Las cumbres europeas que fracasan rara vez lo hacen después de varios días de negociaciones. Suelen hacerlo al principio, cuando parece evidente que no hay margen para el acuerdo, porque las divergencias de fondo son excesivas.
En este caso, no era así. Nadie negaba la importancia de un impulso fiscal conjunto europeo, con un componente importante de transferencias para evitar un endeudamiento excesivo de los Estados miembros, con fondos condicionados a la realización de inversiones en los sectores digital y medioambiental y a la realización de reformas estructurales para fortalecer la economía y un compromiso de sostenibilidad de finanzas a medio plazo (a corto habría sido un suicidio económico). Y, lo que es más importante, nadie discutía que este impulso conjunto se financiaría con una emisión de deuda europea, algo realmente novedoso y que supone un salto considerable en el proceso de integración. Las grandes divergencias con los países mal llamados frugales se derivaban, fundamentalmente, del importe total del esfuerzo y su relación con la negociación del resto del presupuesto comunitario para el período 2021-2027, la proporción entre subvenciones y préstamos y la forma de controlar el uso de los fondos.
Al final, tras largas y tensas negociaciones, los Estados miembros han acordado que el Plan de Recuperación para Europa, conocido como UE de Nueva Generación (Next Generation EU), mantendrá su importe previsto de 750.000 millones de euros, aunque con una composición bastante distinta. Por el lado positivo, se ha incrementado el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinado a financiar la recuperación mediante la inversión en proyectos digitales y medioambientales, con un ligero aumento de las transferencias de 310.000 a 312.500 millones y un considerable aumento de los préstamos, que pasan de 250.000 a 360.000 millones.
A cambio, el resto de las transferencias del Plan de Recuperación desaparecen. Los gastos en Mercado Único, Innovación y Digitalización se reducen en casi 60.000 millones, con fuertes recortes en los fondos para investigación del programa Horizon Europe (de 13.500 a 5.000 millones) y en las garantías de InvestEU (de 30.300 a 5.600 millones, en gran parte destinadas a inversiones estratégicas), y con la desaparición del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, que pretendía apoyar inversiones en capital de empresas solventes en sectores estratégicos para compensar las distorsiones que las ayudas de Estado de los países con mayor margen fiscal (en especial, Alemania) están provocando en el mercado único. También se ha producido un fuerte recorte en la parte del Plan destinada a facilitar en términos sociales la transición medioambiental, con fuertes recortes en el segundo pilar de la PAC (desarrollo regional) y un desplome de 30.000 millones a sólo 10.000 del denominado Fondo de Transición Justa para regiones e industrias obligadas a la descarbonización. La apuesta por la autonomía sanitaria también ha sufrido un duro golpe, con la supresión del denominado Programa de Salud (que inicialmente constaba de 7.700 millones), así como el apoyo a países terceros, con la eliminación de los 15.500 millones del Plan destinados a programas de vecindad, desarrollo y ayuda humanitaria, que se cubrirán sólo con el presupuesto ordinario.
En resumen, podemos decir dos cosas. En primer lugar, que la Unión Europea ha decidido garantizar la recuperación económica a través de los programas de inversión en digitalización y medio ambiente y reformas estructurales que refuercen las economías de los Estado miembros y las hagan más resistentes para el futuro (a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), con un control bastante estricto de los fondos pero sin vetos individuales. Y, en segundo lugar, que por el camino ha sacrificado su ambición en el ámbito de la investigación conjunta, la autonomía estratégica y sanitaria europea (cuyos programas han sido fuertemente recortados o suprimidos), los mecanismos compensatorios de las distorsiones de las ayudas de Estado (con la supresión del Instrumento de Apoyo a la Solvencia) y los mecanismos de compensación social de la transición ecológica (con el recorte del Fondo de Transición Justa). Es decir, ha apostado por la recuperación a corto plazo a costa de sacrificar parte de su potencial a medio y largo plazo.
Dicho esto, podemos estar contentos. Los recortes en investigación del programa Horizon o en el Fondo de Transición Justa (o incluso en cooperación al desarrollo) son seguramente un error, pero, por lo que respecta a otros fondos, puestos a hacer recortes a corto plazo, tiene sentido apostar por fortalecer las economías nacionales antes que por la autonomía estratégica industrial o sanitaria europea. No porque no sea necesaria (de hecho es imprescindible), sino porque el uso de los fondos destinados a salvar empresas o a promover cadenas de valor en sectores estratégicos tenían ventajas e inconvenientes, y su uso podía haber sido un éxito o un fracaso. Lo que habría sido un fracaso garantizado es recortar de forma drástica las transferencias a los países más perjudicados por la crisis: las consecuencias económicas, financieras y políticas de esa decisión habrían sido aún más peligrosas para el futuro de la Unión Europea. Además, gracias a eso, el presupuesto general europeo para el período 2021-2027 (en el Marco Financiero Plurianual) ha podido mantenerse cerca de los 1,1 billones de euros.
Existen aún muchos riesgos e incertidumbres para el futuro, pero al menos hoy podemos celebrar que tenemos un acuerdo presupuestario y, además, fondos para impulsar la recuperación (no tan elevados como querríamos, pero importantes al fin y al cabo) financiados con deuda común y que ahora debemos aprovechar. Y, sobre todo, podemos constatar que la Unión Europea, más allá de las diferentes visiones de sus Estados miembros o de su mayor o menor generosidad individual, en un mundo cada vez más nacionalista y polarizado aún es capaz de encontrar soluciones conjuntas para problemas conjuntos. No es poca cosa.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
