Universidad: el modelo intermedio es insuficiente

La actualidad mediática ha puesto el foco en las universidades. Como se ha abordado en otras entradas, uno de los retos centrales de la economía española es el aumento de la productividad, lo que exige dar prioridad a factores como la calidad institucional, la I+D+i o la educación, donde la universidad desempeña un papel central en la conexión entre estos dos últimos factores. La política universitaria (y la educación en general) puede aproximarse desde la búsqueda de un equilibrio en el triángulo acceso-financiación-calidad: a quién debe llegar (acceso), cuántos recursos se le dedica (financiación) y el nivel de la educación (calidad). En España se aplica un modelo universitario intermedio con buen acceso, pero relativamente bajas financiación y calidad que no está dando buenos resultados.

En la educación obligatoria, primaria y secundaria, se fija el vértice del acceso dentro del triángulo acceso-financiación-calidad. La educación debe ser universal y gratuita y será la financiación la que determine la calidad (o viceversa, fijar la calidad y financiar en consecuencia). En la universidad el equilibrio es más complejo, gana peso la calidad en un contexto en el que en la actual economía del conocimiento su papel es clave para contribuir a la productividad de la economía –y sin caer en el economicismo, también es central su papel de generalización del conocimiento o su contribución a la cohesión social (que por otro lado, también favorecen la productividad)–. En las comparaciones internacionales, la universidad española se sitúa en un modelo intermedio con alto acceso, pero relativamente bajas financiación y calidad.

Entre los países de nuestro entorno con los mejores resultados de calidad se podrían distinguir dos modelos principales: el liberal-anglosajón y el socialdemócrata-escandinavo. Ambos consiguen universidades de excelencia y altas tasas de acceso y tienen una elevada financiación a la educación por encima de la media de la OCDE. En el modelo socialdemócrata la financiación es eminentemente pública (por encima del 90%) con matriculación gratuita y ayudas de manutención para los estudiantes. En el modelo liberal es mayoritariamente privada (en torno al 70%), con altas tasas de matriculación (en torno a 21.000 dólares en EEUU y 12.000 en Reino Unido), si bien también con una elevada financiación pública que se traduce en una estructura de ayudas y préstamos a los estudiantes.

España, y también Italia, adoptan un modelo interme­dio con menor financiación (por debajo de la media de los países de nuestro entorno) que se comparte entre el alumno y el sector público, con costes de la matriculación muy por debajo del modelo liberal (alrededor de 2000 dólares en ambos países) y con baja financiación pública, que dan peores resultados en acceso (sobre todo en Italia) y en calidad.

En financiación, los datos de la OCDE (2017) reflejan el elevado gasto (público y/o privado) por estudiante al año, tanto en el modelo liberal, como en el socialdemócrata, por encima de la media de la OCDE y de la UE-22, incluyendo el gasto en investigación y desarrollo (I+D) por estudiante, especialmente relacionado con los indicadores de calidad. Con datos de 2014, en miles de dólares de EEUU y en términos ppp, el gasto [total por estudiante; (del cual) en I+D por estudiante], se sitúa en torno a: medias OCDE [16.1; 5] y UE-22 [16.1; 5.3], países con modelo liberal ˗ EEUU [29.3; 3], RU [24.5; 5.7] ˗, países con modelo socialdemócrata ˗ Suecia [24, 13.1], Noruega [20.9; 7.9], Finlandia [17.9; 7.3]. En España [12.5; 3.3] e Italia [11.5; 4.3], ambos tipos de gasto se sitúan por debajo de la media de la OCDE y de la UE-22.

El modelo intermedio registra peores resultados en términos de acceso, también por debajo de la media de la OCDE. El porcentaje de población con estudios universitarios en dos tramos de edad: jóvenes y población adulta [25-34; 25-64] se sitúa en: OCDE [43, 37], UE-22 [41; 34], EEUU [48; 46], RU [52; 46], Suecia [47; 42]; Noruega [48; 41], Dinamarca [46; 37] y Finlandia [41; 41]. España [41; 36] puntúa en torno a la media OCDE y europea e Italia [27; 18] especialmente bajo.

Como se señalaba en otra entrada anterior, las comparaciones internacionales de calidad utilizan indicadores basados en encuestas, pruebas o parámetros de medición que plantea problemas de homogeneidad y elementos subjetivos que los hace cuestionables. Dicho esto, España puntúa bajo en universidades de excelencia. Uno de los indicadores más conocidos es el ranking de países ARWU (2017), en el que España ocupa el puesto 26 por el número de universidades en el ranking sin ninguna en el grupo de las 200 primeras (tan solo 3 en el top 300). No obstante, el ranking tiene un sesgo valorativo que beneficia a las universidades anglosajonas y penaliza a universidades generalistas como las españolas. Cuando se distingue por áreas académicas (facultades), ocupamos mejores puestos. Un dato llamativo es que en el ranking de escuelas de negocios del FT, tenemos tres en el top-10 (IE, ESADE, IESE), pero están basadas en un modelo de educación liberal al margen de nuestro modelo universitario general.

Una mayor calidad exigiría un mayor gasto en educación, incluyendo un mayor gasto en I+D, pero podría fortalecerse también a través de una mejora de los esquemas de incentivos, como veíamos aquí. En este ámbito, un aspecto especialmente relevante es el de la endogamia académica, que se aproxima por la proporción de profesorado que trabaja en el mismo centro en el que se formó. Las  estimaciones sitúan este porcentaje en España en el 70% (también es alta en Suecia, cercana al 60%), frente al 8% en Reino Unido o Alemania. La endogamia afecta a la calidad, generando problemas de estructuras clientelares entre los docentes y de sesgos hacia la selección del candidato “de la casa” frente al competidor externo. En este sentido, el  procedimiento de acreditación nacional del profesorado mejora los incentivos porque establece una barrera mínima de entrada, pero son más efectivos los esquemas de limitación o prohibición (en primer empleo) de contratación en el centro en el que el candidato se ha doctorado.

El modelo intermedio no está dando buenos resultados, que se pueden mejorar cambiando las estructuras de incentivos en la universidad. Sin embargo, a medio y largo plazo, habría que optar por encaminarse hacia uno de dos modelos, el socialdemócrata o el liberal, lo que supondría en ambos casos un aumento conside­rable de la financiación pública (bien directa, bien a través de préstamos/becas). Ambos modelos conciben a la universidad con esencial para el crecimiento económico y la productividad, pero difieren en su lógica social: el modelo liberal concibe al estudiante como el principal beneficiario de los resultados de la educación que recibe, por lo que debe contribuir a su financiación; en el socialdemó­crata, la educación aparece como un bien público esencial para garantizar la cohesión social.

Me decanto por el modelo socialdemócrata porque en la sociedad del conocimiento, la formación, más que una ventaja, es una necesidad para actuar en el mercado. Es también un modelo que reduce el problema del elitismo universitario que se observa, por ejemplo, en EEUU, donde la trayectoria profesional está muy influida por el alma mater (con las universidades top ya en 60,000 dólares anuales de matrícula para el grado). El modelo socialdemócrata es además más consistente con la tradición socioeconómica española.

 

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