Hubo un momento hace ocho años en el que pareció que el G20 quería acabar con los paraísos fiscales. El comunicado de la cumbre de Londres proclamó que la era del secreto bancario había terminado. La lista negra de jurisdicciones no cooperativas y la ampliación del Foro Global de la OCDE (que hoy cuenta con 139 miembros) fueron dos de las medidas adoptadas, orientadas a facilitar el intercambio de información. De manera más reciente, los casos de elusión y evasión fiscal por parte de empresas multinacionales y la publicación de los Papeles de Panamá han reavivado las iniciativas sobre justicia fiscal. Aunque ya no quedan apenas países en la lista negra, las estimaciones más fiables señalan que los activos en paraísos fiscales siguen creciendo. Los vientos políticos en Estados Unidos y el Reino Unido hacen temer además una regresión.
Por eso es tan oportuna la publicación del libro Dirty Secrets: How Tax Havens Destroy the Economy, de Richard Murphy. Este veterano activista del movimiento de la sociedad civil a favor de la justicia fiscal internacional, considera que los esfuerzos recientes adolecen de una concepción demasiado fiscal de la naturaleza de los paraísos. Su esencia no es la laxitud de sus sistemas tributarios, sino la opacidad que proporcionan a las personas físicas y jurídicas para saltarse las leyes de los países donde residen. El autor hace especial hincapié en la utilización de madejas de sociedades de responsabilidad limitada y trusts (una figura semejante al fideicomiso en el derecho español), normalmente en distintas jurisdicciones, para evadir impuestos o cometer otros delitos sin dejar rastro.
Al mismo tiempo, el problema no deriva de un grupo de islas y ciudades francas dirigidas por unos gobernantes con vocación parasitaria, fuera del funcionamiento de la economía y el sistema financiero globales. Los paraísos del secreto son parte integral del sistema: las decisiones sobre el dinero se toman en Londres o Nueva York, que es donde reside además el entramado de contables, abogados y gestores de banca privada que contribuyen a proveer esos servicios de opacidad a aquellos que pueden pagarlos. No sorprende así que en el Índice de Opacidad Financiera que elabora Tax Justice Network (organización de la que Murphy es fundador) Estados Unidos ocupe el tercer puesto y Alemania el octavo. Si el Reino Unido se combinara con sus territorios de ultramar y los dependientes de la corona (los Jersey, Guernsey, Islas Caimán y demás), llegaría a destronar a Suiza, que lidera la clasificación.
El coste social de los paraísos también trasciende lo fiscal, según Murphy. No es que la pérdida de recaudación derivada de las prácticas de evasión y de elusión fiscal que facilitan no sea una lacra para muchos Estados. Las estimaciones más razonables (siempre basadas en información incompleta) sitúan la pérdida anual de recaudación en torno a los 400.000 millones de dólares, repartida a partes iguales entre rendimientos del capital y el impuesto de sociedades. Además, la opacidad que venden los paraísos mina el buen funcionamiento de los mercados, dando ventaja a una minoría frente al resto. No es posible conocer bien el perfil de riesgo de una empresa o de un banco, porque no sabemos lo que gana o quién lo dirige. Los contribuyentes que cumplen, sean empresas o personas físicas, tienen que competir en condiciones de desventaja con aquellos que se benefician de los paraísos.
Murphy propone una estrategia que ataque de manera directa el secreto, con dos nuevas obligaciones de transparencia para las personas jurídicas y los grupos multinacionales: el registro de los propietarios finales y la difusión de información país por país, respectivamente.
