El flamante nuevo primer ministro se sentó en su mesa, ordenó mecánicamente los bolígrafos y varios papeles y se quedó un momento pensativo. Luego hizo venir al asesor para asuntos europeos.
–Buenos días, señor Primer Ministro. ¡Enhorabuena! Para mí es un honor…
–Gracias, gracias –le interrumpió, displicente–. Vamos directamente al grano. Siéntate aquí y cuéntame, ¿cómo va eso del brexit?
Los documentos acordados en el Eurogrupo y refrendados por el Consejo Europeo en su reunión del 21 de junio sobre la reforma del euro han sido saludados por un coro de lamentos. Aunque ha habido ministros que han hablado de una mini-revolución, la mayoría de economistas que siguen el tema se han lamentado del corto alcance de las medidas acordadas. No hay grandes novedades ni en las líneas básicas del Instrumento Presupuestario para la Convergencia y la Competitividad (BICC) ni en el borrador de acuerdo modificado para el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Algunos han llegado a concluir que, para este resultado, mejor no haberse molestado, sobre todo cuando los últimos acontecimientos confirman que la necesidad de una política fiscal del euro es acuciante. No es que disienta de esta interpretación, pero ofrecería otra: a corto plazo, la zona euro se la juega en Italia, no en el presupuesto.
Durante el debate de los cabezas de lista candidatos a la presidencia de la Comisión Europea, los moderadores les plantearon una pregunta interesante: “¿Qué países de la Unión Europea son paraísos fiscales y cómo se cambia su comportamiento para asegurar que Amazon pague los mismos impuestos que el librero de al lado?” Los candidatos no evadieron –nunca mejor dicho– la pregunta, pero no entraron en detalles, más allá de un brindis al sol (“Un paraíso fiscal es para mí donde se pagan los impuestos que corresponden”, dijo Vestager) y una propuesta de establecer un impuesto de sociedades mínimo del 18% (Timmermans). La respuesta, sin embargo, era clara: hay paraísos fiscales europeos (y no lo son necesariamente por su bajo tipo de gravamen); y no solo se puede conseguir que las empresas paguen lo que deben, sino que en ese empeño se juega la UE bastante de su credibilidad frente a los ciudadanos.
Uno de los temas que más hemos abordado en el Blog NewDeal han sido las políticas y los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea (UE). Entre otros, me interesa resaltar sinópticamente cuatro grandes retos de política económica que nos jugamos en el próximo ciclo político europeo (2019-2024), que se inicia tras las elecciones del 23 al 26 de mayo en los distintos Estados miembros: completar la gobernanza económica, la política social europea, impulsar el crecimiento potencial y la lucha contra el cambio climático. Son retos que los países no podemos afrontar por nosotros mismos y que requieren unas instituciones y unos líderes europeos con un fuerte compromiso en favor de una Europa que refuerce las políticas comunes para dar respuesta a unos retos e intereses que también son comunes.
La primera ministra británica, Theresa May, destituyó el 1 de mayo a su ministro de Defensa por filtrar detalles sobre una reunión del Consejo de Seguridad Nacional sobre la participación de la empresa china Huawei en la implantación de la red 5G en Reino Unido. Lo que parece una mera pérdida de confianza tiene un trasfondo mucho más importante, que tiene que ver con el brexit, la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China y el dominio de la economía mundial en el siglo XXI.
El 10 de abril es una fecha clave para el Brexit. Pero no solo porque el Consejo Europeo va a decidir si concede o no otra prórroga a Theresa May –para seguir negociando con Corbyn– y evitar una salida sin acuerdo. También porque, en esta misma fecha, en una fría mañana de Viernes Santo de 1998, se firmó un acuerdo sin el cual no se podría explicar la dificultad que existe hoy para hallar una solución al sainete del Brexit. Tiene que ver con Irlanda y con una escalera.
El sábado 23 de marzo más de un millón de personas se concentraron en Londres para reclamar un segundo referéndum. En paralelo, más de cinco millones de personas han firmado una petición al Parlamento británico para que revoque el artículo 50, cancelando unilateralmente el proceso de salida. ¿Puede haber freno y marcha atrás en el Brexit? Es un buen momento para analizar esta posibilidad, pero más que desde un punto de vista general, desde otras dos perspectivas diferentes: la opinión de los propios británicos –a través de las encuestas– y la de los intereses de la Unión Europea.
El año pasado fue un tiovivo para la economía y los mercados mundiales. Empezó muy bien, con un ritmo alto de crecimiento sincronizado y primas de riesgo muy bajas. Luego se fue torciendo, a medida que la tenue normalización monetaria y el neoproteccionismo en Estados Unidos crearon incertidumbre e hicieron temer por la sostenibilidad del ciclo expansivo. El final de año fue pésimo, con fuertes caídas de las Bolsas y de los precios de la deuda privada, mientras el comercio mundial caía por primera vez en años. Cuando nos acercamos al final del primer trimestre, lo único claro entre la bruma es el daño sufrido por la Zona Euro. Tan fuerte ha sido el impacto sobre el crecimiento europeo, que el BCE ha dado marcha atrás en su reunión del 7 de marzo, anunciando nuevas medidas de expansión monetaria pocas semanas después de poner fin al programa de compras de activos.
Una tarde de septiembre de 1944, el oficial de guardia de la Gestapo en la prisión de Brauweiler recibió a un nuevo detenido, acusado de participar en el atentado contra Hitler. Era un abogado mayor, de casi 70 años, con aspecto cansado. Le despojó de sus tirantes, los cordones de sus zapatos, su corbata y su navaja de pulsera y lo acompañó hasta su celda. Mientras cerraba desde fuera, acercó su cabeza al ventanuco de la puerta y le dijo: “Y ahora, no se le ocurra suicidarse. Me metería en un buen lío. Además, a su edad, su vida está prácticamente terminada”.
Theresa May ha planteado al Parlamento británico un esquema de tres votaciones consecutivas entre el 12 y el 14 de marzo para tratar de desbloquear el proceso del Brexit: voto a favor o en contra del acuerdo con la UE (el 12 de marzo), voto a favor o en contra de la salida de la UE sin acuerdo (el 13) y voto a favor o en contra de negociar una prórroga para el Brexit (el 14). En principio, el objetivo de este esquema es incentivar un voto favorable al Acuerdo con la UE, porque si el Parlamento rechaza el Acuerdo y también la salida sin acuerdo, entonces está destinado a la prórroga, con el riesgo de un segundo referéndum. Ahora bien, como veíamos en otra entrada, el orden de presentación de las votaciones no es irrelevante cuando se plantea una problema de intransitividad de las preferencias.
