La tecnología ha dejado obsoleto –entre otras muchas cosas– el sistema tributario internacional. En el viejo mundo analógico, la relación entre actividad internacional de una empresa y tributación estaba vinculada a un concepto físico, el del establecimiento permanente. ¿Pero qué ocurre en un mundo digital, donde la obtención de datos o los medios digitales ya no son auxiliares al negocio, sino el propio negocio? ¿Dónde se genera el valor –y por tanto el beneficio y la recaudación fiscal– de la publicidad de un producto alemán mostrada a través del algoritmo estadounidense de Google con servidores situados en Irlanda vista por un residente fiscal español de vacaciones en Francia?
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Google debería pagarnos por utilizar su buscador
Uno de los principales rompecabezas que plantean las nuevas tecnologías es su impacto sobre el mercado de trabajo y qué tipo de respuestas se deben dar desde la política económica. Se empieza a asentar un cierto consenso sobre su probable impacto depresivo en el uso del factor trabajo, al menos en su sentido tradicional, que será sustituido por inteligencia artificial o tecnología de la información, con implicaciones en términos de una mayor caída de la participación del trabajo en la renta y el aumento de la desigualdad.