Un día la futura primera dama estadounidense tuvo conocimiento de que su marido, el futuro presidente, la engañaba. Su vida cambió para siempre en ese instante: aunque al principio pensó en divorciarse, finalmente lo reconsideró y de forma fría y pragmática decidió permanecer a su lado, pero con una condición: abandonaría el papel de esposa abnegada y desarrollaría una intensa actividad pública con una agenda política propia. No estamos hablando de Hillary Clinton, sino de Eleanor Roosevelt.
En estos últimos años de restricciones presupuestarias ha resurgido el debate de la privatización sanitaria. El concepto es complejo, porque una cosa es la provisión de servicios sanitarios (quién ofrece el aseguramiento y la cartera de servicios sanitarios y los financia) y otra la producción de servicios sanitarios (quién gestiona el seguro, los hospitales y sus servicios accesorios o quién contrata a los profesionales sanitarios), lo que da lugar a distintas combinaciones y modelos público-privados muy distintos. En cualquier caso, siempre que se ha hablado de privatización (con distintas implicaciones), el debate económico ha brillado por su ausencia. Los argumentos que se han esgrimido en favor de la privatización rara vez se han documentado con datos y han sido sustituidos por actos de fe. ¿Qué mitos existen respecto a la sanidad privada?
En las últimas décadas el desarrollo de las nuevas tecnologías ha favorecido el análisis exhaustivo de datos masivos (el Big Data, en terminología popularizada a finales de los noventa por John Mashey) por parte tanto de la Administración como de las empresas privadas, en especial las tecnológicas. Por lo que respecta a la Administración, tan importante es que se le exija que no utilice mal la información que posee como que aproveche la que posee en beneficio del ciudadano, especialmente cuando podría generar importantes ahorros y eficiencias.
Uno de los usos en los que los datos en poder de la Administración podrían comportar grandes ventajas sería en el ámbito tributario, donde la ausencia de una medición efectiva individualizada de la capacidad de pago de los contribuyentes impide un sistema fiscal no sólo más justo, sino también más eficiente en forma de una mayor recaudación.
Durante el banquete posterior a la entrega del premio Nobel de Economía, el galardonado se levantó y comenzó su discurso. Lo primero que dijo es que, si le hubieran preguntado, él nunca habría recomendado la creación de un premio Nobel para esta disciplina. Al principio el público rió, pensando que hablaba en broma. Pero se fijaron bien y comprobaron que no estaba sonriendo. Entonces, para relajar un poco el ambiente, nuestro protagonista siguió diciendo que en primer lugar temía que un premio de estas características tendiera a acentuar los vaivenes de las “modas científicas”, pero en este sentido estaba tranquilo porque en esta ocasión se lo habían dado a él, y él no estaba de moda. Luego, sin embargo, se puso de nuevo serio y advirtió que su segundo motivo de preocupación era más grave: el premio Nobel de economía, dijo, “confiere a un individuo una autoridad que en Economía nadie debería poseer.”
El pasado 30 de agosto la Comisión Europea estableció que la empresa estadounidense Apple deberá pagar una multa por importe de 13.000 millones de euros por haberse beneficiado de ayudas fiscales ilegales. La sanción equivale al 27% de los beneficios anuales de la compañía en 2015, y es la mayor multa impuesta nunca por la Comisión.
Apple y el gobierno irlandés emitieron sendos comunicados de protesta, y anunciaron que recurrirán la sentencia. Al Ministro de Finanzas de Irlanda le preocupa “defender la integridad de su sistema fiscal”. Apple, por su parte, señaló que siempre ha pagado lo que debía y se quejó de que aquí “no se trata de cuántos impuestos paga Apple sino de cuál es el gobierno que recauda”, amenazando además con “profundas y nocivas consecuencias en la inversión y creación de empleo en Europa”. Esta última amenaza también la profirió el portavoz del Tesoro estadounidense. El Consejero Delegado de Apple, Tim Cook, fue más lejos, calificando la multa de “basura política” y acusando a la CE de manejar “cifras falsas”.
¿Quién tiene razón?