La utilización de sociedades de responsabilidad limitada o de trusts conlleva un cierto privilegio que debe ir aparejado a la obligación de hacer pública la información de los propietarios y beneficiarios últimos. La actividad de estas figuras jurídicas puede tener efectos sobre terceros que justifican que la transparencia prime sobre un supuesto derecho de privacidad. Es la única forma de poder identificar a los responsables de que las sociedades y los trusts cumplan sus obligaciones legales. Murphy propone incluir en el registro de las sociedades los nombres de los directivos, los propietarios de más del 10% del capital y las empresas que controla, acompañadas de información contable básica. Para los trusts, sería necesario incluir el acuerdo que rige su funcionamiento, los nombres de los gestores y de los beneficiarios de más del 10% de la renta generada por sus activos. Con estos registros se podría saber quiénes son las personas de carne y hueso que están al final de la madeja de sociedades; esta posibilidad ampliaría mucho la capacidad real de las autoridades fiscales para utilizar de manera eficaz el intercambio de información.
En diciembre de 2016, el Consejo de la UE aprobó una Directiva para dar acceso a las autoridades fiscales a la información sobre los propietarios últimos de sociedades y de ciertos trusts recabada en el marco de la prevención del blanqueo de capitales. Se prevé también un mecanismo para poder intercambiar entre los Estados Miembros la información de esto registros. El Reino Unido ya tiene un registro y otros países se han comprometido a crearlo.
La mayoría de los grandes grupos multinacionales tendrán que preparar información contable país por país en cumplimiento de la Acción 13 de la iniciativa de la OCDE para luchar contra la erosión de bases imponibles y la traslación de beneficios (BEPS). Se incluirán las ventas (tanto a consumidores finales como a otras sociedades del grupo), los beneficios, los impuestos estimados y pagados, el número de empleados y la inversión realizada en cada país. Esta información no tendrá implicaciones fiscales directas, pero será muy útil para ilustrar los comportamientos de elusión analizando dónde se realiza la actividad, dónde se generan los beneficios y dónde se declaran.
Murphy, que fue pionero al proponer esta medida ya en 2003, critica que la recomendación de la OCDE permita que esa información no sea pública y la reciba solo la autoridad fiscal del país donde está la residencia de la matriz del grupo. No hay razón para que los usuarios de la información financiera de los grupos multinacionales no puedan acceder también al detalle de la distribución país por país, que les ayudaría a conocer la actividad y valorar mejor los riesgos, incluidos los reputacionales. La fuerza de la transparencia conminaría a las empresas a ir abandonando las prácticas más descaradas de elusión fiscal para las que no tienen explicación satisfactoria. No obstante, la OCDE ha desarrollado un mecanismo para intercambiar esta información y someter a revisión la aplicación de la recomendación.
El libro propone además reformar la fiscalidad de sociedades (yendo hacia un esquema unitario en el que se grave al grupo de sociedades y se reparta entre los países donde opera), someter a control y responsabilidad a los profesionales y empresas que proveen secreto y aumentar los recursos de las autoridades fiscales.
Pero la impresión tras la lectura de este muy recomendable libro es que el principio del fin de los paraísos tendría que llegar con la generalización y puesta en práctica de las dos obligaciones de transparencia mencionadas. El levantamiento del velo de opacidad que permite a una minoría privilegiada y a los grupos multinacionales operar y explotar su capital sin rendir cuentas atacaría uno de los principales problemas del capitalismo globalizado. Baste recordar que no hay caso de corrupción o quiebra fraudulenta que no implique la utilización de entramados jurídicos para fines distintos a los de la actividad empresarial o la inversión legítimas. Tampoco se puede entender la tendencia hacia la reducción de la fiscalidad del capital, con sus consecuencias sobre la desigualdad y la suficiencia de los ingresos públicos, sin el recurso al secreto como fórmula de atracción de empresas y patrimonios.
La resistencia a dar este paso va a ser feroz, por parte de los que se benefician directa o indirectamente de las ventajas del secreto. Y no está claro que Estados Unidos y el Reino Unido sigan remando a favor. Por eso sería imprescindible que la UE se alíe con gobiernos de países emergentes y con la sociedad civil para ganar la batalla de la transparencia. Mientras se permita que una minoría escape a las obligaciones cívicas básicas que todos debemos cumplir, no se podrá defender de manera creíble la perspectiva de una globalización que beneficie a todos.
En colaboración con Agenda Pública, publicado el 20 de abril de 2017
