Recordaba Borges aquella provincia en la que no había pueblo que no fuera “idéntico a los otros, hasta en lo de creerse distinto”. Si California, el estado más rico de Estados Unidos, quisiera independizarse, tendría que superar dos filtros: el de la propia Constitución de California y el de la Constitución de Estados Unidos.
En 1976 un ingeniero electrónico taiwanés llamado Stan Shih montó, con ayuda de su mujer y unos amigos, una pequeña empresa de computadoras. La empresa comenzó a fabricar equipos de formación y clones de Apple para, a partir de 1987, especializarse en ordenadores personales, momento en el que pasó a llamarse Acer.
A mediados de los noventa –en plena ola globalizadora– Shih decidió analizar la rentabilidad de su compañía y se dio cuenta de que, a medida que se desarrollaba la tecnología informática, la rentabilidad que obtenía en el proceso básico de fabricación y ensamblaje era cada vez menor.
Charles Tiebout fue un economista y geógrafo estadounidense nacido el 12 de octubre 1924 que dedicó su vida a la teoría del federalismo fiscal. Desarrolló el concepto de “votar con los pies”, una posible solución al problema de revelación de preferencias sobre bienes públicos –y, por extensión, su financiación– que supone el hecho de que, en un marco descentralizado, una persona se mude a aquella jurisdicción donde las políticas sean más cercanas a su ideología o a sus intereses –mudanza que a veces resulta más fácil que cambiar de gobierno mediante el voto–. En el caso de personas jurídicas como las empresas, es lo que hacen todo el rato: tienden a localizarse en aquel territorio más favorable a sus intereses en términos de oportunidades de negocio, servicios, carga impositiva y seguridad jurídica.
Eso es lo que ha ocurrido en Cataluña, donde nadie invitó a las empresas a votar, pero al final lo han hecho: han ejercitado su “derecho a decidir” votando con los pies, evitando a toda costa el riesgo regulatorio de un gobierno regional que ha demostrado estar dispuesto a saltarse sin pestañear tanto la legislación estatal y autonómica como las sentencias judiciales.
