¿Qué hacemos con la deuda de los países de renta baja?

Los necesarios gastos para hacer frente a la crisis generada por la COVID han elevado significativamente los niveles de deuda pública a escala global. Desde los organismos internacionales, la consigna continúa siendo mantener el impulso fiscal hasta que se despeje la incertidumbre asociada a la pandemia y se asiente la recuperación. En paralelo, se han impulsado los debates sobre el marco fiscal post pandemia que pasa por elementos, tanto nacionales (como la calibración y eficiencia del gasto, o la imposición verde y digital), como internacionales (por ejemplo, la imposición mínima global o la lucha contra los paraísos fiscales). La semana pasada abordábamos el debate sobre las nuevas reglas fiscales en la UE, aquí nos centramos en el Marco Común (MC) para el tratamiento de la deuda impulsado por el G20 y el Club de París para los Países de Renta Baja (PRB).

Los niveles de deuda pública se han elevado a escala global en más de 14 puntos porcentuales respecto a los niveles pre-pandemia, con ratios de deuda pública/PIB estimadas en un 83,6% en 2019 y un 97,8% en 2021. Este aumento entre 2019 y 2021 es mayor en las economías avanzadas, de casi 18 puntos (del 103,8 al 121,6), frente a los 10 puntos en las economías emergentes (del 54,7 al 64,3) y los 6 puntos en países de renta baja (del 44,2 al 50,2). Los niveles de deuda de 2019 ya eran mayores a los registrados en 2007, antes de la Crisis Financiera Global, si bien en un entorno de tipos de interés más bajo. El reto en los próximos años pasa por afrontar la sostenibilidad de la deuda en un entorno de mayores tipos interés a medida que se normaliza la política monetaria en las principales economías avanzadas. El FMI estima que el 60% de los países de renta baja se enfrentan a un riesgo de crisis de deuda (el doble que en 2015), lo que exigirá apoyo internacional. Por ejemplo, la vuelta a los niveles de deuda de 2019 exigiría registrar durante una década unos niveles de superávit primarios por encima de los alcanzados antes de la pandemia, en un contexto de crecientes necesidades de desarrollo agravadas por la pandemia y la crisis climática.

En los dos últimos años, la comunidad internacional ha impulsado distintas iniciativas para dar más margen fiscal a los países de renta baja, incluyendo: (i) la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés), concluida en diciembre de 2021 y que ha proporcionado un alivio de deuda oficial bilateral en el  entorno de los 10.300 millones de dólares para 47 países (de un total de 73 países elegibles); (ii) un aumento de los recursos inyectados por las IFIs (alrededor de 19.000 millones de dólares desde el FMI y 36.000 millones de dólares desde el Banco Mundial); (iii) una nueva emisión de derechos especiales de giro que supone una inyección directa a los países de renta baja de 20.000 millones de dólares. El Fondo trabaja además en reciclar los DEG recibidos por las economías avanzadas hacia los países de renta media y baja a través de un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad.

A partir de 2022, el nuevo esquema pasa por el impulso del Marco Común para el tratamiento de la deuda. A diferencia del esquema homogéneo que establecía la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, el Marco Común establece un marco específico, en función de las circunstancias de cada país, que podrá resultar en tratamientos de deuda que vayan desde el diferimiento de pagos hasta la reestructuración. El marco contempla que el país establezca un programa con el FMI donde se establece la senda de políticas económicas que aseguren la sostenibilidad futura de la deuda. Además, establece una participación amplia y la comparabilidad de trato entre acreedores públicos y privados, facilitando así un reparto más equitativo de la carga del alivio de deuda y salvando una de las principales deficiencias de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, en la que no ha participado el sector privado.

Es importante que el Marco Común haya sido aprobado por el G20, lo que supone añadir a acreedores públicos no miembros del Club de Paris (fundamentalmente a China, que debe conceder un alivio de deuda comparable). En la última década, China se ha convertido en el primer acreedor de los países de renta baja, con niveles que superan al conjunto de los países del Club de París –la deuda pública y con garantía pública de los 73 países elegibles para el Marco Común con los países miembros del Club de Paris supera los 60.000 millones de dólares y los 100.000 millones de dólares, en el caso de China. El alto endeudamiento con China se ha impulsado en gran medida por el proyecto estratégico chino de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de financiación internacional de infraestructuras, con proyectos financiados sobre todo a través de bancos controlados por el Estado, como el China Exim Bank o el Banco de Desarrollo de China (BDC, lo que es una fuente importante de disputa en el tratamiento de la deuda, ya que China argumenta que el BDC es un banco comercial).

El Marco Común constituye el eje central sobre el que debe construirse la sostenibilidad fiscal de los países de renta baja y uno de los principales retos del orden económico internacional en los próximos años. Hasta el momento, sólo tres países han solicitado el Marco Común (Chad, Etiopía y Zambia). La experiencia de desarrollo del Marco Común está revelando una serie de problemas como las dificultades de coordinación entre acreedores públicos y privados, la aplicación práctica de la comparabilidad de trato en el alivio de deuda o el riesgo de estigma que supone que el país participe en el Marco. Se trata de dificultades que habrá que ir resolviendo en un proceso de aprendizaje para poder dar un impulso definitivo al Marco Común, incluso más allá de los países de renta baja y que, entre otras cosas, exigirán fortalecer la transparencia de los datos de deuda para facilitar un reparto más equitativo de la deuda, impulsar la capacitación de los países deudores en procesos de negociación de deuda, o mejorar la labor de comunicación con mercados y agencias de rating para que no penalicen a los países que participen en el marco. Se hace camino al andar.