Uno de los principales efectos de la crisis ha sido el aumento de la desigualdad y del riesgo de exclusión social, a lo que también han contribuido cambios estructurales como la globalización y la revolución tecnológica. A partir del objetivo central de determinar la “senda binaria” de crecimiento-distribución, la política económica debe insertarse en este nuevo contexto coyuntural y estructural, lo que en muchos casos exige revisar antiguos esquemas de las políticas regulatorias y redistributivas para adaptarlas a la nueva realidad.
Una parte importante de este reto es reevaluar las fuentes y la naturaleza de la creciente desigualdad y actuar en consecuencia. En este sentido, cada vez se presta más atención al carácter no homogéneo de la desigualdad, de manera que afecta con desigual intensidad a los individuos, en función de dimensiones como el nivel de educación, las condiciones sociofamiliares, el lugar de residencia, el género o la generación. La política económica debe calibrarse para tener en cuenta todos estos elementos. En relación a la desigualdad intergeneracional, el FMI acaba de sacar un informe con una serie de tendencias que no sorprenden, pero que son generalizadas en la mayoría de países de la UE y se han intensificado con la última crisis; sintetizando:
- Ha crecido la desigualdad de la renta entre generaciones en beneficio de la población de mayor edad. Medida por el índice de Gini de la renta disponible, la desigualdad se ha mantenido relativamente estable para el conjunto de la población en Europa desde 2007 (como veíamos, España ha destacado por un aumento sostenido de la desigualdad durante estos años). Sin embargo, la desigualdad entre generaciones ha aumentado sustantivamente, de manera que la renta disponible de la población mayor de 65 años ha aumentado un 10% y se ha estancado en el resto de la población trabajadora (18 a 65 años). La población mayor de 65 años, también destaca por tener un nivel de desigualdad entre su propia generación mucho menor que la desigualdad entre el resto de la población trabajadora. Entre la población trabajadora, los jóvenes de 18 a 24 años es el tramo de población en el que más ha crecido el riesgo de pobreza (renta disponible menor al 60% de la renta media nacional) y con un mayor porcentaje en situación de carencia material.
- Las reformas de las políticas redistributivas han estado sesgadas en favor de los mayores … En la mayoría de los países europeos, la principal partida de redistribución son las pensiones a la vejez, explicando más del 50 por ciento del impacto redistributivo de las distintas partidas fiscales (destaca la excepción de Irlanda, Reino Unido y Países Bajos). Durante la crisis, las pensiones han crecido por encima del resto de partidas sociales y han explicado más del 60 por ciento del aumento del gasto social. Este aumento no se explica por envejecimiento de la población y el aumento de los beneficiarios, sino que se ha dado en un contexto en el que las distintas reformas presupuestarias han tendido a proteger las pensiones por encima del resto de prestaciones (como veíamos, en España, nuestra política de gasto en transferencias sociales tiene un impacto redistributivo menor que la media de nuestros socios europeos, especialmente en el caso de la transferencias distintas de las pensiones).
- … y los jóvenes se han visto especialmente afectados, tanto por el diseño de las prestaciones, –por ejemplo, la prestación por desempleo está diseñada como un seguro en función del tiempo trabajado que no llegan a acumular por un mercado de trabajo que también les penaliza–; como por la menor potencia de las partidas que más les benefician. En particular, los impuestos sobre la renta y la riqueza, que son los que benefician más a los jóvenes al recaer relativamente más sobre la población de mayor edad, tienen un papel marginal en la distribución por ser reducidos o escasamente progresivos.
- El mercado de trabajo es especialmente débil para los trabajadores jóvenes. Entre la población trabajadora, los jóvenes de 18 a 24 años tienen menores niveles de renta media, mayores tasas de desempleo, mayor riesgo de pobreza en situación de empleo, mayor inseguridad laboral y mayores tasas de empleo a tiempo parcial no deseado –España puntúa mal en varias de estas variables, tenemos, por ejemplo, un desempleo de población joven en el entorno del 40%, más del doble que la zona euro (sólo nos supera Grecia)–
De nuevo, estos datos no sorprenden, son consistentes con el diseño tradicional de la política del bienestar y con una tradicional menor preocupación social por las condiciones de los jóvenes (“tienen toda la vida por delante, todos hemos empezado de manera precaria”). El grueso de las transferencias se asienta en un esquema de seguro con pensiones contributivas, de forma que el individuo contribuye para cubrirse de riesgos sociales como el desempleo o la jubilación. En los esquemas de reparto (las pensiones se van pagando con las contribuciones del momento), el contrato social se basa en que el trabajador paga a los pensionistas y parados de hoy y recibirá su propia pensión de los trabajadores de mañana.
