economistas, politólogos, periodistas y políticos se lamentan a menudo en público de la falta de rigor, del predominio de la visceralidad y la opinión sobre los datos y la ciencia. Quienes niegan el cambio climático, o sostienen que la tierra es plana, que las vacunas son peligrosas o que la inmigración es perjudicial para la economía no hacen más que, equivocadamente, desconfiar de los expertos, contradiciendo el consenso –que en una ciencia social como la Economía no existe en todas las cuestiones, pero sí en muchas más de lo que se supone–. ¿Por qué, sin embargo, cuando se proponen medidas que afectan a los impuestos, a la financiación autonómica o a la sostenibilidad de las pensiones, no exigimos justificar esas propuestas contrastándolas con el consenso alcanzado en los distintos Informes de Expertos? A fin de cuentas, la política no está reñida con la ciencia: corresponde a los técnicos definir el abanico de posibilidades, y a los políticos elegir la combinación de estas que más se acerque a su agenda política.

De no hacerse así, se corre el peligro de que los expertos, siguiendo el ejemplo de Bohr, se hagan aún más expertos anotando con tristeza en sus cuadernos ejemplos adicionales de errores cometidos en su disciplina. Ya sabemos, desde Ortega, que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Pero convendría también recordar que no hay sabiduría más triste que la sabiduría desperdiciada.

 


Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)

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