España tiene oxígeno, pero debe evitar la UCI

El Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio ha sido una excelente noticia, pero ha generado un optimismo que resulta poco prudente. De cara a afrontar la crisis de la COVID, si el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del Banco Central Europeo ya nos insuflaba oxígeno, el Programa de Recuperación europeo nos proporciona anticoagulantes, que permiten que la sangre fluya por la economía y evite peligrosos bloqueos. Si la crisis se complica, el MEDE siempre estaría ahí para ofrecer respiración asistida, pero hemos de evitarlo a toda costa. La economía española tiene que luchar mucho por recuperarse porque, si llega a entrar en la UCI y termina requiriendo respirador, las probabilidades de salir adelante sin graves secuelas se reducen considerablemente. En Economía, como en Medicina, un diagnóstico rápido y una actuación decidida evitan muchas complicaciones posteriores.

La UE acierta a corto plazo y arriesga a largo plazo

Las cumbres europeas que fracasan rara vez lo hacen después de varios días de negociaciones. Suelen hacerlo al principio, cuando parece evidente que no hay margen para el acuerdo, porque las divergencias de fondo son excesivas.

En este caso, no era así. Nadie negaba la importancia de un impulso fiscal conjunto europeo, con un componente importante de transferencias para evitar un endeudamiento excesivo de los Estados miembros, con fondos condicionados a la realización de inversiones en los sectores digital y medioambiental y a la realización de reformas estructurales para fortalecer la economía y un compromiso de sostenibilidad de finanzas a medio plazo (a corto habría sido un suicidio económico). Y, lo que es más importante, nadie discutía que este impulso conjunto se financiaría con una emisión de deuda europea, algo realmente novedoso y que supone un salto considerable en el proceso de integración. Las grandes divergencias con los países mal llamados frugales se derivaban, fundamentalmente, del importe total del esfuerzo y su relación con la negociación del resto del presupuesto comunitario para el período 2021-2027, la proporción entre subvenciones y préstamos y la forma de controlar el uso de los fondos.

Batallas justas en terrenos pantanosos

El Tribunal General de la Unión Europea acaba de anular la decisión de la Comisión que obligaba a Irlanda a reclamar a la empresa Apple 13.000 millones de euros en beneficios fiscales que se consideraban contrarios a la legislación comunitaria por constituir una ayuda de Estado distorsionadora de la competencia. Aunque la sentencia es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el Tribunal General actúa aquí como tribunal de primera instancia), esta resolución pone una vez más de manifiesto la dificultad que supone para el proyecto europeo intentar suplir la falta de ambición política con imaginación jurídica.

Economía del cambio climático (III): los costes de reducir CO2

En la entrada anterior se abordaban los costes que generan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este tipo de análisis es habitual recurrir a los modelos IAM simples (Integrated Assessment Models), que estiman el coste neto actual de las emisiones de GEI, sintetizando en un precio, como, por ejemplo, el coste social del carbono (CSC), el valor neto de todos los costes y beneficios que se generan al emitir una tonelada adicional de CO2, es decir, una aproximación del coste marginal de las emisiones. El siguiente paso del problema económico que plantea el cambio climático sería comparar este coste con los costes en los que se incurre en las distintas alternativas tecnológicas de reducción de emisiones, para tratar de determinar las estrategias más eficientes. Ahora bien, de la misma manera que el CSC, estos costes también están sujetos a mucha incertidumbre por su componente dinámico.

¿Hay que crear un banco malo europeo?

Tras el estallido de la pandemia y su impacto sobre la economía real, se prevé un crecimiento significativo de la morosidad en los próximos meses. En este contexto, algunas autoridades y banqueros han valorado positivamente la creación de un banco malo europeo que adquiera y gestione dichos activos. ¿Es esto legalmente posible y económicamente recomendable?

La condicionalidad ya no es lo que era

Decía José Manuel Blecua, uno de los grandes filólogos españoles, que las palabras tienen no sólo un significado, sino también una dimensión emotiva. Es decir, las palabras son también lo que evocan.

En el ámbito económico, y por motivos históricos, el término “condicionalidad” es evocador de muchas cosas, generalmente negativas. Cuando pensamos en condicionalidad, inmediatamente nos vienen a la memoria conceptos como los de la crisis de la deuda, Grecia, troika, Fondo Monetario Internacional o ayuda ligada. Es decir, reflejos de un pasado económico en el que se cometieron algunos errores y del que, por suerte, hemos aprendido.

Recordando a Williamson

A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, en la universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh trabajaba un grupo de economistas cuyas trayectorias iban a condicionar la historia de la economía de la última parte del siglo. En el programa conjunto de economía y teoría de la organización de la Escuela de Organización Industrial, caracterizado por el enfoque interdisciplinar, daba clase Herbert Simon, el padre de la racionalidad limitada, un enfoque que pretendía integrar en la economía la toma de decisiones tal y como se produce en la realidad. En reacción a esa visión escéptica, John Muth desarrolló la hipótesis de expectativas racionales, que formalizaba la racionalidad y la adaptaba al entorno de modelos dinámicos y estocásticos. Las dos concepciones de la racionalidad dieron lugar a una gran bifurcación. Oliver Williamson, un alumno de Simon que se convirtió en el padre de la Nueva Economía Institucional, nos dejó el 21 de mayo a los 87 años.