El poder intelectual de la capital del imperio implica que muchas ideas en el ámbito de las políticas públicas surgen en Washington y cruzan el Atlántico. A veces hay un control sobre si el objetivo afecta realmente a los problemas en Europa, y otras veces no lo hay, pero muchas de las ideas se ponen de moda igualmente.
La Administración Biden propugna una nueva política industrial al más clásico estilo de “pick winners” de los años 60. Pretende, por una parte, la transición verde reindustrializando el país con medidas de promoción de la producción local frente a la importada, muchas de ellas contrarias a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y, por otra parte, el avance en tecnologías críticas, como semiconductores. Simplificando, el primer objetivo se puede leer como una cuestión de política interior: reindustrializar para crear empleos con salarios “dignos” en zonas que se habían radicalizado políticamente para generar seguridad económica entre esos votantes. Se trata del intento de recuperar el voto demócrata en los fly-over states (los estados deprimidos entre las dos costas del país sobre los que se vuela y no se para). El segundo objetivo, del ámbito de la política exterior, nace de la rivalidad con China.
En conjunto, este pensamiento remata el radical cambio que se estaba produciendo en Estados Unidos desde la década pasada, por el que el país ha dejado de apadrinar la globalización. El gobierno habla en su lugar de friendshoring, pero no está dispuesto a ofrecer acceso comercial a ningún país, con lo que se le puede criticar que la mano que tiende a algunos países está vacía.
Los China hawks en el poder
La rivalidad con China es el único elemento de acuerdo bipartidista y permea toda la política económica en sentido amplio, incluyendo la industrial y la científica. La invasión rusa de Ucrania queda lejos físicamente y no ha tenido el impacto económico y personal y que tiene en Europa. Además de las preocupaciones estrictamente de defensa, el gobierno considera que la globalización y la entrada de China en la OMC (el China shock) han perjudicado a los trabajadores blue collar y por ello se han radicalizado (obvia, sin embargo, el acceso a bienes baratos para esa clase media que ha supuesto el shock, así como el papel que pueden haber jugado la tecnología y la automatización en esos puestos de trabajo). Así que, tras los problemas de suministro durante la pandemia, y la confirmación de Xi en Pekín en otoño, la Administración Biden está embarcada en un esfuerzo que el National Security Advisor, Jake Sullivan, ha descrito en un discurso muy comentado como de de-risking respecto a China y restructuración del orden económico internacional. Se le ponga el título que se le ponga, este esfuerzo también tiene un componente agresivo, como muestran los acuerdos que ha orquestado el gobierno para impedir el acceso chino a semiconductores de Holanda y Japón en seguimiento de la medida aprobada en Estados Unidos en octubre. Otro paso de esta política, también de actualidad, es el que prepara el Treasury con la próxima publicación de normas para controlar no solo las exportaciones sino también las inversiones de empresas estadounidenses en el exterior (se entiende que restringirán las destinadas a China), cuya aprobación se está demorando por la oposición de muchas empresas. La Secretaria del Treasury, Janet Yellen, que está entre los blandos del gobierno hacia China, las describe como medidas quirúrgicas legítimas para proteger la seguridad nacional. Si se alcanza el consenso para aplicarlas, el siguiente paso de la Administración será convencer a otros, como la UE, de que aprueben medidas similares.
La industrialización por sustitución de importaciones o la recuperación del voto demócrata por promoción de la producción local
Las tres leyes de bandera de política económica aprobadas en lo que va de mandato de Biden se leen en clave de reindustrialización local y rivalidad con China. Las tres incrementan la inversión pública y fortalecen el proteccionismo comercial mediante subvenciones a la producción local en las áreas de tecnologías críticas y transición verde. Son la de infraestructuras, la de ciencia y semiconductores, y la de transición verde o Inflation Reduction Act. Esta última es la que más revuelo ha generado en la industria europea, debido a la potente voz de la industria automovilística alemana.
La Inflation Reduction Act, aprobada en agosto de 2022, incluye medidas desde la modernización de la agencia tributaria a reducción del gasto farmacéutico, pero principalmente, promueve las energías renovables, la electrificación y el vehículo eléctrico mediante la concesión de voluminosas subvenciones (en forma de desgravaciones fiscales) con un agresivo componente proteccionista. El componente proteccionista lleva un tiempo en la identidad de la política comercial estadounidense, pero en esta ocasión es explícito. Se lee como una manera de evitar que Estados Unidos ponga su inmensa demanda (más de 330 millones de personas con una renta per cápita de más de 80.000 dólares al año) a disposición de las oportunidades industriales en China, así como de reformar las cadenas de suministro globales para traer a Estados Unidos la producción y generar resiliencia ante shocks como el de la pandemia (el famoso cambio del just in time al just in case). Esta ley ha generado especial preocupación en Europa por su volumen y componente discriminatorio. Por ejemplo, la partida de subsidios a la compra del vehículo eléctrico ensamblado en Estados Unidos no tiene límite, sino que depende de la demanda.
En consonancia con las otras dos ideas, la nueva forma de ver el mundo en Washington ya no incluye preocupaciones de otra época sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Los republicanos hablan de la responsabilidad fiscal, pero proponen pocos recortes del gasto y muchos de impuestos. Se puede decir que no quedan conservadores fiscales en Washington, también porque al emitir deuda en la principal moneda de reserva mundial, es un lujo que se pueden permitir.
De estos tres elementos (política industrial, rivalidad con China y ausencia de conservadores fiscales), el primero ha saltado el Atlántico rápidamente. La UE está ahora embarcada en su reglamento de respuesta a la Inflation Reduction Act, que es otra manera de plasmar en ley la misma idea de Biden, aunque no se sabe si responde a la preocupación por la recuperación de un voto radicalizado zonas deprimidas o al lobby industrial europeo. La preocupación por la inversión en ciencia y tecnologías críticas también ha cruzado el Atlántico, aunque más tímidamente y por un objetivo genérico de no quedarse atrás, no por uno explícito de rivalidad con China. Falta saber si el lobby industrial y la preocupación por quedarse atrás en ciencia y tecnologías críticas pesarán lo suficiente como para borrar del mapa a los conservadores fiscales. Pero en este punto vuelve a entrar en juego la política local y cuestiones que son más identitarias que de economía política en Alemania: si la deuda es culpa y quien se endeuda es culpable, ahí acaba la importación de ideas de Washington. En ese caso, pocos medios va a tener Europa para copiar las políticas estadounidenses, y más le vale pensar si son una moda que viene de Washington o responden a problemas propios que quiera resolver.