Los ciudadanos españoles son hoy conscientes de las dificultades por las que atraviesa nuestro sistema de Seguridad Social en cuanto a su sostenibilidad y a la efectividad del derecho a percibir una pensión de jubilación, no ya en el medio o largo plazo, sino incluso en los próximos años. Tras largos períodos de cotización percibirán, en el mejor de los casos, una pensión bastante reducida en comparación con lo que otros pensionistas han tenido en años o décadas anteriores.
Tras la formación de gobierno se está acentuando el debate sobre cómo afrontar el déficit de la seguridad social y la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. Las reformas de 2011 y 2013 se centraron en el lado del gasto (ajustar las pensiones y su revalorización), pero la discusión política ha girado ahora del lado de los ingresos adicionales que son necesarios para apuntalar el sistema, en un debate que enfrenta a los partidarios de los impuestos versus los que proponen mayores cotizaciones sociales. Partiendo de la necesidad de asegurar unos recursos que garanticen unas pensiones dignas ‒dicho sea de paso, igual que otros objetivos para la política de gasto, como paliar la exclusión social o fortalecer la educación y la I+D+i‒, la decisión sobre cómo aumentar los ingresos debe ir más allá de las consideraciones de suficiencia y tener también en cuenta el impacto económico de nuestra estructura fiscal, que actualmente sobrecarga demasiado las cotizaciones.