En otras palabras, “hoy por ti, mañana por mí”, en el desempleo; “hoy por los mayores, mañana los jóvenes por mí”, en la jubilación. El pacto incluye que los jóvenes reciban educación y expectativas de buenas condiciones laborales para sostener y reiniciar el ciclo intergeneracional. Pero el esquema se está rompiendo precisamente en este último eslabón, lo que cuestiona el crecimiento a largo plazo y la viabilidad del sistema (en España, el problema de la educación es especialmente grave). Los jóvenes se enfrentan una situación en la que podrían no recibir su parte ni hoy, ni mañana, más aun en un contexto de envejecimiento de la población y de debilitamiento de la igualdad de oportunidades. Naturalmente, esto cuestiona el mantenimiento del actual consenso social, con el riesgo de deriva en un conflicto generacional y en polarización política.
El debate está en si la recuperación económica nos llevará a restablecer el equilibrio, incluyendo una mejora de las condiciones laborales y salariales entre los jóvenes, como ya ocurriera en crisis anteriores. Sin embargo, hay varios elementos que no invitan al optimismo. Por un lado, la especial intensidad y larga duración de la crisis, que está dejando ya excluidos a muchos jóvenes, por otro, el profundo cambio estructural de una economía globalizada y bajo una revolución tecnológica que están redefiniendo el mercado laboral e incidiendo también en el aumento de la desigualdad y la mayor indiscriminación del riesgo de pobreza (cualquiera puede caer).
Por muy optimista que se sea, como mínimo hay que readaptar la política económica a esta nueva realidad, aprovechando además los instrumentos que las nuevas tecnologías proporcionan, especialmente, la posibilidad de mejorar la información sobre los individuos y de adaptar las políticas a las características individuales. En la regulación se plantea un reto de cambio de perspectiva, desde la tradicional basada en la corrección de fallos de mercado, hacia un objetivo de orientación del mercado, incluyendo el papel pre-distributivo que puede jugar.
En el caso de la política redistributiva, no se debe analizar cada figura impositiva o cada política de gasto social de manera aislada, lo relevante es la suficiencia, eficiencia y progresividad del conjunto del sistema redistributivo (en blognewdeal hemos abordado diversas propuestas). En España, el primer paso es aumentar nuestros reducidos ingresos públicos en comparación con nuestros socios europeos. A modo de ejemplo, y sin perjuicio del aumento y la mejora de la imposición efectiva sobre la renta y la riqueza, empieza a ser ya un clásico el rechazo sin más a la imposición indirecta por regresiva. Hace tiempo que en países nórdicos, paradigma de la sociedad del bienestar, han entendido su importancia en una economía globalizada para recaudar y redistribuir, más aun, las nuevas tecnologías permitirían que su diseño fuera progresivo.
Como principio rector, el objetivo es reducir la desigualdad y proteger a los excluidos, quienesquiera que sean. En este sentido, recobra mucha actualidad el aforismo marxista: “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. En el contexto económico actual todos podemos caer de un lado (capacidad) o de otro (necesidad), de manera que podría redefinirse como hace Obama (minuto 1:30) en términos de “justicia para todos y responsabilidad de todos” o, modificando al refranero español, “hoy por todos, mañana por todos”.
Estamos en la de siempre del FMI y de las portavocías de las bondades del sistema capitalista y la capacidad de la política para «embridarlo».
No es que los mayores tengan mayores ingresos que los que aún están en «activo», si no que se está priduciendo una transferencia de rentas desde los asalariados hacia las rentas del capital, lo que origina bajos salarios frente a bajas pensiones.
La solución pasa por desmontar el sistema capitalista y no por seguir apuntalándolo, No vaya a ser que perdamos de vista las causas de las desigualdades y los benficiarios de las mismas.