Los necesarios gastos para hacer frente a la crisis generada por la COVID han elevado significativamente los niveles de deuda pública a escala global. Desde los organismos internacionales, la consigna continúa siendo mantener el impulso fiscal hasta que se despeje la incertidumbre asociada a la pandemia y se asiente la recuperación. En paralelo, se han impulsado los debates sobre el marco fiscal post pandemia que pasa por elementos, tanto nacionales (como la calibración y eficiencia del gasto, o la imposición verde y digital), como internacionales (por ejemplo, la imposición mínima global o la lucha contra los paraísos fiscales). La semana pasada abordábamos el debate sobre las nuevas reglas fiscales en la UE, aquí nos centramos en el Marco Común (MC) para el tratamiento de la deuda impulsado por el G20 y el Club de París para los Países de Renta Baja (PRB).
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No nos distraigamos con la deuda
En medio de la crucial batalla entre la campaña de vacunación y las mutaciones del coronavirus, los debates fiscales se encienden a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, mientras los demócratas se aprestan a llevar a buen puerto el plan de estímulo de 1,9 billones anunciado como prioritario por el presidente Biden, Summers, uno de los líderes intelectuales de la revolución de la política fiscal, ha advertido del riesgo de echar demasiada leña al fuego. En Europa, un grupo de economistas liderados por Piketty, ha publicado un manifiesto en el que piden la anulación de la deuda pública mantenida por el BCE para “que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”. Como siempre sucede con las cuestiones que atañen a la unión monetaria europea, para valorar esta propuesta hay que combinar argumentos económicos, jurídico-institucionales y políticos.