El 16 de enero de 1809 Sir John Moore, general del ejército británico responsable de las tropas desplazadas a España para ayudar a contener la invasión napoleónica, caía mortalmente herido en la batalla de Elviña, mientras defendía la costa gallega del ataque francés para poder evacuar a sus tropas.
Hoy, sin embargo, son los británicos quienes defienden hasta el último metro de su costa frente a la supuesta amenaza de los pescadores franceses y españoles, que tan sólo aspiran a seguir faenando después del Brexit como venían haciendo durante décadas. El problema es que en esta batalla se puede terminar torpedeando toda la negociación del Brexit.
La Unión Europea ha establecido tres condiciones para poder aprobar un Acuerdo de Relación Definitiva tras el Brexit con el Reino Unido: un acuerdo de pesca, un compromiso de competencia leal (evitar el uso competitivo de las ayudas de Estado y la normativa medioambiental, laboral y fiscal) y una mínima gobernanza del acuerdo (gestión y supervisión, mecanismo de resolución de disputas, aplicación efectiva y orden jurisdiccional).
De las tres, la que más ha sorprendido a muchos es la exigencia de un acuerdo en el ámbito de la pesca. Y no porque no sea deseable, sino por el hecho de establecerlo como factor clave de las negociaciones. La explicación no hay que buscarla en la importancia cuantitativa del sector en términos de PIB o empleo, sino en su importancia social y regional: existen pocas actividades cuyo empleos giran tanto en torno a lugares muy determinados. España es el país de la UE donde la actividad pesquera absorbe más empleo directo (junto con Grecia e Italia suponen alrededor del 65% del total europeo), y también la que más toneladas pesca anualmente (seguida de cerca por Dinamarca), si bien su actividad en la zona marítima de Reino Unido (Gran Sol y Malvinas) es menos importante que la de Francia, Irlanda o Países Bajos. En caso de un Brexit sin acuerdo, el sector pesquero español perdería el acceso a unas 9.000 toneladas anuales, menos del 1% del total, aunque de especies de alto valor como la merluza, el rape o el gallo, y perjudicando a más de 100 buques, 1.700 empleos directos y otros 6.800 indirectos.
¿Cuáles son las posiciones de ambas partes? Conviene recordar que en la UE rige la Política Pesquera Común, que implica dos cosas: acceso permanente a aguas territoriales del resto de Estados miembros –puestas en común como “aguas de la UE”–, y reparto anual de capturas máximas por especie (TAC) conforme a una cuotas nacionales establecidas en los años 70. El Reino Unido considera que entonces negoció mal sus cuotas, si bien eso fue hace ya 48 años, cuando las aguas territoriales de los países sólo cubrían 12 millas náuticas (desde 1982 cada país dispone de 200 millas dentro de su denominada “Zona Económica Exclusiva” o ZEE).
La UE pretende mantener el statu quo y garantizar en la medida de lo posible un acceso y unas capturas estables tan sólo modificables de mutuo acuerdo, mientras que el gobierno británico quiere discutir cada año tanto el acceso de los buques de la UE a aguas del Reino Unido como las cuotas de captura (que preferiría calcular en función del porcentaje de especies de cada ZEE, en lo que se conoce como «vinculación zonal»). Es lo que hacen otros Estados como Noruega (quien, por cierto, rechazó formar parte de la UE, entre otras cosas, por no incorporarse a la Política Pesquera Común).
La UE, por supuesto, es consciente de que la situación actual no puede permanecer indefinidamente, pero quiere que las condiciones de acceso a aguas británicas cambien de forma gradual, para evitar grandes trastornos a los pescadores europeos que tradicionalmente han faenado en aguas del Reino Unido. También teme la pesadilla técnica de tener que negociar anualmente las capturas de las múltiples especies. Algunos países, como Francia, están adoptando una posición muy rígida.
¿Existen razones para un acuerdo en materia de pesca? Creo que sí, al menos por cinco motivos.
En primer lugar, porque, aunque el Reino Unido no quisiera dejara entrar a nadie en sus aguas territoriales, según la Convención del Mar tendría en todo caso que permitir a otros países acceder a la parte del TAC establecida para su ZEE que no haya sido capaz de cubrir con su propia flota.
En segundo lugar, porque la cooperación es imprescindible para la sostenibilidad de los recursos: al igual que hace la UE con Noruega, las capturas deben negociarse siempre, no sólo porque los peces no llevan pasaporte (se pescan donde se encuentran, y no donde se han criado), sino porque si cada país fijara sus propias TAC lo más probable es que se esquilmasen los caladeros.
En tercer lugar, por las interdependencias empresariales de la flota pesquera británica. A diferencia de muchos países, que asignan sus cuotas en función de consideraciones socioeconómicas y regionales, el Reino Unido las considera derechos privados que pueden comprarse, venderse y alquilarse libremente; esto ha llevado, por un lado, a una fuerte concentración interna (en 2018 Greenpeace calculaba que más de una cuarta parte de las cuotas estaban en manos de solo cinco familias) y, por otro, a una gran externalización (más del 90% de la cuota británica de arenque está en manos de empresas europeas, y más del 60% del tonelaje desembarcado en puertos británicos es capturado por barcos extranjeros).
En cuarto lugar, porque el Reino Unido no va a comerse con “chips” todo lo que pueda pescar. La otra cara del acceso a los caladeros británicos es el acceso al mercado europeo, su mejor cliente: el 80% de todo el pescado exportado por el Reino Unido se vende dentro de la UE, y algunos sectores como del del marisco, el bacalao, el arenque y la caballa son totalmente dependientes de sus ventas europeas.
En quinto lugar, porque la motivación política no está clara. Aunque la inmensa mayoría de las comunidades pesqueras del Reino Unido (al sur, al este y en la costa norirlandesa) votaron a favor del Brexit, el mayor puerto pesquero del Reino Unido, con diferencia, es el de Petershend, en Escocia, cuyo gobierno no vería con agrado un golpe más a su economía propinado por el Brexit que nunca quisieron.
¿Existe posibilidad de acuerdo? Es razonable que el Reino Unido quiera tener una mayor cuota y un mayor control sobre sus recursos, y es razonable que la Unión Europea quiera mantener una mínima seguridad jurídica para sus pescadores de modo que no tengan que estar cada año al albur de difíciles negociaciones. Un cierto gradualismo es perfectamente compatible con un acuerdo que proporcione seguridad jurídica a corto y medio plazo.
La soberanía sólo es buena si tiene implicaciones prácticas. Si se trata de reestructurar poco a poco su acceso y sus capturas, el Reino Unido está en su derecho. Si se trata sólo de cerrarse al exterior, convendría recordar que antes de la II Guerra Mundial (cuando el Reino Unido aún era un imperio) las aguas territoriales eran muy inferiores a las 200 millas actuales. Ni siquiera llegaban a 12, sino que se consideraba que se limitaban a la distancia que podía alcanzarse con el disparo de una bala de cañón desde la costa.
Una bala de cañón fue precisamente lo que mató a Sir John Moore. Consiguió repeler el embate de los franceses y embarcar sus tropas de vuelta al Reino Unido y se ganó –aparte de una elegía de Rosalía de Castro– un reposo eterno con vistas mar en los Jardines de San Carlos, uno de los lugares más hermosos de La Coruña. Pero no sobrevivió, y su tumba sirve de permanente recuerdo de que defender la costa a cañonazos sale siempre mucho más caro que promover la cooperación comercial.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
Como siempre un complicado asunto claramente explicado. Y además con moraleja.