El pasado 7 de octubre el presidente del Gobierno presentó el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”, bautizado como “España Puede”. El nombre parece destinado a ser repetido una y otra vez delante del espejo (como el del personaje de Antoine Doinel en “Besos robados”, de Truffaut) para convencernos a nosotros mismos de que tendremos éxito en la difícil tarea de gestionar adecuadamente tanto dinero en tan poco tiempo.
El objetivo es movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos teóricamente asignados a España en el Plan de Recuperación para Europa (Next Generation EU), unos 72.000 millones de euros. Conforme a los criterios europeos, más del 37% se destinará a inversiones medioambientales y casi un tercio a digitalización.
El Plan arroja poca luz sobre las reformas estructurales, basadas en las recomendaciones del Semestre Europeo de 2019 y 2020, aunque en cierta medida es lógico esperar a que un posterior borrador más avanzado entre en los detalles.
Pero hay cosas que ya se están moviendo. El gobierno ha invitado a las grandes consultoras (Deloitte, EY, KPMG y PwC, las “Big Four”) a participar en el proceso de diseño de propuestas. En las diversas comunidades autónomas se están ya identificando proyectos financiables para remitir a los responsables de la coordinación en Presidencia del Gobierno. Es decir, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia no es ya sólo una idea, sino un plan en marcha. Quizás sólo en una fase inicial en la que los detalles sean menos relevantes, o quizás de una forma que condicione todas las decisiones posteriores. El problema es que, más de un mes después de su presentación oficial, aún existen demasiados interrogantes (muchos de ellos también presentes en los planes de otros países).
Así, por ejemplo, ¿qué criterio se está siguiendo a la hora de priorizar proyectos? ¿Todos los proyectos que van a presentar inicialmente las comunidades autónomas estaban ya contemplados en sus planes de inversiones, o se van a incluir proyectos nuevos? Si va a haber proyectos nuevos, ¿quién los está proponiendo? ¿Las propias administraciones? En ese caso, ¿a qué nivel, técnico o estrictamente político? ¿Se están escuchando propuestas de entidades privadas? Si es así, ¿cómo se están canalizando, a través de las grandes consultoras, a través de sus ministerios sectoriales o directamente? ¿Cómo se está velando por los intereses de las PYMES, que tienen una red de contactos mucho menos eficiente que las grandes empresas?
¿Qué criterio se sigue a la hora de decidir someter un proyecto a financiación europea vía transferencias frente a financiación ajena? ¿Es un criterio puramente económico (en función del período de maduración del proyecto), o simplemente se está “tirando de transferencias” hasta que se acaben? En este último caso, ¿se están descartando otros proyectos que ya contaban con financiación ajena estructurada –privada o multilateral– sólo porque la financiación europea es gratuita, en claro detrimento de la adicionalidad del Plan? ¿Qué efecto tendrá esto sobre los acreedores tradicionales desplazados?
Respecto a la deuda, ¿por qué se ha decidido en principio evitar los préstamos del Fondo de Recuperación Europeo y se está optando por emisiones nacionales de deuda, más allá de la evidencia de que por ahora podemos seguir emitiendo sin problemas (gracias al programa de compras del Banco Central Europeo)? ¿Hasta qué punto la Comisión ve bien que se desaproveche la oportunidad de que las primeras emisiones masivas de bonos europeos tengan el tamaño (y por tanto, la liquidez) esperado? Hace poco comentaba Marco Buti en un evento del PIIE que, a la hora de decidir si acceder o no a los préstamos del Next Generation EU, los Estados miembros “deberían pensar no sólo en sus intereses, sino también en los intereses europeos”. Una forma muy sutil de decir: ¿Tanto suspirar por eurobonos, y cuando tenemos lo más parecido a ellos que nos vamos a encontrar en mucho tiempo, los despreciamos porque todavía nos financiamos holgadamente en los mercados? ¿Hasta qué punto los rumores de “algunos miembros del Consejo de Gobierno” del Banco Central Europeo –parcialmente confirmados por uno de ellos– de que podrían establecer límites de compras de deuda dentro del programa de emergencia pandémica (PEPP) a los países que rechacen solicitar deuda europea reflejan el sentir general en una institución que, por otro lado, siempre ha defendido la creación de un activo seguro europeo? ¿Es esa una amenaza creíble (con el peligro que conlleva), o responde tan sólo a la necesidad de señalizar, de cara a una futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el PEPP, que siempre intentó evitar la financiación monetaria de los gobiernos?
Volviendo al ámbito estrictamente nacional, ¿cuál es el papel exacto de las grandes consultoras en este proceso y cómo se garantiza su confidencialidad e independencia, teniendo en cuenta que muchas de ellas realizan otros trabajos para las mismas administraciones públicas? ¿Qué criterios de oportunidad o de eficiencia se están aplicando a las propuestas recibidas desde las Comunidades autónomas para evitar que el dinero se malgaste? ¿Se seguirán los procesos ordinarios de licitación pública según la legislación española o habrá medidas adicionales como consecuencia de que los fondos son europeos? ¿Cómo se reaccionará si muchas licitaciones son ganadas por empresas europeas, teniendo en cuenta que los planes están pensados para los países pero el mercado único no permite restringir las licitaciones sólo a empresas nacionales? ¿Va a haber obligaciones adicionales de publicidad para que las PYMEs puedan participar con éxito? ¿A quién se debe dirigir una PYME que tenga ideas para proyectos financiables con cargo a los fondos europeos, teniendo en cuenta que no hay una persona de contacto para el Plan de Recuperación?
Por otro lado, ¿cómo se está fortaleciendo la administración central y autonómica para canalizar todos estos fondos? ¿Se ha analizado a fondo la escasa absorción española del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020, menor de la que se dice, pero tampoco desdeñable? ¿Llevarán el Fondo de Recuperación Europeo las mismas unidades que gestionan los remanentes del MFP 2014-2020 los fondos del Marco 2021-2027, o serán equipos distintos? ¿Se plantea simplificar la Ley de Contratos del Estado, demasiado compleja para canalizar tantos fondos en tan poco tiempo?
Evidentemente, no es fácil para ningún gobierno plantearse gastar más 70.000 millones de euros de forma eficiente en tres años, sin errores y con máxima eficiencia. Seguro que muchas de estas dudas sobre gobernanza y transparencia están siendo adecuadamente abordadas –no sólo por España– en este momento. Pero conviene insistir en que, en cualquier ámbito de la economía, las empresas necesitan certezas, minimizar la incertidumbre, tener interlocutores válidos y conocedores de la materia y tiempo suficiente para prepararse. En los próximos años la colaboración entre el sector privado y el sector público va a ser fundamental, y para que ésta funcione no sólo es necesario el liderazgo, la voluntad de éxito y la capacidad de trabajo de la Administración. Es imprescindible que, en cuanto se tenga una versión más desarrollada del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español, todas estas preguntas comiencen a tener respuesta. Para que España “pueda” es necesario que, cuanto antes, España sepa.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
Estupendo artículo
¡Gracias, Alfredo!