Tras las elecciones europeas del pasado 9 de junio, estos días se intensifica el debate en el seno de las instituciones europeas sobre cuáles deben ser las prioridades estratégicas para el próximo mandato 2025-2032. Si en 2019 fue el Pacto Verde el que dirigió la estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera con una economía moderna y competitiva y sobre todo, sostenible, la pregunta es si el voto del 50.57% de la ciudadanía europea para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo impactará en esta estrategia.
La coalición centrista pro-europea del parlamento saliente (PPE, S&D y Renew), que conserva 401 de 720 escaños, con posiblemente otros 52 de los Verdes/EFA, seguiría siendo lo suficientemente estable como para seguir apoyando la descarbonización de Europa en 2050. Teóricamente al menos. En la práctica, varios factores pueden ser decisivos.
En primer lugar, aunque los Verdes/EFA han pasado de ser la cuarta a la sexta fuerza política en la Eurocámara, tras bajar de 74 a 52 el número de escaños, esta caída no refleja el sentir ciudadano. En el último eurobarómetro sobre la transición ecológica publicado en julio 2023, la inmensa mayoría de los europeos (93%) sigue creyendo que el cambio climático es un grave problema para el mundo y más de la mitad (58%) piensa que debe acelerarse la transición hacia una economía ecológica ante las subidas de los precios de la energía y la preocupación por el suministro de gas tras la invasión rusa de Ucrania. Desde una perspectiva económica, el 73% de los europeos está de acuerdo en que el coste de los daños provocados por el cambio climático es muy superior al de las inversiones necesarias para la transición ecológica, y tres cuartas partes de los europeos (el 75%) coinciden en que la adopción de medidas en materia de clima hará que Europa sea más innovadora y competitiva. Casi nueve de cada diez ciudadanos de la UE (el 88%) creen que deberían reducirse al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero y compensarse las emisiones restantes, de modo que la Unión Europea sea climáticamente neutra de aquí a 2050.
A esta preocupación ciudadana se une, en segundo lugar, la constatación de la vulnerabilidad europea a los riesgos climáticos y sus consecuencias. En su primer informe sobre impactos y riesgos climáticos en Europa, la Agencia Medioambiental Europea calcula que los impactos de sequías, olas de calor, devastadores incendios, riadas e inundaciones y demás incidencias relacionadas con el cambio climático que se observan ya de manera cotidiana, suman anualmente en torno a 55.000 – 60.000 millones de euros, equivalentes al PIB de Lituania o Eslovenia. En España, tan solo en 2023, el campo sufrió 10 000 millones de euros en pérdidas por la sequía. Un artículo reciente en la revista Nature estima que el PIB global se reducirá en casi 20% de aquí al 2050 por efecto del cambio climático. Los eventos climatológicos extremos han aumentado entre 1980 y 2022, provocando
220.000 muertes y 650.000 millones de euros en pérdidas económicas durante el período en la UE, de los cuales alrededor de 170.000 millones de euros sólo en los últimos cinco años. Igualmente, se calcula que estos daños ya superan en seis veces los costes de mitigación necesarios para limitar el calentamiento global a 2 °C en este corto plazo, por no hablar de los efectos cascada que todos estos impactos tienen en la sociedad y estructura económica.
Por último, volviendo a las inversiones en mitigación al cambio climático, un futuro con bajas emisiones de carbono no solo es necesario sino también bueno para la economía, según los últimos escenarios climáticos de la Red para Descarbonizar el Sistema Financiero (NGFS), el grupo de 127 bancos centrales y supervisores financieros que trabajan para gestionar los riesgos climáticos e impulsar la inversión verde.
A nadie se le escapa, y buen reflejo de ello es la caída de los votantes hacia los partidos Verdes / EFA, es que la transición a una economía baja en carbono tiene impactos negativos en la demanda debido al aumento de los precios de las emisiones o los costos de la energía. Pero estos pueden compensarse parcialmente con políticas fiscales adecuadas, por ejemplo, reciclando parte o la totalidad de los ingresos de los mercados de carbono en inversiones. De lo que no hay duda es que, a la larga, reducir las emisiones reducirá los impactos físicos del cambio climático, lo que a su vez, reducirá los costes macroeconómicos.
Estamos en un momento decisivo para fijar la futura orientación estratégica de la Unión Europea. Informes como el de Enrico Letta, Mario Draghi o Sauli Niinistö o las diversas contribuciones de los Estados Miembro definirán las prioridades de la Unión Europea para los próximos años. La agenda estratégica 2024-2029 se acordará en el Consejo Europeo del 27 y 28 de junio y más tarde, una vez elegido el próximo presidente o presidenta de la Comisión Europea, éste o ésta detallará las directrices políticas que servirán como acuerdo entre el Parlamento Europeo y los Estados Miembro.
Posiblemente se ajusten algunos aspectos del Pacto Verde para dar mayor relevancia a cuestiones de equidad y justicia y contrarrestar los impactos negativos que la transición ecológica esté imponiendo a colectivos más desfavorecidos, ampliando las consideraciones estratégicas hacia otras actividades. Es urgente seguir trabajando por una mayor igualdad y cohesión social al mismo tiempo que se mantiene el apoyo público a las políticas de descarbonización. La preocupación de los ciudadanos por el coste de la vida y por la desigualdad debe ser atendida con políticas fiscales y estrategias de crecimiento adecuadas. No estamos ante una elección entre la protección del clima o la economía, porque los dos temas van de la mano. Utilizar la sostenibilidad medioambiental para lanzar mensajes populistas que confundan y dividan a la ciudadanía es una gran imprudencia que solo refleja una enorme irresponsabilidad política.