La rebelión de un pequeño grupo de diputados Tories ha obligado al gobierno de Theresa May a apoyar una enmienda legislativa que pretende meter en vereda a los paraísos fiscales que son territorios de ultramar de la Corona. Les conmina a crear un registro público de titulares beneficiarios de las sociedades y otras entidades constituidas en dichos territorios; si no lo hacen antes del 1 de enero de 2020, el Reino Unido adoptará una medida coercitiva para forzarles a crearlo. Entre los afectados estarían las Islas Caimán, uno de los mayores centros financieros off-shore del mundo (especializados en prestar servicios a no residentes).