Hay un amplio consenso en Economía en que las consideraciones de eficiencia no son suficientes para diseñar y evaluar las políticas económicas, sino que estas deben analizarse a partir de un marco más amplio que tenga en cuenta su impacto sobre la equidad, la inclusión o el bienestar de los ciudadanos. Los principales organismos internacionales que vigilan las políticas económicas de los países llevan ya años impulsando este enfoque, en especial la OCDE, que lanzó su Iniciativa para una Vida Mejor en 2011, y, en los últimos años, también el FMI. Este año, el gobierno de Nueva Zelanda ha logrado aprobar el primer presupuesto del bienestar, que la comunidad internacional está observando con interés, al ser el primer intento de plasmar el objetivo del bienestar en la política presupuestaria.
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Política presupuestaria y género
En el último año la OCDE y el FMI han incorporado el presupuesto con perspectiva de género a su instrumental de vigilancia y recomendaciones de política económica, aplicándolo además tanto a economías avanzadas como en desarrollo. Si bien es un instrumento cuyo origen se traza a los años 80 en Australia, cabe esperar que, una vez se ha incorporado a la corriente principal de análisis económico de la que forman parte estas dos instituciones, la política presupuestaria con enfoque de género (es decir, que promueven la igualdad de género) empiece a ser un tema recurrente, como en su momento ocurriera con la política fiscal medioambiental. La instrumentación de la política fiscal de género tiene varios componentes principales: su desarrollo a través del ciclo presupuestario, su gobernanza y las políticas específicas de género. Por cierto, España está entre los países avanzados que destacan por tener más desarrollada esta política.