Y Merkel cambió de opinión

Una tarde de primavera de 1946 Friedrich Hayek, de visita en Londres, coincidió con Keynes en una cena en el King’s College. Después del postre, Hayek aprovechó para expresarle su preocupación por el hecho de que dos de sus discípulos estuvieran promoviendo políticas fiscales expansivas en contextos que podrían ser inflacionistas. Keynes, por supuesto, no le dijo que eso era una tontería, ni le llamó agorero, ni se le ocurrió decir que inflación y desempleo no podían aumentar a la vez. Sonrió y se limitó a responder, con elegancia: “Mis teorías eran importantes en los años treinta, cuando el problema era la deflación, no la inflación. Créame, si la inflación alguna vez se convierte en un problema, seré el primero en denunciarlo y darle la vuelta a la opinión pública”.

¿Se extralimita el Banco Central Europeo?

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA[1]) ha sido muy polémica[2] porque, aunque se refiere sólo al “Public Sector Purchase Program” (PSPP[3]), lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, ha supuesto un desafío legal de primera magnitud y puede afectar a la ejecución de programas monetarios posteriores del BCE. Resumiendo, la sentencia dice que, en principio, considerando el volumen y la duración del programa, éste puede ser desproporcionado, interfiriendo con las medidas de política económica que son una competencia exclusiva de los Estados Miembros (EEMM). Por tanto, el TCFA concluye que todo hace indicar que el BCE ha excedido los límites establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) a la cesión de soberanía acordada por los EEMM.

Economía del cambio climático (II): los costes de emitir CO2

En una entrada anterior (previa al estallido de la COVID-19) veíamos el problema a resolver que plantea el cambio climático, que continúa siendo un reto central para la economía global y puede ser ahora también el eje sobre el que dar respuesta a la crisis del coronavirus, impulsando una transición de nuestras estructuras económicas hacia una economía verde. Como veíamos, el objetivo científico es contener el aumento de la temperatura a 2oC por encima de los niveles preindustriales y preferiblemente a 1,5oC, lo que exige reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono, CO2 (y también de otros gases de efecto invernadero, GEI), en las próximas cinco décadas (tres, si el objetivo es 1,5 oC). Desde un enfoque económico, el siguiente paso analizar los costes que generan las emisiones de GEI y los costes en los que se incurre en su reducción para tratar de determinar las alternativas más eficientes y/o eficaces para reducirlas. La estimación de estos costes está sujeta a una incertidumbre muy elevada porque deben estimar impactos de muy largo plazo y los distintos modelos presentan estimaciones muy dispares. En esta entrada nos centramos en los costes de las emisiones de CO2.

El constitucional alemán y las costuras de la UE

Por si no teníamos suficientes problemas en Europa, el pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal constitucional alemán decidió jubilarse con una andanada de fuegos artificiales: una sentencia que establece que el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) supone una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo (BCE). Que diga eso es grave, pero lo es aún más teniendo en cuenta que hace catorce meses el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), máximo intérprete de la legislación comunitaria, dijo justo lo contrario.

El juego político del constitucional alemán

En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.

España después de la COVID-19

Parece claro que el principal problema que ha habido en España (y en otros países), además de la elevada tasa de contagio del virus, es la concentración en el tiempo de los contagiados, especialmente de aquéllos que han necesitado un tratamiento hospitalario y, sobre todo, en UCI. El temor a un colapso sanitario (que durante varias semanas se ha dado, lo que ha incrementado sustancialmente la letalidad de la pandemia) ha movido a casi todos los gobiernos a exigir un confinamiento obligatorio durante varias semanas. Las consecuencias del parón de la economía mundial van a ser devastadoras para muchos millones de personas.

Estos días ha comenzado el proceso de desconfinamiento en España, así como en la mayoría de países europeos. Este proceso llevará semanas hasta concluirse. En este artículo vamos a intentar mirar más allá, cuando se haya superado la crisis sanitaria y suponiendo que dicho proceso no va a encontrar obstáculos significativos (por ejemplo, brotes recurrentes agudos en los próximos meses).  ¿Qué podemos esperar a medio y largo plazo? ¿Volveremos sin más a la normalidad anterior?

¿Hacia una Economía del Desarrollo sin sesgo moral?

Una de las obsesiones más marcadas de expertos e investigadores en el campo de la economía del desarrollo ha sido la necesidad de evidenciar por todos los medios a su alcance la posible correlación entre factores éticos y crecimiento del bienestar (en este caso la falta del mismo) en los países en vías de desarrollo. Entre estos sesgos morales, tal vez ninguno más tentador que el que atribuye al colonialismo europeo en África el origen fundamental de la falta de desarrollo actual en este continente.