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La prima de ciudadanía y los derechos de los inmigrantes

Cuenta Branko Milanovic en su libro Desigualdad mundial que, a pesar del progreso reciente de países como China o India, la localización sigue dominando a la clase social como determinante de la desigualdad. El accidente del nacimiento bendice a algunos con una prima de ciudadanía: si naces en Estados Unidos tu renta media será 93 veces más alta que si naces en el Congo. Esta prima es una renta (una remuneración no merecida), que desaparecería si los trabajadores disfrutaran de libertad para decidir su lugar de residencia. Si así fuera, aumentarían tanto la eficiencia como el PIB global, pero la gran contradicción de la globalización es que el trabajo disfruta de menos libertad para moverse que los bienes y el capital.  Asumiendo las restricciones políticas en los países desarrollados para aceptar mayores flujos de inmigración, Milanovic propone rebajar los derechos de los inmigrantes legales exigiéndoles, por ejemplo, mayores impuestos u obligándolos a volver a sus países después de un período.

El sistema hukou y la emigración rural en China: efectos sobre la salud de los emigrantes

Desde mediados de los años 2000 el Partido Comunista Chino ha anunciado y tratado de implementar reformas en el sistema de registro censal de los individuos u hogares, comúnmente conocido como hukou. En virtud de este sistema –que comenzó a implantarse en 1958, durante la época maoísta y antes de la entrada en el poder del partido comunista– cada ciudadano (u hogar) es clasificado de acuerdo con su lugar de origen –determinado por nacimiento– y se le asigna un hukou urbano o rural. En la práctica, el hukou opera como un pasaporte interno o permiso de residencia al que se ligan tanto el lugar de residencia como la provisión de servicios sociales. De este modo, los hogares chinos únicamente tienen acceso a los beneficios sociales (derechos laborales, educación, atención médica, pensiones o seguridad social) en su lugar de origen y en relación con su régimen de hukou, lo que permite al Gobierno ejercer un control centralizado de la migración interna y del acceso y distribución del gasto público.

La prueba de la inmigración (y II)

Algunos analistas han atribuido la capacidad de España para asimilar la ola migratoria anterior a la crisis a la afinidad cultural y lingüística con los inmigrantes. Sin embargo, de acuerdo a los datos del INE, la primera comunidad inmigrante en España es la marroquí (con 769.000 personas empadronadas en España en enero de 2018) y la segunda es la rumana (673.000 personas). Así que tiene que haber otras razones que lo expliquen. Mi interpretación es que tiene que ver con la combinación de tres factores: la cultura política, las políticas públicas y una actitud ciudadana bastante abierta a la inmigración. La memoria de la emigración española de los años cincuenta y sesenta, junto con el rechazo a la xenofobia y a la exaltación de la identidad nacional en la formación de la cultura política de la democracia española habría alumbrado un entorno tolerante con la inmigración. Lo llamativo no es que esta actitud prevaleciera hasta 2007, sino que se haya mantenido durante los años duros de la crisis económica.

La prueba de la inmigración (I)

Tropecé hace unas semanas en Twitter con una entrevista en el Guardian a Hillary Clinton en la que sostenía que la receta para que Europa frenara el auge de los partidos de extrema derecha era mostrarse más dura frente a la inmigración. Alababa la decisión de Angela Merkel en 2015 sobre la acogida de refugiados, pero recomendaba mandar un mensaje firme en el que quedase claro que ya no vamos a poder dar apoyo y refugio en los mismos términos. El economista jefe del Center for European Reform, que enlazaba la entrevista, recomendaba mirar a España como ejemplo de una conversación civilizada sobre la inmigración. Nosotros, tan acostumbrados a ser los rezagados o los peores alumnos de la clase en varios frentes económicos y sociales, ¿somos un ejemplo en un tema tan complejo como la inmigración? Es una reflexión pertinente, ahora que, tras años de excepcional quietud, partidos políticos nuevos (y no tan nuevos) están proponiendo endurecer las políticas españolas sobre inmigración.