Lo que sabemos, y lo que no, del Plan de Recuperación

Los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea disponen de apenas tres meses más para presentar a la Comisión Europea su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, condición necesaria para poder tener acceso a los fondos europeos. Aparentemente, el borrador del Plan de España está muy avanzado, y desde nuestro anterior artículo, en el que planteábamos diversas cuestiones sobre su diseño y gobernanza, muchas cosas se han aclarado. Otras, por el contrario, siguen siendo una incógnita.

La mayor parte de la información disponible hasta el momento se deriva del Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, que establece la gobernanza básica del Plan y simplifica numerosos procedimientos administrativos para facilitar la gestión de los fondos europeos. La norma, sin embargo, no hace honor a su título: el decreto se llama “de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, pero no se puede decir que modernice realmente la Administración. Todo lo más, aligera burocracia para que la disposición de los fondos no se demore más de lo necesario. De hecho, la mayoría de las simplificaciones o atajos jurídicos se establecen sólo con carácter temporal, durante la gestión de los proyectos del Next Generation EU. Se ve que la verdadera reforma a fondo de la Administración –tan necesaria– tendrá que esperar. En cuanto a la ejecución del Plan de Recuperación, pronto sabremos si el marco de gobernanza establecido en el Real Decreto Ley es o no suficiente.

Las líneas maestras del Plan, que ya han sido anunciadas y explicadas, suenan muy bien, y aparentemente el borrador ha causado muy buena impresión en Bruselas. Podemos decir, pues, que el Plan de Recuperación español está bien orientado respecto a lo que hay que hacer. El problema es que, cuando se trata de gastar varias decenas de miles de millones de euros en pocos años, el cómo es tan importante como el qué. Y aún hay muchas dudas sobre el funcionamiento práctico del Plan.

Algunos dirán que ya se sabrá en su momento. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo el coste de la incertidumbre para las empresas es cada vez mayor, ya que éstas necesitan un margen para prepararse, buscar socios tecnológicos y financieros y diseñar proyectos.

¿Qué nos falta por saber del Fondo de Recuperación español?

En primer lugar, falta información sobre el plan de disposición del dinero. Aún no se sabe muy bien qué parte de los fondos estará sujeta a licitación pública, cuánto se ofrecerá como cofinanciación parcial de proyectos público-privados financieramente estructurados, o en concesiones, y cuánto se otorgará como subvenciones directas. La respuesta, por supuesto, no es fácil, aunque ya hay algunos indicios y algunas limitaciones. Como indicios, la mención en el Plan “España Puede” de un apalancamiento público-privado de 1 a 4, que hace que las licitaciones no puedan predominar (ya que éstas, por definición, no darían suficiente entrada al capital privado). Como limitaciones, el hecho de que la política de competencia y el régimen europeo de ayudas de Estado siguen plenamente vigentes. Cuidado, pues, con el procedimiento de urgencia generalizado en el Real Decreto-ley.

Por ahora, infraestructuras de transporte ferroviario y eficiencia energética de edificios públicos parecen las mejores candidatas a licitación pública. En el caso de financiación parcial para proyectos ya definidos, el sector privado deberá hacerse cargo del diseño, la ingeniería básica y la estructuración financiera de los proyectos, para presentarlos de forma que la entrada de capital público sea sencilla.

Pero para estructurar proyectos hace falta tiempo, dinero y socios tecnológicos y financieros, que no se consiguen de la noche a la mañana (por cierto, socios que pueden no ser españoles: la legislación europea de compras públicas no permite discriminación alguna).

Tampoco queda suficientemente claro el concepto de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los famosos PERTE. El nombre, desde luego, no creo que entusiasme a los francófonos de la Comisión, ya que “perte” en francés quiere decir “pérdida”. La idea es que están relacionados con proyectos tractores, que no tienen que ver con la agricultura, sino con la tracción o capacidad de arrastre sobre la economía. Sabemos que serán propuestos por los distintos departamentos ministeriales (Economía, Industria, Transición Ecológica, etc.) y aprobados por Consejo de Ministros. Una vez acreditado un proyecto como PERTE e inscrito en el registro del Ministerio de Hacienda, se permitirá que las “empresas interesadas” –sujetas al cumplimiento de unos determinados requisitos– se inscriban como potenciales beneficiarias. Pero quién y cómo presenta los proyectos sigue siendo un asunto bastante difuso.

El papel de las Comunidades Autónomas, tras su colaboración inicial en la elaboración de propuestas, tampoco está muy claro por el momento. Se sabe que manejarán bastantes fondos, pero no cuál será su papel exacto, ni hasta qué punto llevarán la iniciativa de los proyectos o ejecutarán proyectos nacionales. La constitución de su organismo de gobernanza, la Conferencia Sectorial, se ha saldado con una agria discusión sobre el “qué hay de lo mío” que da una mala imagen de país en plena transformación estructural.

Por otro lado, el Plan Nacional de Resiliencia deberá acompañarse de un Programa Nacional de Reformas, que será evaluado de forma continuada y que constituirá requisito imprescindible para el desembolso de los fondos. Aunque se comprende que el anuncio de la reforma de las pensiones o del mercado de trabajo conlleva un coste político, resulta urgente hablar claro cuanto antes a los ciudadanos y explicarles que los fondos europeos no pueden apuntalar una economía maltrecha, sino que sirven precisamente para que estas reformas, que son en todo caso imprescindibles, se lleven a cabo en un contexto de apoyo financiero.

El Real-Decreto ley de diciembre ha creado asimismo varios organismos cuya gobernanza no está del todo clara. La Comisión presidida por el jefe de Gobierno demuestra voluntad de liderazgo político, pero no se entiende bien su funcionamiento operativo ni rendición de cuentas. Tampoco está claro quiénes serán los expertos del Comité Técnico que asesora a esta Comisión, más allá de que no superará las veinte personas y que todas ellas serán empleados públicos. Quizás habría sido recomendable contar también con otros especialistas. En todo caso, ya se vislumbra que los recursos humanos pueden ser el auténtico cuello de botella de la gestión de este plan.

La elección de como Autoridad Responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia de un departamento de Hacienda (la recientemente creada Secretaría General de Fondos Europeos) ha generado algunas dudas. Hacienda es, desde luego, uno de los ministerios donde mejores funcionarios hay, pero la función esencial de Hacienda nunca ha estado ligado al gasto, sino a su control y verificación. Como señalaba recientemente Manuel Hidalgo en estas páginas, es imprescindible ver los fondos europeos no como meras dotaciones presupuestarias, sino como herramientas de transformación. No entender esto puede desviarnos del objetivo principal de política económica.

Finalmente, la labor de información pública es imprescindible. Les Luthiers decían que en la vida lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Por el momento, el que quiera saber algo sobre el Plan no puede llamar a nadie, sino que está a la espera de que salga una página web que aparentemente será muy completa. Ojalá, pero creo que el desafío es lo suficientemente importante como para que ya tuviéramos una oficina de información al ciudadano, aunque no pudiera responder a todas las preguntas.

Pronto se presentará formalmente el plan y no hay que descartar un cierto lío político. La Comisión evaluará cada plan nacional basándose en once criterios, para cada uno de los cuales asignará una nota A, B o C. Para aprobar el plan, no se podrá recibir ninguna C, y no se podrá tener más Bs que As. Si España saca buena nota y resulta convincente con sus reformas, pronto comenzaremos a hablar de plazos y de proyectos. No sé si habrá muchos tractores, pero con los bueyes con los que nos dotemos en estos meses será con los que tengamos que arar en los próximos años. Más nos vale acertar.

 


Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)

 

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