La política económica está prestando una creciente atención al impacto de las políticas de género. En el ámbito de los organismos internacionales, el FMI y la OCDE se han sumado a este tipo de análisis (incluyendo sendos portales ad hoc ‒Fondo, OCDE‒), reforzando la investigación y las recomendaciones que vinculan las políticas de género con su impacto macroeconómico sobre el crecimiento y la estabilidad, como objetivos adicionales al tradicional de la inclusión que se realizaba en los bancos de desarrollo. En otra entrada ya veíamos la política presupuestaria con perspectiva de género, y aquí se esbozan los principales elementos que se están considerando sobre el impacto macroeconómico de las políticas de género, su incidencia sobre el crecimiento, la reducción de la desigualdad, la diversificación económica y la estabilidad financiera.
El punto de partida del impacto macroeconómico es que la infrautilización de la mitad del factor trabajo de un país que representan las mujeres ‒asociado a aspectos como su menor tasa de actividad (de media, a nivel global la tasa de participación femenina se sitúa en un 50% frente al 76% de la masculina, con notables diferencias entre países), su menor acceso a formación/educación o su mayor concentración en trabajos poco cualificados‒ impide una asignación eficiente del factor trabajo, lo que limita la productividad y la capacidad de crecimiento de la economía. Así, se observa una relación positiva igualdad de género y niveles de renta per cápita. En esta sentido, el FMI está impulsando, con carácter general, el desarrollo de la perspectiva de género en su análisis económico, incluyendo la inclusión de las diferencias de género en los modelos EDGE que ha aplicado, por ejemplo, en India o Argentina.
Más interesante resulta el impacto diferencial que las políticas de género puede tener sobre el tipo de crecimiento que se genera, de forma que pueden tener un efecto positivo, por ejemplo, en la reducción de la desigualdad, la diversificación de la economía o la estabilidad financiera. En el primer caso, hay un reconocimiento generalizado sobre la asociación directa entre la desigualdad de género y la de renta. En las economías avanzadas, la desigualdad está sobre todo asociada con las diferencias de género en la participación en la actividad o a aspectos como la brecha salarial o la participación en el sector informal; en las emergentes y en desarrollo principalmente con las diferencias de género en la igualdad de oportunidades ‒acceso a educación, sanidad, servicios financieros o derechos civiles‒. Por tanto, en función de su diseño, las políticas de género tienen un impacto directo sobre la reducción de la desigualdad.
Hay menos evidencia sobre la relación entre la desigualdad de género y el grado de diversificación de la economía. En las economías en desarrollo se observa una cierta relación entre desigualdad de género y diversificación de la producción y las exportaciones, que podría explicarse a través del canal del capital humano y la ineficiencia en la asignación del factor trabajo ‒mayor desigualdad de género en nivel educativo y en la participación en el mercado de trabajo, reduce el potencial de capital humano y del flujo de ideas y desarrollo de sectores productivos‒. Un posible canal adicional de segunda vuelta es la mayor propensión de las mujeres a invertir en educación de los hijos, lo que aumenta el capital humano a medio plazo.
Sobre estabilidad financiera, el Fondo acaba de sacar un interesante estudio sobre el impacto positivo en la estabilidad financiera que pueden tener las políticas de género. Las cifras de la participación de las mujeres en el sector financiero son desoladoras (con datos de2001 a 2013 para 800 bancos en 72 países): representan menos del 2% de las presidencias y ocupan menos del 20% de los puestos en los Consejos ‒en este caso, con las cifras más altas en África Subsahariana y Europa, y especialmente bajas en Latinoamérica, en torno al 2%‒. Las cifras son también muy bajas en relación a la participación de las mujeres en los órganos de supervisión del sistema financiero. Con datos de 115 países de 1999 a 2017, la participación en los consejos de supervisión se sitúa en media en el 17% (llamativamente, las cifras son especialmente altas en África Subsahariana, en torno a 25%). Se trata de niveles de representación muy inferiores a la especialización de las mujeres en los estudios de economía: suponen en media el 50% de los graduados en ADE y el 30% de los economistas.
El estudio encuentra resultados estadísticamente significativos que relacionan positivamente la mayor presencia de mujeres en los consejos con una mayor estabilidad del banco ‒ceteris paribus, una mayor presencia femenina está vinculada a mayores colchones de capital, menores créditos dudosos y menor riesgo de quiebra‒. De igual manera, la presencia de más mujeres en los órganos de supervisión también está asociado con una mayor estabilidad y rentabilidad bancaria. Entre los posibles factores explicativos estarían: la mejor gestión del riesgo por parte de las mujeres (evidencia menos clara), la mayor diversidad de opinión en los consejos que introduce su participación, lo que favorecen mejores decisiones, o que las restricciones de acceso a las mujeres implica que las que llegan, tienen un nivel de cualificación especialmente elevado (el estudio apunto a estos dos últimos factores como más relevantes).
En definitiva, más allá de la propia virtud del objetivo de la reducción de la desigualdad de género per se, desde los organismos económicos internacionales se está haciendo un esfuerzo por reforzar el análisis de estas políticas vinculándolas a objetivos macroeconómicos e impulsando mejores prácticas y la recopilación de datos que registren las especificidades económicas de la desigualdad de género. Con carácter general, y sin perjuicio de las especificidades del diseño de las políticas aplicadas, el estrechamiento de la brecha de género puede favorecer el crecimiento, la reducción de la desigualdad o la estabilidad del sistema financiero. Un crecimiento más sano.