Imposición y tecnología

En las últimas décadas el desarrollo de las nuevas tecnologías ha favorecido el análisis exhaustivo de datos masivos (el Big Data, en terminología popularizada a finales de los noventa por John Mashey) por parte tanto de la Administración como de las empresas privadas, en especial las tecnológicas. Por lo que respecta a la Administración, tan importante es que se le exija que no utilice mal la información que posee como que aproveche la que posee en beneficio del ciudadano, especialmente cuando podría generar importantes ahorros y eficiencias.

Uno de los usos en los que los datos en poder de la Administración podrían comportar grandes ventajas sería en el ámbito tributario, donde la ausencia de una medición efectiva individualizada de la capacidad de pago de los contribuyentes impide un sistema fiscal no sólo más justo, sino también más eficiente en forma de una mayor recaudación.

Ya Adam Smith consideraba en el Capítulo II del Libro V de La Riqueza de las Naciones que los ciudadanos tienen que pagar impuestos en función de su capacidad, sentando las bases de un sistema de tributación progresivo en el que contribuya proporcionalmente más el que más tiene. Esta capacidad de pago se grava en sus distintas manifestaciones (renta, consumo y riqueza), y tiene sentido, ya que gravar sólo una de ellas como la renta podría dar lugar a una escasa tributación por parte de individuos con gran capacidad de pago (vía patrimonio o gasto) pero baja renta.

El problema es que en algunos tributos el ajuste en función de la capacidad de pago no siempre es fácil: así, por ejemplo, cada vez que se plantea la posibilidad de simplificar el impuesto sobre el valor añadido suprimiendo los tipos reducidos, que presentan un importante grado de arbitrariedad y fuertes costes recaudatorios, se clama contra la injusticia del encarecimiento de bienes básicos para las familias con menos ingresos. No se protesta tanto, sin embargo, porque un multimillonario pueda comprar una barra de pan o un litro de leche a ese mismo tipo reducido (según un informe de la OCDE de 2014, los tipos reducidos favorecen proporcionalmente más a los más ricos, y son una mala política redistributiva).

Otro ejemplo, no estrictamente tributario, es el del copago sanitario: nadie discute que la gratuidad de los servicios sanitarios, aunque sea deseable, provoca un exceso de demanda que conviene moderar para desincentivar el abuso, pero el principal argumento que se emplea cada vez que se intenta implantar cualquier tipo de copago es que supondría un coste inasumible para las personas de menor renta o con enfermedades crónicas.

Si nos fijamos, gran parte de esos problemas se derivan de la imposibilidad para el Estado, recaudador fiscal y prestador de determinados servicios públicos, de una discriminación adecuada de los individuos en función de su capacidad de pago o sus necesidades. Supongamos que, en un país determinado, el pan y la leche están sujetos al mismo tipo impositivo sobre el consumo que cualquier otro bien, pero que, a cualquier individuo de baja renta que adquiere una cantidad máxima diaria razonable (para evitar el fraude) de dichos productos, se le transfiere inmediatamente una subvención que cubre aproximadamente la diferencia entre el impuesto al tipo ordinario y el impuesto a un tipo reducido. Supongamos, asimismo, que en ese mismo país se establece un copago sanitario por el cual se cobra una pequeña cuantía por cada consulta en un ambulatorio, pero que a la hora de pagar, aquellos individuos con un bajo nivel de renta o con enfermedades crónicas que requieren atención frecuente reciben inmediatamente una cantidad que cubre una parte o la totalidad del copago. ¿Alguien diría que el sistema sería injusto?

Pues bien, la tecnología actual permitiría teóricamente este tipo de soluciones. Así, en muchos países los individuos tienen un documento de identidad en forma de tarjeta con chip electrónico que, además de contener datos biométricos, permite realizar numerosas gestiones con la administración. ¿Qué impediría que en ese mismo chip se incluyesen, de forma cifrada, datos sobre la renta y patrimonio neto de su poseedor, seguridad social u otros elementos que permitan un tratamiento fiscal diferenciado del individuo?

En realidad, nada. A veces, quizás, la desconfianza por parte del ciudadano o de la sociedad civil en general hacia la posesión por parte de la Administración de tantos datos privados en una misma localización. Sin embargo, la realidad es que gran parte de esos datos ya los tienen las distintas administraciones, pero por un principio de privacidad tan relevante como poco debatido, rara vez las Administraciones cruzan los datos, lo que no sólo dificulta un tratamiento individualizado de la capacidad de pago de los individuos, sino que también facilita el fraude fiscal.

Esta desconfianza, muy acusada en algunos países por motivos históricos (por ejemplo Reino Unido, Irlanda, Australia, Noruega o Suecia), tiene su razón de ser: la privacidad es parte fundamental de la libertad de los individuos, y por ello el acceso a datos privados por  parte de la Administración o de las empresas debe estar fuertemente controlado y monitorizado, y el uso inadecuado de dichos datos debe ser severamente castigado.

Pero de la misma forma en que en que la cesión de datos tiene sus ventajas y comodidades en el ámbito privado, y por eso la gente no renuncia a buscar en Google, usar Gmail, comprar en Amazon o usar su tarjeta de crédito, también la cesión de datos a la Administración puede tener su contrapartida en forma de impuestos y prestaciones más ajustados a las auténticas capacidades y necesidades de los individuos.

En el fondo, el uso apropiado de la información por parte de la Administración no es sino un elemento más de la calidad de la democracia de un país. Los abusos cometidos en las últimas décadas por algunos gobiernos en la captación de información privada con fines de seguridad dice mucho más de la falta de control en la obtención y uso de los datos que de la falta de capacidad tecnológica para obtenerlos. Lo que hace falta es un régimen claro y transparente de captación, acceso y uso de datos por parte la Administración con unos fines tasados, y con un régimen de sanciones adecuado.

Para avanzar en una individualización de la capacidad de pago que ajuste el tributo a cada contribuyente y permita una maximización de la recaudación y una minimización del fraude, la tarjeta de identificación del ciudadano debería recoger datos de su renta, patrimonio neto (descontando las deudas), gastos e impuestos sobre el consumo y seguridad social. En paralelo, debería incluir la posibilidad de funcionar como monedero electrónico, no sólo para efectuar pagos sino para recibirlos, tanto a modo de compensación en renta (que, como es sabido, es una forma mucho más eficiente de subvencionar que la alteración de los precios de los bienes) como para la recepción automática y seguimiento de determinadas pensiones o prestaciones sociales. Algunos países pioneros como India ya están emitiendo tarjetas de identificación con datos biométricos que dan acceso a subsidios.

Por supuesto, todo ello requeriría una redefinición adecuada y multivariante de la capacidad de pago de los individuos, para que su carga fiscal total anual fuera razonable y proporcionada en relación con su capacidad de pago, y no desincentivadora.

Un pesimista diría que en el siglo XXI nos debatimos entre un Gran Hermano orwelliano público y otro privado, pero en realidad nada impide que una Administración responsable y una regulación adecuada aprovechen y garanticen que la cuantiosa información disponible y las nuevas tecnologías vayan en beneficio de los ciudadanos, minimicen sus costes tributarios y maximicen la eficiencia y equidad de las prestaciones sociales.